Un reciente estudio realizado en Estados Unidos y en el que se analizaron 5.700 registros de personas con COVID-19 arrojó que 70% de los pacientes hospitalizados por complicaciones derivadas de esa infección no presentó fiebre, uno de los 3 síntomas que se han considerado como indicadores clave para el cribado inicial de los posibles casos, lo que viene a generar más confusión en una situación en la que las certezas únicamente parecen disminuir conforme el tiempo y la propagación de la enfermedad avanzan.
Por otra parte, hay una creciente preocupación por los numerosos reportes de personas que han vuelto a dar positivo en las pruebas de detección de coronavirus luego de haberse «curado» de la COVID-19; una preocupación más que justificada, ya que de determinarse que no se trata de nuevas infecciones sino de casos de «reactivación» de la carga viral presente se plantearía entonces una lucha contra un agente patógeno muchísimo más complejo y fuerte de lo que se pensaba.
En cualquier caso, el conocimiento acumulado hasta ahora sobre este agente y la infección que produce, y las interrogantes que su peculiar comportamiento ha suscitado, solo refuerzan la idea de colocar la transparente y masiva realización de confiables pruebas de detección en el centro de los esfuerzos de prevención y contención de la COVID-19; justo lo que no está ocurriendo en Venezuela.
Es ya un secreto a voces que se escuchan con estruendo en todos los rincones del planeta que la nomenklatura del dictatorial régimen venezolano ha manipulado de un modo obsceno y absolutamente irresponsable la información acerca de lo que está ocasionando el coronavirus tras las sombras del aislamiento, pero en especial la referida al despistaje, que lejos de constituir aquí una estrategia de y para la salud pública ha sido convertido en un tema propagandístico sin asidero en la realidad, por cuanto no hay en esta, en la del país, tal actividad de despistaje masivo y, para colmo, lo poco que se está haciendo en el plano diagnóstico es cuestionable.
La ausencia de testigos con credibilidad, la imposibilidad de que ese proceso pueda ser auditado, la centralización del procesamiento de las muestras en un único instituto —que según las estimaciones más favorables cuenta apenas con la capacidad real para realizar cerca de un centenar de las pruebas más robustas por día— y la dudosa calidad de las pruebas rápidas provenientes de China —cuyo número declarado, además, no es comprobable— son elementos que por sí solos desmienten las cifras y demás datos «oficiales» que, sobre la COVID-19, se reportan a diario en Venezuela.
Ante esto solo cabe alzar la voz para que se active una alerta internacional por el peligro que para los venezolanos y demás habitantes del mundo representa semejante manejo; uno que podría traducirse para la nación en el episodio más oscuro de toda su historia.
@MiguelCardozoM
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