Cada cuatro, cinco o seis años volvemos a la misma discusión: el asunto de la seguridad ciudadana. Un tema que cobra relevancia en las agendas de los candidatos presidenciales de América Latina cada vez que necesitan adherir votantes. Votantes que están cada vez más desesperados por la inseguridad que los aqueja, tanto en la ciudad como en el campo, e, incluso, en su propio barrio y en su propio hogar. Votantes, personas del común, de cualquier estrato socioeconómico, que exigen “mano dura” contra la delincuencia y los violentos. Ciudadanos de cualquier país latinoamericano que evidencian cómo la violencia, la inseguridad y el delito no cesan y, por el contrario, crecen cada año, llevando consigo la sensación de angustia, temor, desarraigo, desplazamientos forzosos y llantos por pérdidas de seres queridos.
Pero ¿por qué volvemos a la misma discusión sobre qué hacer para mejorar la situación de seguridad de los ciudadanos cada vez que hay un cambio de gobierno? Por un lado, la ciudadanía exige inmediatez en las soluciones, lo que fomenta el populismo electoral. Los gobernantes de turno intentan saciar el hambre de resultados que tiene la ciudadanía con políticas cortoplacistas y que arrojen números para mostrar.
Las políticas que se intentan generar a largo plazo no prosperan, en parte, porque el gobernante entrante quiere borrar todo lo hecho por su antecesor y empezar desde cero. pero también porque los mismos ciudadanos eligen para ver los resultados ahora y no después.
En junio de 2021, los expertos en seguridad Cafferata y Scartascini publicaron un documento para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Cómo combatir la delincuencia en América Latina. ¿Qué políticas públicas demandan los ciudadanos?, donde recogen las percepciones de miles de latinoamericanos encuestados sobre diversos temas de seguridad. Una de las grandes conclusiones del documento es que la seguridad es uno de los temas más relevantes para los ciudadanos, incluso por encima de la pobreza y el desempleo. Las personas consideran que se debe dar más recursos para combatir la delincuencia que para ayudar a cerrar las brechas de desigualdad.
Aun así, es curioso que cuando se consulta sobre los recursos que se deben destinar a prevención o al fortalecimiento de la policía, principal ente responsable de garantizar la seguridad de una ciudad o un país, las opiniones dejan ver que no hay tanta acogida en las propuestas. Sin embargo, sí hay acogida en la idea de resarcir a las víctimas de la violencia con compensaciones económicas y en imponer altas penas carcelarias a los delincuentes.
Con este estudio, los autores concluyeron que la deficiencia en políticas eficaces de seguridad ciudadana a largo plazo se debe en gran parte a la inmediatez que demandan los ciudadanos, los votantes y a sus elegidos, para remediar el enorme problema cultural y social por el que atravesamos en América Latina.
Pero sería injusto decir que la culpa es del ciudadano. Habrá que revisar qué han hecho los gobiernos para avanzar en la lucha contra el crimen en la región, y cómo se han articulado los diversos actores de la sociedad para lograr la armonía y paz que tanto se anhelan.
Laura Chinchilla y Doreen Vorndran, en el informe publicado también para el BID en noviembre de 2018, hablan del importante avance en materia de política pública de seguridad ciudadana tanto a nivel de investigación como de recursos. Incluso mencionan que el BID ha recibido y aprobado innumerables solicitudes de créditos de los gobiernos de América Latina para combatir el delito y el crimen en la región.
Sin embargo, las autoras expresan sus inquietudes y exponen una serie de recomendaciones a los gobiernos: “Una buena gestión institucional es indispensable para una efectiva política de seguridad ciudadana. Para ello, necesitamos voluntad política, generar procesos con continuidad, definiendo bien objetivos y metas, y, construir una buena gobernanza, que permita la participación ordenada y coordinada de diferentes actores relevantes”.
Chinchilla y Vorndran, en su investigación, documentan el paso de una política del “sálvese quien pueda”, con ausentismo del Estado y ceguera ante los delitos, pasando por una política punitiva de “mano dura”, con prácticas trasgresoras y represivas por parte de algunos gobiernos y sus cuerpos de policía, a una política actual más enfocada en la convivencia y la prevención.
En este sentido, se han organizado en la región diversos cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción a problemas de seguridad. En el caso particular de Colombia, este cuerpo se denomina Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y fue creado en el 2015. Es liderado por el presidente de la República y sus ministros de Gobierno, así como la Dirección Nacional de Policía y la representación de gobernadores y alcaldes. Llama la atención que en este Consejo no existan representantes de los ciudadanos.
Sabemos que los hacedores de política son los gobernantes, civiles elegidos popularmente (en los países democráticos), que muchas veces carecen de formación en temas de seguridad, a tal punto que sus decisiones y órdenes a los cuerpos de policía han llevado a que estos últimos no gocen de muy buena reputación.
Se hace imperativo entonces que tanto gobernantes como ciudadanos se capaciten en conceptos, leyes, teorías, prácticas y mejores formas de implementar planes de seguridad en las ciudades, en los barrios y hasta en los hogares y escuelas.
Esta formación ya sobrepasa los muros de las universidades y nos invita a pensar en un recinto y escenario propio para el abordaje de políticas serias y eficaces para nuestros países. Lugares de investigación, reflexión y acción, donde puedan entrenarse todos los interesados en aportar su granito de arena para que los índices de inseguridad se reduzcan y logremos la tan anhelada convivencia pacífica en la región.
Ya hemos comprobado que la seguridad ciudadana cada vez es más relevante para los ciudadanos y gobernantes, pero debido a la complejidad del tema delincuencial y la necesidad de resultados inmediatos las políticas públicas se diseñan a corto plazo. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos trabajen en desarrollar estrategias y articular esfuerzos en procura de saldar esta deuda histórica con la ciudadanía.
Henry Rodríguez es doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Investigador en la Organización de Estados Iberoramericanos. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.