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Todos conocemos que el chavismo llegó al poder tras ganar las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Su base de apoyo estaba compuesta por diversos intereses de cambio: políticos, económicos, sociales, culturales, comunicacionales e incluso militares. Estos intereses se alinearon y combinaron, retroalimentándose mutuamente y dando lugar a una nueva realidad. Para muchos, esta nueva realidad representaba los cambios esperados. Sin embargo, lo que era novedoso pronto se volvió anómalo, sin control ni responsabilidad. Sus efectos se extendieron y se diseminaron por todos los rincones del país.
Bajo el legítimo argumento del cambio, reclamado principalmente por los venezolanos de los sectores económicos y sociales más bajos, se erigió una estructura de poder que impulsó modificaciones que abarcaron desde nuestro ordenamiento constitucional y legislativo hasta nuevas formas de organización social, como el llamado poder popular. Sin embargo, esta transformación conllevó – principalmente – la concentración y centralización de poder en la cúpula ejecutiva nacional, pasando por alto el maltrecho sistema federal descentralizado que alguna vez existió. Lamentablemente se extinguió el federalismo, por lo que la autonomía y el desarrollo de los estados y municipios quedaron limitados seriamente.
El madurismo, que se autoproclamó como el heredero legítimo del chavismo, no es más que un accidente político. Nunca construyó un movimiento político sólido y emergió de las sombras sin establecer bases después de la muerte de su mentor. Desde que llegó al poder ha forjado una estructura disfuncional y plagada de deterioros, siendo su único objetivo perpetuarse en el mando. A pesar de carecer de políticas públicas coherentes y una agenda de trabajo eficiente, mantiene bajo control y subordinadas todas las actuaciones de los poderes públicos (TSJ, CNE, MP, CGR, AN, DF) y, por supuesto, las Fuerzas Armadas.
La lista de deformaciones patológicas del madurismo es extensa. Ha recurrido a la represión, persecución, inhabilitación y otras formas sistemáticas de violación de derechos humanos para silenciar, intimidar y eliminar la disidencia política y silenciar a la sociedad civil. Estas acciones de daños no se limitan solo a lo político, sino también abarcan lo social, económico, cultural e incluso ambiental. Cada paso que da no representa una solución a los problemas estructurales del país, sino más bien están dirigidos únicamente, insistimos, a mantener el poder. Desde el punto de vista económico, sus resultados han sido hiperinflación, constante devaluación y pérdida de poder adquisitivo. Todos estos problemas han causado daños significativos en la calidad de vida de los venezolanos, llevándolos a niveles de pobreza actualmente insostenibles.
Pero toda moneda tiene dos caras. Ahora, este 2024, ha crecido de forma fuerte e indetenible el interés de cambio democrático de los venezolanos. El proceso electoral en marcha, llamado “la ruta electora”, que una vez llevó a estos funestos políticos al poder, chávez y maduro (en minúsculas, intencionalmente), hoy representa la vía de salida para este último. La fecha final del llamado “socialismo del siglo XXI” será el 28 de julio.
Esta otra cara de la moneda no es nueva, son las fuerzas democráticas que se han construido progresivamente desde el mismo 2 de febrero de 1999 (fecha de juramentación de Chávez ante la “Moribunda”), y están formadas por las voces y voluntades de los venezolanos que, durante estos 25 años, fueron despedidos ilegalmente de Pdvsa y empresas básicas; de los padres de los hijos que han muerto en las protestas luchando por la libertad y la democracia (Juan Pablo Pernalete, Daniel Queliz, y muchos otros jóvenes); los migrantes y refugiados en busca de un futuro mejor; los que no tiene comida en sus casas; los trabajadores públicos que ganan menos de 10 dólares al mes (sobre todo de los sectores salud y educación); los niños que abandonaron sus estudios con la finalidad de buscar algo de sustento para sus familias trabajando en las esquinas de las avenidas limpiando parabrisas o pidiendo algo de dinero; los que buscan restos de comida en las calles en las bolsas de basuras; los que han sido privados de libertad por supuestos de hecho de conspiración o delitos abiertos (asociación para delinquir, terrorismo, espionaje, entre otros); los que han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, y sometidos a torturas físicas y psicológicas; los que no cuentan con servicio eléctrico diario hasta por 8 horas, ni servicio de agua, gas o internet; los que no disponen de acceso a medicamentos ni atención médica para mantener o mejorar la estado de salud; los que reciben alimentos vencidos o en mal estado en las bolsas de alimentos, incluso productos lácteos no aptos para niños; los jubilados y pensionados que reciben bonificaciones económicas marginales que no les permite satisfacer sus necesidades alimenticias ni de atención médicas; los que cruzan a pie la Selva del Darién y centro américa, o que cruzan las fronteras de países del sur américa, para buscar un mejor futuro, exponiéndose a graves riesgos, incluso la muerte; a los recién nacidos y niños que no reciben atención médica ni alimentación adecuada a su edad y desarrollo; en fin, de todos los venezolanos que queremos recuperar y vivir en democracia, bajo un Estado de Derecho y con garantías efectivas de derechos humanos; con libertad y estabilidad económica; seguridad jurídica; educación y salud de calidad.
