Los presidentes de Venezuela y Guyana, Hugo Chávez y Bharrat Jagdeo, el 19 de febrero de 2004 en Georgetown
En nuestra entrega anterior nos referimos al conflicto armado de las Malvinas, hecho este que por sus características constituye un importante referente -digno de ser ponderado- en cualquier decisión que se tome o eventual desenlace que ocurra en la disputa de nuestro Esequibo con Guyana.
Nuestra Constitución en su artículo 10, establece: “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”. Allí, en ese territorio, estaban comprendidos los 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que nos fueron arrebatados por la truculencia diplomática del Laudo Arbitral de París. El imperativo constitucional, conforme al cual todo tratado debe estar exento de vicios de nulidad, conjuntamente con el señalamiento de que nuestro territorio se corresponde con el ya existente antes de nuestra independencia, son para Venezuela las piedras angulares de la reclamación.
Ese ha sido el permanente soporte en nuestra posición que nos llevó al Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, firmado por nuestro país y el Reino Unido, en el cual se precisaron los pasos a seguir en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. En su texto se establece que de no ponerse de acuerdo, se daría paso a la aplicación del procedimiento previsto en el artículo IV, numeral 1, del Acuerdo sobre la selección de «…uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas».
El caso con el tiempo fue a parar a manos del secretario general de la ONU, António Guterres, quien manifestó que de no lograrse -en un plazo perentorio- un acuerdo, la disputa pasaría a ser decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a no ser que los gobiernos de Guyana y Venezuela se opusieran conjuntamente. En efecto, así sucedió. El 30 de enero de 2018, António Guterres manifestó haber “elegido la Corte Internacional de Justicia como el mecanismo a ser utilizado para la solución de la controversia”. El 6 de abril de 2023, la CIJ dictó su sentencia, determinando que tiene competencia para examinar el caso y que puede pronunciarse sobre las reclamaciones de Guyana.
Dicho esto, a nuestro pesar percibimos que Guyana aprovechó las oportunidades que le dio el régimen venezolano y jugó sus cartas con mayor habilidad. En todos los escenarios que se nos han presentado ha sido clara la ventaja que han obtenido. No se tragaron la tesis del acercamiento, apostaron a su crecimiento interno con importantes alianzas estratégicas, proliferaron plataformas marinas y concesiones en parte del territorio reclamado y se dispusieron a hacer valer a todo trance la decisión de llevar el caso a la jurisdicción de la CIJ que el gobierno venezolano no reconoce. Nunca pudimos crear un frente hispanoamericano como contrapeso.
El avance guyanés sobrepasó el formato estratégico venezolano del acercamiento con actos de buena voluntad. El día 19 de febrero de 2004, en Guyana, el presidente Bharrat Jagdeo, frente a un Chávez anuente, quien en ese acto le condonó a Guyana una deuda con nuestro país de 12 millones de dólares, expresó: “Se ha reafirmado nuestro compromiso de continuar el proceso de los buenos oficios en el marco de Naciones Unidas”. En ese acto Chávez manifestó que el tema del Esequibo había que tratarlo “en el ámbito donde está, en Naciones Unidas y con representantes de los dos gobiernos”. Y soltó además esta perla: “Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero, que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes”, lo que aprovechó nuevamente Jagdeo para expresar su completo acuerdo con lo tratado con el presidente Chávez, comprometiéndose a que el tema del Esequibo se iba a quedar «en el marco de los buenos oficios de las Naciones Unidas y también con el apoyo del secretario general”.
Para los venezolanos no ha sido fácil ubicarnos en el tema, pues, Chávez y Maduro como canciller y presidente, no pudieron manejar diligentemente este grave asunto; menos ahora con el peso muerto de la ilegitimidad presidencial. Como ejemplo cabe destacar que creó en 2015 una comisión presidencial para asuntos limítrofes, que no logró ningún cometido.
La ONU, la OEA, el Caricom y aliados económicos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China, Suiza, Corea del Sur, Indonesia y hasta Cuba, muchos con intereses consolidados en Guyana, seguramente le darán pleno respaldo ante el temor de que el conflicto escale hasta otros niveles. Cualquier intento de retomar hoy nuestro territorio mediante actos de fuerza y obviar las decisiones de la CIJ sería una gran temeridad, pues además del aislamiento internacional generado por la ilegitimidad del régimen y la segura condena de los organismos internacionales que nos calificarán como país agresor, el grado de postración al que ha llevado al país este régimen cívico militar no le aseguraría el respaldo popular, ni siquiera exacerbándole el nacionalismo a la gente.
X:@vabolivar
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