Foto: EFE
El Poder Electoral venezolano, el CNE, sigue sin publicar resultados por mesas y centros de votación, sigue sin publicar las actas del proceso e insiste en hablar de un hackeo que, supuestamente, afectó sus sistemas sin ninguna prueba que soporte ese relato. Con cada día que pasa crecen las dudas, incluso, entre los partidarios nacionales e internacionales del régimen. De hecho, hay un consenso internacional inédito, jefes de Estado, de izquierda y derecha, en América y en Europa, la OEA y la ONU, insisten en que se hagan públicas las actas. Actas que fueron emitidas por las máquinas electorales y entregadas, simultáneamente, a los efectivos del Plan República, a los miembros de mesa, a los testigos del PSUV y los testigos de la Plataforma Unitaria. Hasta el momento, 80% de estas actas fueron publicadas por la Unidad en Internet y es posible chequear su integridad por medio del QR.
El madurismo, a falta de votos y actas, intenta lograr sentencias. Un procedimiento judicial inexistente en la legislación venezolana busca “certificar” el “triunfo” de Nicolás Maduro con apoyo en el Tribunal Supremo de Justicia. No hay una persona medianamente informada, dentro o fuera del país, que considere que el Poder Judicial es independiente. Todo conduce a que la comunidad internacional, tanto como los mismos venezolanos, crean que hay un fraude electoral en curso.
Una prueba adicional del fraude es la obscena cantidad de presos políticos en apenas dos semanas. Desde adolescentes hasta amas de casa, en todos los estados del país, civiles y militares, empresarios y sindicalistas, dirigentes de partidos de izquierda y de derecha, líderes locales y nacionales, bien por protestar o bien por publicar un estado de WhatsApp. El mismo gobierno remodela la cárcel de Tocuyito para convertirla en un campo de concentración con más esmero que lo que alguna vez pudo mostrar en la construcción de una escuela, una universidad o un hospital.
Hoy Venezuela es una gran incógnita. Sin el reconocimiento de la voluntad popular, sólo puede existir un gobierno sostenido por la fuerza y la arbitrariedad que, en última instancia, condenará al país a la pobreza y a la huida de millones de compatriotas hacia los países vecinos. La comunidad internacional no puede permanecer inerte frente a la situación, en particular, porque se está sometiendo a la prisión, al exilio, a la persecución, a quienes podrían proporcionar una transición democrática, pacífica y con respaldo mayoritario de la población. El camino correcto es que puedan iniciarse, sin más dilación, los pasos constitucionales y legales para el traspaso del poder al ganador de las elecciones: Edmundo González Urrutia.