El fraude electoral de esta temporada perpetrado por el chavismo fue tan tosco y tan burdo que es literalmente indefendible por los operadores chavistas civiles y militares y menos aún por sus aliados internacionales.
Lo grotesco de la maniobra obliga a reconsiderar la caracterización de fraude a una más precisa como robo a mano armada ejecutado por Elvis Amoroso y el directorio del CNE. Una cosa es la red sistemática de trucos y engaños para simular un resultado electoral y otra muy distinta es aceptar la palabra de Amoroso como el único sustento para proclamar a Nicolás Maduro ganador del 28 de julio.
El reclamo que desde el 28 de julio en la noche se le ha hecho al CNE no es otro que fundamentar los números que leyó Elvis Amoroso con base a cada mesa y cada Centro de Votación. La respuesta del CNE chavista no solo ha sido negarse a entregar un resultado discriminado por mesa sino que adicionalmente canceló todas las auditorías mandatorias luego del acto de votación. Nadie puede garantizar hasta ahora que las cajas que deberían contener los papelitos, necesarias para un cotejo manual, también hayan sido destruidas en una acción expedita y coordinada entre el CNE y los operadores militares del Plan República.
No es casual que Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa chavista, y otros operadores civiles y militares del régimen antes y después del 28J han repetido hasta la saciedad que se debe respetar la decisión legal que emita el CNE. Este estribillo deliberadamente deja a un lado una precisión de carácter institucional y constitucional que apunta a respetar la voluntad soberana de los ciudadanos expresada en votos y no la voluntad caprichosa del CNE.
La derrota de Nicolás Maduro y el intento de taparla con el robo de las elecciones son hechos tan públicos, notorios y evidentes que no es posible encontrar a un solo testigo electoral del PSUV dispuesto a mostrar su copia del acta reflejando la votación obtenida por Maduro en esa mesa.
Así como los operadores civiles y militares del chavismo están pasando trabajo para explicar y justificar el robo de las elecciones ante sus propios pares, de la misma forma los aliados internacionales del régimen chavista tienen una gran dificultad para comprometerse a defender algo que es indefendible. Siendo los más conspicuos los gobiernos de Brasil, Colombia, y México.
Los gobiernos de estos países sin renegar de sus compromisos políticos e ideológicos con el chavismo tomaron la iniciativa de emprender una suerte de gestión de buenos oficios para tratar de mediar y encontrar una salida negociada mediante el diálogo, tal como ellos lo aseguran. Si bien es cierto estas diligencias no surgen desde el ámbito de la neutralidad y la buena fe no es menos cierto que inclusive para estos gobiernos aliados de Nicolás Maduro es difícil asumir un nivel significativo de compromiso con lo que algunos operadores diplomáticos no han dudado en calificar como un asalto a la voluntad de los ciudadanos por parte de los chavistas.
Las motivaciones que tienen estos gobiernos son distintas y diversas. Los tres coinciden en tratar de evitar cualquier asociación pública con el asalto chavista frente a sus propios electores quienes no dudarían en castigarlos con el voto. Pero mientras Colombia se mueve para tratar de evitar nuevas olas migratorias de venezolanos hacia su territorio, Brasil aliado militar de Guyana país que mantiene una disputa territorial activa con Venezuela, estaría buscando aumentar su influencia en la región con propósitos ulteriores. El gobierno de México por su parte estaría tratando de satisfacer sus recientes acuerdos migratorios con los Estados Unidos para impedir que su territorio sea una canal de paso para millones de Venezolanos que salen huyendo de Venezuela rumbo a Norteamérica.
Las gestiones de Brasil, Colombia y México tienen unos límites impuestos por la propia realidad. Y eso está claramente enunciado en el comunicado que firmaron en forma conjunta el 8 de agosto donde se deja muy claro que la solución final a este conflicto político siempre tendrá que salir de Venezuela.
Esta declaración de realismo no fue impedimento para que en forma clara e inequívoca los tres gobiernos le exigieran al Consejo Nacional Electoral la presentación de los resultados “desglosados por mesa de votación”. Esto es lo que casi todo el mundo ha pedido y es precisamente lo que Elvis Amoroso se ha negado a hacer hasta ahora.
Pero esto podría cambiar si la intervención del TSJ chavista termina “exigiéndole” al CNE que entregue las actas que tiene en su poder luego de otorgarle más de una semana para, en forma conveniente, fabricar unas a la medida.
En una vieja táctica ya usada por el chavismo en otras oportunidades se presentaría una situación en la cual las actas “oficiales” en poder del CNE no se parecen a las actas en manos de los testigos de la MUD. Esta inconsistencia tendría que ser resuelta dentro de los espacios institucionales del régimen chavista tales como el propio CNE o el TSJ. Es improbable que el chavismo se arriesgue a una verificación “imparcial» de los resultados tal como pide el comunicado de los tres países y menos si esta verificación es realizada por alguna instancia internacional.
El mismo día que Brasil, Colombia y México entregaban su comunicado, Delcy Rodríguez se reunía con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para explicarles que, según el derecho electoral chavista, las actas de votación por mesa no tienen ningún valor legal y su función es otra que ni siquiera sirve para la totalización. Quien ponga en duda esta aseveración está invitado a buscar el video en YouTube del 8 de julio donde Rodríguez ilustra a los diplomáticos sobre este tema.
Pero aunque esto parezca lo más grave de la intervención de Delcy Rodríguez, no lo es porque ella misma muestra las pistas de la siguiente jugada del régimen. Con la certeza de saberse ganadora en un juego con cartas marcadas Rodríguez asegura que las actas en poder de la MUD y que María Corina Machado publicó en una página web son todas forjadas. Para probar su tesis la Vicepresidenta le muestra a los diplomáticos varias actas que dan ganador a Edmundo Gonzalez pero que, curiosamente, no contienen la firma del operador de la máquina ni las firmas de los testigos electorales.
Si esto es cierto la única forma de explicarlo sería que en el diseño del robo electoral el régimen intencionalmente manipuló la emisión de esas actas en las mesas con la intención de desconocerlas posteriormente por presuntos vicios de forma.
Veremos si cuando el CNE chavista presente sus actas al TSJ y hasta las muestre en público esta maniobra satisface plenamente la petición de los res gobierno de publicar los resultados mesa por mesa. El problema no es que se publiquen sino que reflejen la realidad expresada el 28J. Como en todo contrato celebrado de mala fe, nuevamente la clave siempre estará escondida en la letra pequeña y casi invisible del texto.
Nos atrevemos a adelantar la hipótesis que la gestión de Brasil, Colombia y México está condenada al fracaso si lo que se espera es algún tipo de diligencia que lleve a una negociación y en forma consecuente a una transición política. Igualmente diremos que esta gestión podría ser percibida exitosa si como resultado el régimen chavista muestras las actas. Aunque solo sean las suyas. En estas condiciones no se puede aspirar a más.