El desafío más crucial de Venezuela, después de sacar a los socialistas carnívoros de Miraflores, será hacer crecer la economía de manera acelerada y sostenida en el tiempo, para destruir la pobreza y ampliar masivamente la clase media. La expansión de la economía, impulsada por la inversión, creará buenos empleos, y los empleos son la clave para sacar a las familias de la pobreza.
Se requiere varios ingredientes que deben concurrir para lograr el crecimiento que necesita el país. Entre todos estos factores el más importante es estimular cuantiosas inversiones privadas, nacionales e internacionales, que permitan reactivar la economía y poner a Venezuela en una senda de desarrollo creciente. Para incentivar el esfuerzo privado, a su vez, el Estado debe garantizar una economía de libre mercado; respeto a la propiedad privada; seguridad; un sistema judicial profesional, honesto e independiente que garantice la resolución de conflictos; un sistema tributario adecuado que estimule la inversión al tiempo que garantice recursos para que el Estado atienda sus responsabilidades; una moneda estable y acabar con la inflación.
Pero, en las condiciones de destrucción generalizada en la que ha sumido el régimen al país, se requiere además un esfuerzo intenso de reconstrucción de la infraestructura y de servicios públicos con inversiones masivas del Estado, junto con el sector privado, para crear las condiciones de productividad necesarias para que la economía venezolana se levante sobre sus pies, y pueda competir globalmente. Este programa masivo de inversiones deberá alcanzar progresivamente al 6% del tamaño total de la economía (PIB), que es el doble de la inversión pública promedio en América Latina. Esta magnitud de inversión estimulará la economía en el corto plazo y establecerá la base para el incremento de la productividad del sector privado y el creciente aumento del empleo. Entre los proyectos más urgentes están el restablecimiento de la capacidad del país de producir energía -no más apagones-; agua limpia y sin interrupciones; gas por tubería a las viviendas; restaurar la calidad y aumentar la cantidad de vías de comunicación terrestres, desde autopistas hasta caminos rurales; actualización y ampliación de puertos y aeropuertos; modernización de las telecomunicaciones -más y mejor internet- y la recuperación de la infraestructura de educación y salud; entre otras acciones prioritarias.
El amplio esfuerzo de inversión debe tomar en cuenta especialmente la infraestructura de las ciudades. En un país como Venezuela, donde más del 88% de la población vive en ciudades, es ineludible hacer un esfuerzo especialmente concentrado en las áreas urbanas del país. Las ciudades son los motores más poderosos de la economía en naciones con alta urbanización. Típicamente, las ciudades concentran una capacidad de producción económica mayor en proporción a su población. Por ejemplo, en América Latina, las ciudades con más de 300.000 habitantes acogen al 45% de la población total del continente, y producen casi el 60% del PIB. Venezuela no es una excepción -descontando la producción petrolera. La razón por la que las ciudades son tan productivas responde a la concentración de inversión, empresas, empleados, y población que demanda los productos. Esta agrupación de factores genera lo que se conoce como economías de aglomeración. Cuantos más factores económicos se juntan en las ciudades, más productiva es la economía y más aporta al total nacional, lo que hace atractivas a las ciudades y las hace crecer aún más en población y en inversión privada. Un círculo virtuoso.
Sin embargo, el crecimiento de las ciudades produce eventualmente congestión, ineficiencia, servicios públicos deficientes, infraestructura insuficiente de transporte, contaminación ambiental, etc. Todos estos inconvenientes ejercen una fuerza contrapuesta al crecimiento económico y generan lo que se conoce como deseconomías de aglomeración. Para contrarrestar las deseconomías de aglomeración e impulsar el crecimiento ordenado de las economías urbanas, y de la nación, se requiere inversiones cuantiosas en infraestructura y equipamiento urbano. Este tipo de inversión debe formar parte esencial de un programa de inversión nacional y subnacional para la recuperación de Venezuela. En esta perspectiva, los gobiernos de los estados y los municipios del país deberán formar parte del gran esfuerzo de inversión nacional para relanzar al país. Nuevamente, volviendo a la realidad de América Latina, en los países federales y en los países descentralizados de la región, los gobiernos subnacionales son responsables, en promedio, entre el 40% y 60% de la inversión pública total. Los Estados y municipios del país tendrán una responsabilidad con sus respectivas comunidades, pero igualmente con la recuperación y proyección al futuro del país en su totalidad.
Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de María Corina Machado y ex gerente general de países andinos del BID.