La elección de alcaldes y gobernadores se originó con la reforma de la Constitución de la República de Venezuela de 1961 en 1989, a partir de la interpretación del artículo 137 de la otrora carta magna se desarrolló el proceso de descentralización y transferencias de competencias a los municipios, y conjuntamente la elección de gobernadores y alcaldes desde 1989-1990. Esta experiencia significó una bocanada de aire fresco al cuestionado Estado puntofijista, al que la población exigía cambios significativos para oxigenar la democracia.
La riqueza de esta experiencia descentralizadora generada en la última década del siglo XX, al renovar y promover un nuevo liderazgo político a nivel nacional, regional y local, le determinó un espacio importante en la actual CRBV vigente desde 1999, aun cuando la gestión ejecutiva nacional desde su inicio y a lo largo del siglo XXI, ha estado signado por un centralismo exacerbado contrario a lo estipulado en el texto constitucional.
El descomunal ataque contra la descentralización ha convertido a alcaldías y gobernaciones en una suerte de comensales pedigüeños de segunda mesa, a quienes no se les otorga el situado constitucional asignado a cada ente territorial, es decir, 20% para gobernaciones distribuido luego a los municipios de cada estado, lo que ha derivado en presupuestos exiguos para atender las condiciones de vida de la población devenidas en condiciones de miseria absoluta. Este atropello a las regiones ha sido promovido mediante la aprobación de leyes inconstitucionales que rebajaron arbitrariamente el situado regional y municipal.
El desprecio del chavomadurismo a alcaldías y gobernaciones ha sido una conducta permanente, lo inició desde 2006 creando organismos paralelos, como los consejos comunales, desconociendo luego a las juntas parroquiales, posteriormente designó funcionarios arbitrariamente denominados “protectores”, cuando el alcalde o el gobernador es de la oposición, y preparando actualmente su intervención definitiva con las leyes de Comunas y Parlamento Comunal. El objetivo central de la tiranía es instalar un Estado vertical neocorporativo denominado Estado Comunal, en cuya estructura espacios democráticos regionales son contrarios a sus planes dictatoriales.
¿Que pretende hoy el régimen dictatorial con estas elecciones regionales?
Justificar mecanismos de distribución del presupuesto nacional a su clientela electoral, ofreciendo 335 alcaldías y 24 gobernaciones mediante una falsa consulta electoral donde los candidatos de la dictadura son los facultados a conquistarlas, para de esta manera obtener como premio los situados municipales y regionales que constituyen para cada gobernador y alcalde la factibilidad de enriquecerse “legalmente”, ante una población que sufre la ruina de los servicios públicos: agua, electricidad, gas, telefonía, Internet, transporte, salud, educación, alimentación y la inseguridad personal, entre innumerables calamidades.
A fin de concretar su malévola intención envilece el proceso electoral, lo desprestigia descaradamente ante el electorado, generando un clima de baja participación al continuar con la represión política y violación de derechos humanos, exigiendo al mismo tiempo el fin de las sanciones. La tiranía juega en varios tableros sin escrúpulo alguno, orientados a bloquear toda salida electoral transparente y mantenerse eternamente en el poder.
El contexto de represión lo expanden igualmente a lo interno del PSUV imponiendo el pensamiento único, incluso la genuflexión de voceros connotados que no vacilan en acatar la línea de la dirección nacional, calificándola como la voz del pueblo. Lo que trasluce su visión del país es decir, aplican su dictadura interna hasta en su propio partido.
La salida de la crisis venezolana debe darse en un contexto de comicios generales, con un sistema electoral transparente, con la libertad absoluta de los presos políticos, la libertad de prensa y la legalización de todos los partidos políticos. Esas exigencias ante una dictadura contravienen sus soterradas intenciones, que hoy están fiscalizadas por la Corte Penal Internacional ante la gravedad en las violaciones de derechos humanos.