El regreso del PSUV a la Asamblea Nacional es, sin lugar a dudas, un acto de potenciales consecuencias positivas para el país. De entrada supone el reconocimiento de dos cosas de parte del chavismo: la legitimidad de la AN como poder del Estado, su fortaleza política y representatividad como interlocutor válido y el error de haberse marchado.
No obstante lo anterior, sigue sin despejarse hacia dónde conduce tal acción: a la reversión de la dictadura y la reinstauración del imperio de la Constitución vigente o es una maniobra (algo enrevesada) para apuntalar el continuismo del régimen.
Si algo puede aclarar la duda, en el muy corto plazo, es lo que va a ocurrir con el ilegal desacato decidido por el Tribunal Supremo de Justicia contra la AN en 2016. El desacato supuso la esterilización de las competencias legislativas y de control, ambas son junto con la de foro político las razones de ser del Parlamento; sin poder ejercerlas el país entra –cómo en efecto ocurrió– en una dictadura porque el Poder Ejecutivo actúa a discreción.
En el campo de quienes suscribieron el acuerdo de la Casa Amarilla existe la convicción de que es posible y conveniente una reinstitucionalización parcial del Estado. De que por esa vía se pueden comenzar a superar los problemas del país; es decir “del lobo un pelo”.
Conviene preguntarse si lo que el país necesita es una reinstitucionalización parcial o volver al imperio pleno de la legalidad vigente. Además, de lo extravagante de la propuesta, de la tal “reinstitucionalización parcial” no se conoce cuáles son los criterios para determinar qué aspectos se reactivan. El tufillo desprendido por la misma hace barruntar objetivos favorables al oficialismo.
Salvo prueba en contrario, y cuando esto escribo (martes 1° de octubre, 8:00 am) no se ha producido ninguna, podemos intuir que estamos en presencia de una operación política destinada a crear condiciones para alejar las posibilidades de comicios presidenciales ajustados a la legalidad vigente, a mantener la AN como foro de debate político sin restitución de sus competencias medulares, pero buscando hacer creer, mediante la presencia de la bancada chavista en la AN, que la situación institucional se ha normalizado.
Hay quienes especulan (me cuento entre ellos) que un supuesto objetivo es: forzar la omisión legislativa –que la AN no pueda generar la votación calificada necesaria para designar un nuevo CNE– y producir vía TSJ una reforma parcial de la integración del CNE y dar paso a la convocatoria adelantada de las elecciones de renovación de la AN (que toca en 2019, pero a su tiempo y con las condiciones adecuadas); es la repetición de la operación del 20 de mayo de 2018, que lejos de contribuir a abrir caminos para la resolución de la crisis de poder, la agravó.
El “cese de la usurpación” conserva su vigencia porque el régimen, lejos de rectificar, persiste en mantener la dictadura e insiste en una política económica nefasta y ha roto (espero que por ahora) las posibilidades de un acuerdo con las fuerzas democráticas para encontrar una salida real a la crisis sistémica en progreso.
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