Preocupa la narrativa del gobierno. Pretenden ignorar la exigencia del pueblo soberano y del mundo sobre la necesidad de entregar las actas, publicar los resultados y llevar a cabo una auditoría transparente e imparcial de los votos, que garantice el reconocimiento de los resultados. Mientras esto ocurre, lanzan una campaña contra la violencia (que todos condenamos y rechazamos), criminalizando la protesta y presentando a todos los miles de manifestantes como delincuentes. Hablan de un “plan” y desconocen el descontento. Me recuerdan a los voceros del gobierno de CAP después del Caracazo… Hacen como los niños que al ser descubiertos en una travesura tratan de distraernos hablando de otra cosa. Repetimos: ¡las actas son la paz!
Otro detalle, si el sistema fue hackeado, ¿de dónde salieron las actas del 80% que lo dan ganador? ¿Y por qué ese 80% de actas que se supone ya fueron revisadas no han sido publicadas? ¿Puede confiarse en que no estén corruptas esas actas? ¿Por qué no se verifican y cotejan con las que tienen los candidatos? ¿Qué impide que se haga una auditoría completa del proceso y se abran las cajas para cotejar los votos con lo que dicen las actas? ¿Por qué llevar un asunto político y ciudadano que puede y debe solucionar fácilmente el CNE, al TSJ, si un caso similar ya se resolvió en 2013 con una auditoría? Esa es la mejor forma de saber si hubo hackeo, ¿quién miente, quién dice la verdad y, sobre todo, cuál fue la decisión soberana del pueblo? ¿Cómo es qué el PSUV tiene 100% de las actas y el CNE no termina de publicar para cotejar? Amigos del PSUV, ¡solo queremos respuestas!
Somos ciudadanos de a pie sin ningún tipo de privilegios. Solo contamos con nuestra voluntad y nuestra palabra, lo único que queremos es ser escuchados por las instituciones. Queremos paz y fortaleza institucional… no queremos ser incómodos y molestar… Pero no se puede despojar a los ciudadanos de nuestro derecho a controlar el proceso electoral y a recibir y disponer de información pública que nos pertenece. No se sientan amenazados. No nos señalen y descalifiquen. Se trata de encontrarnos y dialogar poniendo siempre por delante el interés de la gente.
Ya está fuerte la vaina de las acusaciones, amenazas, chantajes, intimidaciones y las teorías conspiranoicas. En cualquier momento afirman que pedir la publicación de las actas es un acto subversivo y solicitar transparencia y reconteo de votos es traición a la patria. Coño, ¿qué les pasa? ¿Quieren que la gente se la cale sin chistar? ¿Está prohibido dudar de los resultados? ¿Eso nos convierte en sospechosos de terrorismo y cómplices del imperialismo? ¿Desde cuándo exigir que se respete la soberanía popular, como lo hicimos aquel 11, 12 y 13 de abril de 2002, pasó a ser un delito? ¿Qué vaina es esa de criminalizar a los que pedimos que las instituciones funcionen y cumplan su responsabilidad? ¿Hasta cuándo hay que calarse campañas de desprestigio y difamación contra los que defienden la verdad y el cumplimiento de la ley? ¿De qué se nos acusa? ¿Querer democracia nos hace sospechosos?
¡Queremos la paz! No somos violentos, no somos subversivos. No instigamos el odio. No esparcimos ni creamos falsos positivos para incriminar a nadie. No amenazamos a nadie. No acusamos a nadie de nada. No sembramos ninguna teoría de la conspiración. Solo defendemos la vigencia de la CRBV y defendemos las leyes de la República.
¿Será muy ingenuo solicitar sensatez, diálogo, negociación, acuerdo?
Originalmente publicado en la cuenta de X de Juan Barreto @juanbarretoc