Cualquier persona con formación académica sabe que toda ley se redacta conforme a preceptos constitucionales. La autonomía universitaria aparece en la vigente de Venezuela de (1999) sin que ello consagre la extraterritorialidad o discriminación de individuos adcritos a casas de estudios superiores. En el curso de más de dos lustros luego que promulgara la Ley Orgánica de Educación (firmada el 15-08-2009: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2018/08/Ley-Org%C3%A1nica-de-Educaci%C3%B3n.pdf), debo lamentablemente concluir que los rectores de las universidades autónomas de Venezuela permanecen en desacato y se han eternizado al mando más por ambición e inclinaciones corruptas que tozudez o petulancia. Si todo el pueblo venezolano [culto, iletrado, sin educación formal, docto, rico o pobre] puede elegir al principal de la república, ¿por qué no a las autoridades educativas?
No sólo he leído varias veces la sancionada Ley Orgánica de Educación de la cual los jerarcas del gobierno afirman es marco y que yo defino mega norma. A la LOE suelen enfrentarla o apoyarla numerosas personas que todavía no la han leído, lo cual prueba que no fue consultada conforme a cuanto establece la sistemáticamente violada Constitución Nacional de 1999. Tiene (a mi juicio) artículos malintencionados y también ambiguos, empero, igual varios excelentes.
Cómo puede alguien enfadarse con el artículo 3º, que boga a favor de la participación protagónica de los ciudadanos (en general, sin exclusiones de ninguna índole). Que el texto propugne, por ejemplo, «el respeto hacia la vida, el amor y la fraternidad» entre las personas es vindicativo en el actual ambiente político nacional caracterizado por la violencia paramilitar, castrense y policíaca de origen oficial contra quienes atreven a disentir de ese adefesio o falacia que llaman Socialismo del siglo XXI. La educación como un «derecho humano» y su «gratuidad» (artículos 4º y 6º) no tiene por qué disgustar a nadie. Entre las cosas que garantiza el artículo 6º está algo que ha sido preterido por los prejuicios y que me parece fabuloso y justiciero: reconocer, mediante oportuna acreditación oficial, los conocimientos y saberes extramuros de quienes han elegido instruirse por su cuenta y riesgo o que devienen doctos en ciertas artes o disciplinas de libre ejercicio (el autodidactismo no tiene por qué asombrar a nadie ni ser preterido en las sociedades).
El artículo 4º es, a mi parecer, malintencionado. Facilitar la «participación» de (explícitamente lo declaran) «distintas organizaciones sociales» contaminaría el proceso educativo con intereses obscuros, irrevelables o políticos. Esa «diversidad de organizaciones sociales» podría incluir aquellas partidistas u otras insospechadas, hasta inmorales o macabras, y ello afectaría la calidad de la enseñanza y la paz escolar. Las representaciones de índole comunitaria son necesarias, pero sin inmiscuir a los perversos del ámbito político o sujetos de dudosa calificación moral. Los padres, madres o representantes tenemos el tácito derecho de informarnos de eventuales situaciones malas o buenas que pudieran afectar tanto negativa como positivamente las instituciones educativas y a nuestros hijos.
Es maravilloso que la LOE prohíba la praxis de incitación al odio (artículo 10º). La publicación de mensajes o propaganda extraacadémica es fundamental para el mantenimiento de la paz entre los estudiantes, profesores y padres o madres. Algo que ya fue violentado por el Jefatural Supremo (y lacayos conexos) de la «revolución» o PSUV, que siempre olvida fue elegido Presidente de la República para cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes. En una intervención mediática, incitó a los infantes odiar a quienes somos despectivamente calificados como «escuálidos» por la oligarquía del Socialismo o Muerte Venceremos (en flagrante imitación de los actos de segregación política, étnica y religiosa contra los judíos que practicaban los nazi-fascistas en la Alemania de Hitler).
Mediante el voto, la participación de todos los integrantes de las universidades para elegir autoridades me parece acto de indiscutible justicia que acabará con antiquísima y persistente arrogancia de ciertos tipejos antes y luego de alcanzar cargos directivos. Es baladí oponerse. En las instituciones que imparten educación superior todos deberíamos ser tratados como lo que somos, seres humanos, independientemente de las labores que realicemos o los cargos de responsabilidad que hayamos merecido o se nos hubiere conferido por nuestras aptitudes. Los empleados administrativos, obreros y profesores (aun los de incipiente escalafón académico) también «son gente» y no deben permitir a los cretinos en desacato de la LOE fruncir sus entrecejos o pavonearse en actitud soberbia cuando se dirijan a ellos abusando de su condición de jefaturales universitarios.
@jurescritor