La fecha límite del 30 de noviembre establecida por la administración Biden acompañada de la amenaza de reactivar las sanciones en contra del régimen les sirvió de coartada perfecta. Jorge Rodríguez, en representación del gobierno de facto, y Gerardo Blyde, bueno, dizque en nombre de la oposición, firmaron un turbio documento en el que, supuestamente, se establece “el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República”.
De no ser por la importancia que el tema de la hoja de ruta electoral de cara a las presidenciales de 2024 representa para todo un país ávido de cambio, lo decidido en el seno de este siempre cuestionado conciliábulo -del que, por cierto, forma parte el Reino de Noruega-, parecería un chiste muy divertido.
Pero, volvamos al momento escogido para revelar la nueva trampa. O sea, dos días antes del referéndum consultivo sobre el Esequibo, que indudablemente acapara la atención nacional en estos días. El propio madrugonazo, pues, aprovechando cualquier distracción.
El cuento es que Gerardo Blyde tenía conocimiento de este arreglo desde hacía mucho tiempo. Todos recordamos que, incluso, desde horas después de la firma de los acuerdos de Barbados, el 17 de octubre, el delegado de la Plataforma Unitaria Democrática – la misma que despojó a Juan Guaidó de la presidencia interina -, se cansó de decir que la rúbrica en la isla caribeña abría la puerta a procedimientos que eventualmente despejarían el camino para considerar el levantamiento de las inhabilitaciones a candidatos de la oposición. Nada concreto, en un lenguaje que, hasta lo último, no despejaba la duda fundamental.
¡Ojo! Tal vez a esto es a lo que se refería en parte el inefable Jorge Rodríguez cuando amenazaba en estos días, tanto al gobierno de Estados Unidos, como a Gerardo Blyde, con revelar los entretelones de las conversaciones fuera de cámara, agobiado por la presión que imponía la fecha tope del 30 de noviembre.
Y es que a Gerardo se le ven fácilmente las costuras. El cinismo de este sospechoso personaje llegó al extremo de decir el pasado viernes que, a raíz de lo aprobado con el régimen sobre los eventuales levantamientos de las inhabilitaciones, la oposición debe estar más que contenta porque la habilitación política del gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial en favor de María Corina Machado para permitirle participar en las presidenciales de 2024. ¡por Dios!
Pero, antes de continuar – y un poco para contextualizar – el acuerdo del jueves 30 de noviembre, anunciado por Noruega con bombos y platillos, establece en esencia que “ cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar…” hasta el 15 de diciembre de 2023.
Es decir, el señor Blyde todavía no se ha enterado de que en Venezuela NO existe eso que llaman equilibrio de poderes, y no se acuerda tampoco de que ese Tribunal Supremo de Justicia fue el que desconoció, por órdenes de bien arriba, la victoria contundente de MCM en las primarias del 22 de octubre.
Lo otro es que Gerardo, en su afán por animar a las mayorías venezolanas, evita en sus declaraciones hacer énfasis sobre el hecho de que la Sala del Tribunal “…se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”. Es decir, que la instancia judicial chavista no se pronunciaría en primera instancia sobre el fondo del asunto que es la habilitación o no de los interesados. Pero es que aun en caso de admitir la demanda y amparo como válidas para su posterior procesamiento, todos sabemos que nunca habría una decisión favorable a los afectados.
Muy curioso es también observar que la frase “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución” resulta ser un calco del contenido del artículo 11 del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, del 17 de octubre. El detalle es que lo que no mencionan ni Jorge Rodríguez ni Gerardo Blyde, tal vez para disimular el engaño, es que, en ese mismo párrafo del Acuerdo de Barbados, se especifica que un candidato aspirante a las presidenciales solo podrá participar siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y consistentes con los procedimientos en la ley venezolana. Es decir, la ley chavista en la cual se basará el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia.
Desde cualquier lado que se le mire, el arreglo del jueves 30 de noviembre es una verdadera trampa tendida sin disimulo a la candidata de Vente Venezuela. Tal como muy bien lo sugirió el reconocido abogado Joel García, si MCM no acude a la Sala Político-Administrativa del TSJ, automáticamente se le impide participar en la elección presidencial, pero si acude a esa instancia para ejercer el recurso contencioso administrativo y solicitar el amparo cautelar, el máximo órgano judicial a las órdenes de Miraflores, lo declarará sin lugar.
Estamos hablando de una trampa a la que se ha prestado desde hace tiempo el designado jefe de la delegación negociadora de la oposición. Y uno se pregunta, ¿a quién realmente representa Gerardo Blyde?
Uno había entendido que después de las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado habría establecido contacto directo con este señor, pero al parecer, y a juzgar por esta nueva componenda entre gobierno de facto y la PUD, el diseño y dinámica de las negociaciones siguen respondiendo a los intereses del régimen. Aquí se demuestra una vez más el alto grado de colaboración de ciertos factores que se dicen ser de oposición, pero que están trabajando indignamente en función del objetivo máximo de Maduro de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea.
A los que aleguen que gracias a los acuerdos de Barbados se hizo posible la celebración de las primarias del 22 de octubre, hay que decirles que la única razón que explica la inacción de las élites chavistas en esa oportunidad descansa en su convencimiento de que el proceso culminaría en un verdadero fracaso.
A la espera de un pronunciamiento firme de MCM respecto al arreglo anunciado por la embajada del Reino de Noruega en México, y confirmado por los compinches Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez, sería muy recomendable que el equipo de asesores de la líder opositora haga una evaluación consciente del papel que ha venido jugando el jefe de la delegación opositora, y actuar en consecuencia.
Se entiende que uno de los requisitos principales para que una negociación pueda darse es el reconocimiento mutuo de los interlocutores, y es a Blyde, por supuesto, al que el gobierno de facto quiere por razones obvias.
De allí lo necesario que resulta que desde el nuevo liderazgo de la oposición se procuren los correctivos necesarios, a menos a través de la denuncia oportuna, y la profundización de los contactos con la comunidad internacional, ante anuncios como los del vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien, el pasado 1 de diciembre, despachó el anuncio del Reino de Noruega, señalando que daba la bienvenida a la propuesta que “define el marco para la rehabilitación rápida de todos los candidatos” en Venezuela, solo lamentando no ver avances en la liberación de prisioneros estadounidenses y los presos políticos venezolanos, y amenazando con reinstaurar las sanciones si no se procedía en ese sentido.
Las declaraciones del alto funcionario de Estados Unidos parecerían estar indicando que muy en el fondo, lo que más interesaría de forma prioritaria al gobierno de Biden sería la liberación de los presos estadounidenses, a cambio de lo cual un procedimiento turbio como el anunciado por Noruega, entraría en el ámbito de lo aceptable, y les serviría de fácil excusa para no revocar la flexibilización de las sanciones.
Gerardo Blyde parecería no estar sólo. De ahora en delante muchas dudas habrán de salir a flote respecto a la complicidad o no del gobierno de Estados Unidos, en una jugada que pudiera estar apuntando a dejar fuera de juego a María Corina Machado.