Las calles de los pueblos venezolanos se han llenado de protestas; no es algo nuevo a pesar de lo que nos quieren hacer creer a través de las redes sociales o las cadenas de WhatsApp.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el primer semestre de 2020 se registraron en todo el territorio nacional 4.414 acciones de protestas callejeras lo que equivale a 25 acciones diarias.
La gente en Venezuela protesta, y lo hace a diario.
Los cortes de energía eléctrica, las fallas en el suministro del agua y el gas ocupan las tres principales reivindicaciones sociales; derechos básicos que son premeditadamente restringidos por parte del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro y sus cómplices.
En este primer semestre se ha sumado la escasez de gasolina, que ha generado que parte de la sociedad civil que se mantenía alejada de las principales protestas comenzara también a alzar su voz para exigir la solución de este problema.
Ahí es precisamente donde algunos analistas y expertos han llegado a la conclusión de asegurar que la falla en el suministro de este vital combustible es consecuencia de las sanciones que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos al régimen venezolano.
Algunos repiten y argumentan que producto de esas sanciones el país ha llegado al colapso total; fin de mundo, apocalipsis terrenal, injusticia social y mejor no seguir citando las excusas que calcan a la perfección el discurso del chavismo, en el que señalan a terceros la responsabilidad de la destrucción de toda la industria petrolera.
Sucedió igual con la industria de alimentos, con la farmacéutica y en general con todo el aparato productivo del país.
En los tiempos de bonanza financiera, los efectos de esta destrucción económica se sintieron poco. La dictadura tenía cómo pagar a sus socios chinos, rusos, iraníes y hasta cubanos los productos que iban desapareciendo y fue así como comenzamos a ver en las calles venezolanas mercancía fabricada en estos países, también de aquellos que mantuvieron y reforzaron los negocios de nuevos boliburgueses con productos argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños y hasta mexicanos.
Todos cuadrados y negociados con gobiernos pro chavistas que lograron desangrar económicamente al país, mientras la sociedad vivía en el espejismo del realismo cruel mágico de una supuesta “normalidad”.
Esta destrucción no es casual, forma parte de la estrategia de buscar la sumisión de los que aún permanecen en el país y aúpa el éxodo masivo de venezolanos que deciden no por convicción sino por obligación y por instinto de supervivencia salir al exilio.
Lo que era inevitable sucedió: le llegó la hora de la desgracia a la industria petrolera. Se acabó la gasolina y el gasoil, pero no por las sanciones sino por la sistemática, silente y progresiva corrupción que se desarrolló en todo lo que tiene relación a Pdvsa.
Contratos con sobreprecios, despidos masivos de personal calificado, hicieron negocios millonarios, expropiaron las estaciones de servicios, militarizaron toda la industria y por supuesto acabaron con todo.
Asumamos que las sanciones tienen alguna responsabilidad. Cómo se explica que Irán, país que también esta sancionado, continúa produciendo y comercializando petróleo y sus derivados. Siguen llegando barcos vendidos y pagados en moneda americana.
En el caso de la gasolina, no cabe la excusa de iguanas, atentados o cualquier argumento que siempre generaba el aparato propagandístico de la tiranía. Por eso preocupa que se intente justificar desde sectores opositores que las sanciones promovidas por el gobierno americano son responsables de la falla del suministro.
Mientras tanto, pueblos culturalmente chavistas como Yaritagua, Chivacoa y San Felipe, por citar solamente algunos del estado Yaracuy, salieron a las calles a exigir sus derechos básicos como un suministro permanente de luz, agua, gas y gasolina; solo falta que entiendan que para tener todos esos derechos garantizados se necesita que retorne la democracia.
De allí la importancia de mantener en las calles las candelas encendidas.
@andcolfa