Existe mucha confusión en ciertos sectores acerca de lo ocurrido en Bogotá y el silencio informativo, acompañado de la extrema prudencia con la cual se han manejado las comunicaciones, por lo cual dejamos para después el informe final sobre las consecuencias de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y pasamos directamente a tratar este tema.
Contexto internacional
Es evidente que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a varios presidentes latinoamericanos, especialmente Lula da Silva (Brasil), tienen un interés principal en la resolución de la crisis política en Venezuela. Y es que son conocedores todos de que no hacerlo aumentará el peligro de que 10 o más millones de venezolanos se trasladen a sus países, para huir de un Estado fallido, pues si no se llega a una solución negociada la situación económica terminará produciendo una hecatombe social. También espera evitar una solución militar estadounidense, que seguramente dejaría tropas y equipos en bases militares, que amedrentarían a todos los demás países suramericanos en su política exterior.
En el caso de Estados Unidos, se ha presentado una evolución radical de los motivos que llevaron en 2015 al presidente Obama a considerar al gobierno de Maduro una “amenaza inusual y extraordinaria”, pues en esa época había un gobierno con mucho dinero y operadores financieros, apoyando movimientos anticapitalistas, antiglobalización y antiimperialistas, que eran todos en esencia movimientos antiestadounidenses, pero que hoy en día han sido reducidos por efectos de las sanciones a su mínima expresión. Trabajar como representante comercial o financiero del gobierno de Venezuela es demasiado arriesgado (véase caso Alex Saab) y prácticamente, con una economía 80% menor a la de hace 10 años y bloqueada sus fuentes y vías de funcionamiento institucional por casi todos lados, la amenaza actual radica en los 300 acuerdos firmados con la Federación Rusa, especialmente en el área militar y espacial, considerando que existe una guerra no declarada en Ucrania donde 48 países, coordinados desde la base militar estadounidense de Ramstein en Alemania, direccionan la inteligencia, logística, orden de operaciones y demás aspectos militares, con el apoyo de la infraestructura tecnológica y material de la OTAN contra Rusia.
La Federación Rusa, la República Islámica de Irán, la República Popular China e incluso la República Democrática Popular de Corea (cuyo líder Kim Jong-un fue nombrado hijo ilustre por el Concejo Municipal de Guaranda en Ecuador) tienen en Venezuela un aliado estratégico que deben conservar, pues no hacerlo implicaría una irreversible pérdida de influencia en América Latina y el Caribe, por ser el punto focal de todas sus políticas económicas y de seguridad, dentro del continente.
Para países como la República Plurinacional de Bolivia y Nicaragua sería un golpe muy duro debido a la asistencia técnica, financiera y material, que en las buenas y en las malas les ha prestado siempre el gobierno venezolano desde hace lustros.
En cambio, para la República Socialista de Cuba, un cambio de gobierno en Venezuela sería la mayor tragedia política y económica desde 1991, cuando desapareció la Unión Soviética, debido a la casi segura pérdida de toda asistencia material (especialmente combustibles), financiera y el derrumbe propagandístico que acompañaría la lluvia de denuncias sobre lo acontecido entre 1999-2024, por parte de un nuevo gobierno que no sea de su afecto político.
Para la Unión Europea, que ha permanecido en el pasado en silencio casi cómplice en aquellos momentos de arremetida del gobierno de Venezuela contra sus connacionales y sus bienes patrimoniales, especialmente durante la era de las expropiaciones, cuando ciudadanos de España, Portugal e Italia fueron especialmente golpeados e ignorados por los intereses políticos y económicos de sus gobiernos con una “Venezuela Petrolera” que era muy generosa con los partidos políticos de izquierda, eso es hoy en día un recuerdo histórico. Unido al apoyo abierto de Maduro a Vladimir Putin (actual enemigo # 1 de la democracia, la libertad y la soberanía en casi todos los países europeos), han convertido al actual gobierno de Venezuela en un problema, desafío o amenaza para sus intereses estratégicos, especialmente por su naturaleza antioccidental, antiglobalista, anticapitalista (al menos, en términos de propaganda política), en una coyuntura, donde se aproxima un conflicto ideológico, político, comercial, tecnológico y quién sabe si hasta militar con la República Popular China, cuyo sostén regional en Latinoamérica está ubicado en Venezuela.
Habiendo descrito los intereses de los participantes, podemos pasar directamente a las resultas del encuentro:
Acuerdos
Aspectos electorales
En este campo fundamental de la problemática se discute, en primer lugar, la decisión de colocar una fecha definitiva de las elecciones (cronograma) para insertarle encima la observación internacional (Unión Europea), de todo el proceso, lo que a su vez implica resolver los puntos planteados por Estados Unidos, como es la rehabilitación de los políticos inhabilitados por la Contraloría General república, para ser candidatos; la depuración o presentación de un registro electoral fiable; y, por último y no menos importante, la devolución legal de las tarjetas, instalaciones y representación de los partidos políticos intervenidos por el TSJ. Este es el campo donde se decide de antemano la resolución o ampliación definitiva de la crisis política venezolana, debido a que un escenario de falta de acuerdo político llevaría a una expansión exponencial de las sanciones, decir que pasará primero de todas estas peticiones no es para nada prudente plantearlo en un artículo de opinión, sino más bien en una declaración política colegiada.
Aspectos económicos, financieros y comerciales (las sanciones)
Es una realidad inocultable que las sanciones solo serán levantadas de manera progresiva y jamás de forma maximalista, de un solo golpe, como plantean en sus discursos tanto Jorge Rodríguez como el mismo Nicolás Maduro, por lo cual de seguir con dicha petición se trancaría la negociación y entonces el gobierno de Estados Unidos pasaría a una fase mucho más agresiva de sanciones de corte desconocido, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con Venezuela.
Aspectos diplomáticos y metodológicos
Es muy importante, debido al tiempo invertido y al poco que nos queda para el proceso electoral en Venezuela, que se decidiera apoyar las negociaciones de México y no comenzar de nuevo otro proceso, siguiendo las pautas acordadas en dicha negociación. Asimismo, sobre el tan mencionado Fondo Fiduciario de la ONU, que es el encargado de administrar los 3.200 millones de dólares estadounidenses para gastos sociales y de infraestructuras, deben ser acordados por las 2 partes y no por el gobierno nacional, como si fuera un traspaso puro y simple de devolución de bienes, por lo cual, de seguir con esta conducta de parar el proceso por razones de este tipo, amenaza con hacer saltar TODO el proceso de negociación.
Conclusiones
El tiempo está peligrosamente delimitado para todos los actores participantes en la negociación, pues tratan de acomodar sus posiciones, antes de la ocurrencia o para prevenir peores situaciones económicas y sociales, de continuar las sanciones o endurecer las mismas. Solo el gobierno nacional conoce el estado real de sus finanzas públicas y la verdad de los sondeos de opinión, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación social no se atreven a publicar para no sufrir la ira del gobierno, así como entienden que la posibilidad de una grave frustración colectiva, en el caso del próximo aumento del salario mínimo, puede tener graves consecuencias laborales en la administración públicas a todos sus niveles, aumentando la impopularidad y generando nuevos problemas sociales.
Por todas estas razones, es que se llevan en secreto y confidencialidad todas estas negociaciones.