Resulta paradójico que el régimen venezolano se mantenga en el poder, a pesar de los estragos que el covid-19 ha sumado al cataclismo democrático existente en el país antes del surgimiento de la pandemia. La política corrupta y ortodoxa que presume conducir el destino nacional no ha conseguido ni conseguirá una solución factible o camino alternativo para recuperar la economía, la salud, la productividad y la pobreza en Venezuela.
Estas líneas pretenden alertar sobre el mal uso político que se le está dando a la pandemia, ya que el dominio y control social del pueblo venezolano, lejos de disminuir va en aumento. El impacto letal del virus sobre la población (sin desestimar a las víctimas que ha dejado) es minúsculo en comparación con las personas que mueren a diario producto de la violencia, hambre, desnutrición y falta de medicamentos o atención médica adecuada por falta de medicina o insumos; sin lugar a dudas, los venezolanos merecemos la elaboración de un tercer informe de la ONU por delitos continuados de lesa humanidad, donde se incluyan la violación de los derechos económicos.
Aunque el crecimiento del PIB de nuestro país es el más negativo a nivel mundial, la producción petrolera se encuentra fuertemente contraída, y el régimen es sujeto de fuertes sanciones internacionales, a través de la economía, circulan millones y millones de dólares a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
La situación ya era bastante difícil de manejar y comprender a principios de este año, cuando en los albores de la pandemia (13 de marzo de 2020) Estados Unidos ratifica una transición democrática y pacífica a través de un gobierno de transición, según los planteamientos del diputado Juan Guaidó.
Quizás el ciudadano común que está ahogado en medio de la precariedad y ocupado en actividades cotidianas para asegurar su modesta supervivencia no sea consciente de que el Estado, aun en condiciones de excepción está obligado a asegurar “la integridad personal, física, psíquica y moral”, así como “la participación, el sufragio y el acceso a la función pública”, además de la información oportuna y confiable, tal como está indicado en el Artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
Sin embargo, cuando uno profundiza en la temática política, no puede ver más que un caudal de contradicciones tanto en el ámbito internacional como nacional. Por un lado, se pretende obligar a Nicolás Maduro a aceptar una transición bajo la amenaza de profundizar sanciones, las cuales dolosamente lleva resistiendo más de un año; y por otro lado, la oposición se divide por las elecciones parlamentarias del año 2020, en las que la facción tutelar decide no participar.
Como alternativa para superar el socialismo no existe otro plan que no sea el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y justas, a sabiendas de que tal estrategia es algo risible e insuficiente, mientras la oposición no supere el populismo y el caudillismo desde el interior de los partidos políticos.
Un sistema democrático y liberal pivota sobre la generación de rentas y empleo, términos que uno no le escucha mencionar a los políticos; en tal sentido, los discursos que manejan ambos bandos son complementariamente vacíos: luchar contra el imperialismo o exigir elecciones libres y justas, ofrecer y recibir bonos (sea en Petros o dólares) es, sin duda, la misma letra en dos malas canciones.
La participación política y la lealtad a los liderazgos que tiene el pueblo venezolano ha desempeñado un papel histórico clave sin acompañamiento adecuado por los partidos políticos, ya que no logran superar las exigencias que plantea el juego político. Estamos estancados en una crisis agonizante debido a que quienes no saben qué hacer, prefieren no hacer nada; por eso si usted está esperando “un camino que ponga fin al sufrimiento y abra una vía hacia un futuro mejor para Venezuela”, como indican desde el norte, simplemente aguarda por las peras del olmo.
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