La voz de las víctimas

El pasado 9 de septiembre, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, publicó la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Las graves violaciones en esta materia, que afectan aspectos vitales de los derechos sociales, económicos y políticos de la población, muestran al mundo la terrible realidad que los venezolanos venimos padeciendo ante la imposición del régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro.

Para la elaboración de este informe, la alta comisionada acude a cifras y datos recogidos por organizaciones humanitarias y no gubernamentales que hacen vida en el país, ante la opacidad y manipulación de los hechos desde el gobierno venezolano. La documentación de casos, así como el establecimiento de bancos de información fiables que permitan establecer las verdaderas dimensiones de esta tragedia, ha sido posible gracias a la labor de estas organizaciones, tanto de las nacionales como la de las oficinas en el país de grupos internacionales como Caritas, por ejemplo. Esto es de enorme importancia en el actual contexto de ausencia de Estado de Derecho y de institucionalidad pública secuestrada que estamos sufriendo, en que los organismos censuran y ocultan información, criminalizan a las víctimas y distorsionan los hechos a través de un fraudulento discurso oficial.

En este sentido, hemos podido contribuir al documento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la urgente situación de las ejecuciones extrajudiciales en las comunidades de Caracas, a través de nuestra iniciativa de Monitor de Víctimas, que llevamos a cabo en conjunto con el portal Runrunes. Como bien señala el informe, 42,20% de las muertes registradas en julio fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Y continúa Bachelet: “Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”.

Nuestras iniciativas Monitor y Red de Atención a la Víctima han surgido debido a la necesidad de apoyar a los afectados por la violencia en las comunidades populares, en las que la intervención de fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares amparados por el poder han producido una escalada sin precedentes de violaciones de derechos humanos. En los últimos años, el Estado venezolano se ha convertido en unos de los principales factores de violencia, dejando a las personas en una situación de orfandad institucional, hostigamiento, persecución y asesinato. En respuesta a ello, y trabajando siempre desde los valores convivenciales y democráticos, hemos desarrollado estas iniciativas articulándonos con líderes de las comunidades, vecinos y organizaciones de la sociedad civil, en las áreas de asistencia psicológica, apoyo legal, inserción social de jóvenes en situación de riesgo, difusión de información, recolección de testimonios y el registro de datos veraces.

Debemos resaltar la necesidad de crear mecanismos de ayuda y apoyo que articulen a los diferentes sectores de la sociedad ante lo que es uno de los problemas más urgentes que atraviesa el país en medio de la crisis sistémica que nos acontece. De igual importancia, es esencial la vinculación con las personas en el establecimiento de estas iniciativas: las víctimas, sus familiares y las comunidades en las que hacen vida, no solo deben ser el foco principal de ayuda sino también los principales voceros de la problemática, ayudando a generar información fiable y aportando testimonios que permitan llevar justicia a estos crímenes.

Como lo ha mostrado este nuevo informe de la ONU, es a través de la voz de las víctimas que se está conociendo y alertando sobre la nefasta realidad que vivimos en el país. Esto es fundamental para que una comisión de investigación permanente por parte de la ONU se establezca en el país y cuente con documentación y testimonios que reflejen la verdad sobre lo que está ocurriendo con los derechos humanos en Venezuela.

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