Estas fuerzas democráticas se han construidos con bases políticas fuertes, dinámicas y de valores democráticos; actuando sujetas a normas y principios legales. Sus actuaciones abarcan, en el último año, principalmente, la organización de la Comisión de Primarias llevó a cabo el desarrollo del proceso de elección del candidato unitario, siendo elegida por mayoría de voto popular María Corina Machado (MCM), el 22/10/23 (posteriormente, inhabilitada de forma ilegal por la CGR); la designación de la Dra. Corina Yoris Villasana, de nacionalidad única venezolana y eminente académica, como candidata alternativa a MCM, posteriormente, impedida arbitrariamente su inscripción por el Concejo Nacional Electoral (CNE); y finalmente la inscripción – en la raya – el 26/03/24, del internacionalista Edmundo González Urrutia (EGU), exembajador, como “candidato tapa”, que luego, el 19/04/24, paso a ser el candidato formal, siendo designado el 23/04/24 por unanimidad por los partidos que conforman la Plataforma Unitaria como “el candidato de la unidad”, tras la renuncia del Gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero (MR), de su candidatura por el partido político Un Nuevo Tiempo (UNT), que junto con el partido Movimiento por Venezuela (MPV), se adhirieron a la candidatura de EGU, postulado por la MUD.
Todos los actores sociales (academias, sociedad civil, trabajadores, amas de casa, profesionales, jubilados, estudiantes) y políticos (PU, MUD, UNT, MPV, y otros), están luchando unidos y bajo el ordenamiento legal para lograr los cambios reclamados. “Hasta el final”, gritamos en voz alta todos, y ahora: ¡Tenemos candidato, tenemos tarjeta para votar, estamos unidos y vamos a ganar!
Ha sido tan categórica esta actuación de las fuerzas democráticas que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amigo de Maduro, consideró “extraordinario” que la oposición venezolana se haya unido para elegir a un solo candidato presidencial y remarcó su expectativa de que el país “vuelva a la normalidad” luego de las elecciones del 28J.
El tiempo y camino que faltan para llegar al 28J siguen muy empedrados; el CNE y demás fuerzas maduristas (TSJ, FANB, AN, MP, CGR, DP, hasta colectivos armados) seguirán en un camino opuesto al orden constitucional y presionando para mantener el poder, empleando acciones y mecanismos arbitrarios como aprehensiones, intimidación, amenazas, instrumentos legales contrarios a los principios democráticos (Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones Similares), cierre de espacios comunicacionales, uso de fondos y bienes públicos para la campaña, o, entre otros, sentencias y actos administrativos violatorios de derechos políticos y civiles. A la presente fecha no ha habido garantías en la inscripción y actualización de los datos de millones de venezolanos dentro y fuera del país, y existen muchas dudas sobre la observación electoral extranjera.
Las fuerzas democráticas, acompañadas de la verdadera voluntad del pueblo, proseguirán como dice el artículo 350 de la Constitución: “Siendo fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad”. En el supuesto negado de que los resultados del 28J desconozcan la voluntad de la mayoría se “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, tal como lo obliga la citada norma constitucional.
La única fuerza legítima en Venezuela es la democracia. Las normas constitucionales y legales son las guías y medios de defensa contra cualquier arbitrariedad.
¡Hasta el 28J!
El autor es abogado, especialista en Derechos Administrativo. Defensor de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
@darringibbs