Ilustración: Juan Diego Avendaño
El pasado 2 de octubre, en sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington, Jennie Lincoln, jefe de la Misión del Centro Carter, única institución independiente en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio anterior, presentó las actas originales de resultados emitidas por las mesas de votación en ese evento y entregadas a testigos del acto. Muestran la victoria contundente del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática frente al del oficialismo. Ya antes la misma institución había emitido un informe señalando irregularidades en el proceso y cuestionando los resultados emitidos por el organismo electoral.
Pasada la medianoche del 28 de julio, el presidente del “cne”, el militante chavista Elvis Amoroso, en cadena de medios, dio a conocer “los resultados” de la elección presidencial. El anuncio se había retrasado varias horas (“se están robando los votos”, escribían muchos en las redes). Quienes miraban la televisión adivinaron lo que seguiría. El funcionario, con cara de mentiroso, tenía un papel cualquiera (no parecía de informe oficial), con números garabateados a mano. Advirtió que su presentación se había demorado por un hackeo del sistema de transmisión de datos del organismo (originado en Macedonia del Norte), imposible según los expertos. Con 80% de las mesas escrutadas, dijo, Nicolás Maduro había ganado con 5.150.092 (51,2%) contra 4.445.978 (44,2%) de Edmundo González Urrutia. La tendencia, aseguró, era “irreversible” (aunque faltaba por sumar ¡20% de los votos!). En fin, atribuyó al total de candidatos un porcentaje superior al 100% de los escrutados.
Aquellas cifras eran muy distintas a las del “exit poll” de la reconocida firma Edison Research: victoria (en todos los estratos, incluido el electorado chavista) de EGU con 65% contra 31% de NM publicada a las 6.40 pm, recibida como plomo en Miraflores. Otros 3 sondeos y 3 conteos rápidos confirmaron poco después esas predicciones. Apenas terminada la intervención del oficialista, María Corina Machado (actas en mano), lo desmintió: las actas remitidas hasta aquel momento (más del 70%) por los testigos (maquinaria extendida y eficaz), que de inmediato se colocarían en las redes, indicaban el triunfo de su candidato con 67% contra 31%. Al día siguiente, el mencionado Amoroso, sin esperar un nuevo boletín oficial (que sólo se dio a conocer cuatro días después) proclamó como ganador a Nicolás Maduro: habría obtenido 6.408.844 “votos” (51,95%) mientras reconoció a González Urrutia 5.326.104 votos (43,18%). No mencionó porcentaje de participación.
Las actas transmitidas por los testigos hasta el 5 de agosto (25.073) representan 83,5% del total (30.026) de las mesas previstas. En aquellas debían votar 18.122.062 electores, 84,99% del total nacional (21.321.783). En realidad, en las mismas votaron 10.888.475 electores (60,08%). Se trató de una participación mayor que la anunciada en el último evento de ese tipo (46,07% en 2018); Pero, como se verá, pudo ser más alta dado el entusiasmo exhibido en la campaña opositora; seguramente con cifras similares o superiores a las de 2012 (80,20%) y 2013 (79,65%). Entonces, apenas se había iniciado la emigración masiva de los venezolanos. El dato refleja la magnitud de ese fenómeno: cerca de 20% de los electores (4,26 millones) se encuentra fuera del país. Y a ellos se les negó el derecho a elegir (sólo podían hacerlo 69.211 residentes en el exterior, sin que se haya informado cómo lo hicieron).
Faltan, pues, por incluir los resultados de 4.953 mesas (16.5% del total) en las que figuran 3.199.721 electores (15.1% del total). Si se atribuyeran sus votos al candidato perdedor, no serían suficientes para revertir el resultado parcial, pues, la diferencia con el ganador es de 3.987.019. La misma se reduciría a 787.298, suficiente para tenerla por clara e indiscutible decisión. Sin embargo, cuando se puedan sumar todos los votos la diferencia, más bien, aumentará sustancialmente. Porque en los resultados faltantes debe suponerse los mismos porcentajes de participación (60,08%) y de votos para los dos principales candidatos (67,1% de EGU y 30,7% de NM). Así, en las mesas faltantes deben haber votado alrededor de 1.945.430 electores, 1.305.383 por EGU y 597.247 por NM; y el resultado global debe ser cercano a 8.608.863 para el opositor y 3.913.708 (más de 4.7 millones por debajo) para quien pretende retener el poder usurpado.
Volvamos a las actas conocidas. En realidad, las otras no están perdidas. Las conocen los jefes de la Fuerza Armada (a quienes se confió su custodia) que pueden en cualquier momento reclamar el respeto a la voluntad popular. Es de señalar el alto número de votantes. A pesar de la emigración, que se calcula (2024) en cerca de 7,77 millones de personas, concurrieron a las urnas alrededor de 12,834 millones de electores. El régimen intentó desanimar a los ciudadanos (mediante gestos y actitudes que sugerían la inutilidad del proceso electoral) y advirtió sobre el desconocimiento de un eventual triunfo del candidato opositor (“ni con los votos, volverán a gobernar”). La participación fue más baja en las entidades fronterizas o de la región central.
EGU ganó en todos los estados con mayoría absoluta; y con porcentajes superiores a 59%, salvo en Sucre (50,0% a 47,6%) y Delta Amacuro (53,4 a 44,1%%). Nunca había ocurrido. Y lo hizo desde la oposición (sin utilizar los recursos del poder, como Hugo Chávez).
Por otra parte, Edmundo González Urrutia ganó en todas las regiones:
Por último, Edmundo González ganó en todas las grandes ciudades; y con más de 65% de los votos en las 12 de mayor población. Representan la tercera parte de los votantes del país. En muy pocas Nicolás Maduro superó 30% de adhesión.
Han pasado dos meses desde la elección presidencial. Los funcionarios designados por el régimen para “dirigirlas” no han realizado la totalización de los votos en presencia de testigos, ni han publicado, como manda la ley, los resultados por mesas, parroquias, municipios y estados. Hacerlo sería admitir la derrota y el fraude cometido. Tampoco han presentado otras actas, porque hay pruebas, muchas, de los resultados reales. Pero, el autodesignado “fiscal general” no ha procedido a enjuiciar a quienes han incumplido sus obligaciones e intentado burlar la voluntad popular; más, ha abierto averiguación contra quienes han divulgado la verdad de los hechos.
@JesusRondonN