La Declaración de los ministros de Relaciones Exteriores del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América) más el alto representante de la Unión Europea constituye un contundente apoyo al cambio democrático en Venezuela, en correspondencia con la decisión soberana del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El canciller del régimen elaboró de inmediato un comunicado en el que intenta descalificar la decisión de los países que integran el Grupo de los Siete con el típico y trasnochado lenguaje que caracteriza los documentos oficiales. Se permiten también anunciar que el régimen “revisará” las relaciones de Venezuela con cada uno de los países firmantes de la declaración. Nada que sorprenda, por lo demás. Lo que el gobierno y el canciller evitan es entrar en la discusión de su aplastante derrota electoral.
La Declaración de los cancilleres del G7, precisamente, lo que recuerda es el asunto crucial de lo que ocurre en Venezuela: respetar la voluntad de los votantes. Por eso, “los siete”, que representan a naciones democráticas y de progreso, manifiestan: “Seguiremos apoyando los esfuerzos de los socios regionales para facilitar una transición democrática y pacífica”.
Ningún país de cariz democrático, más allá del G7, desconoce lo que pasó en Venezuela en la elección presidencial, en la que se expresó una amplísima mayoría a favor del cambio democrático representado en la candidatura de Edmundo González Urrutia. Hasta los países que tienen, o tuvieron, alguna cercanía ideológica con el régimen de Maduro exigen que se presente la documentación que certifique la supuesta, y negada, victoria oficialista y que, por tanto, hasta que eso se produzca no habrá reconocimiento alguno de Nicolás Maduro como presidente electo.
El mundo democrático no da esa página por vista, todo lo contrario. Como tampoco, y fundamentalmente, lo deben hacer los venezolanos que votaron por el cambio, quieren el cambio y están dispuestos a luchar por el cambio. El final no ha llegado ni llegará mientras se mantenga en el poder un régimen aborrecido por una mayoría no vista nunca en una elección venezolana, ni recientemente en la de un país de tradición democrática. En la elección presidencial de Uruguay, de hace unos días, la diferencia a favor del ganador fue tan solo de cuatro puntos, suficientes y, además, aceptados como resultado irrebatible por la coalición perdedora.
Por cada voto que sacó Maduro, la oposición democrática obtuvo un poco más de dos, a pesar de que se bloqueó la participación de millones de votantes dentro y fuera del país. Esa victoria tiene que cobrarse. Para recuperar económica y socialmente al país, para que con la transición democrática se reconstruya la confianza en las instituciones, para detener la sangría migratoria y garantizar a todos los que viven en Venezuela la posibilidad de ser dueños de sus vidas y libres para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos.
“El 28 de julio, el pueblo venezolano tomó una decisión clara en las urnas”, subraya el G7. Revertir el fraude es una tarea impostergable. Un derecho y un deber.