La violencia institucional es el daño causado por sistemas (como gobiernos, empresas, instituciones educativas, instituciones religiosas, fuerzas del orden, sistemas sanitarios, entre otros) a través de sus políticas, prácticas, mandatos o disposiciones estructurales. Cuando este tipo de violencia aflora ante los ojos de la sociedad, la misma ya ha tenido arraigo en el funcionamiento y las normas de estas instituciones, lo que conduce a la marginación, la opresión o el daño directo de personas o grupos, en particular los más vulnerables, subordinados, marginados o disidentes.
La violencia institucional suele tener su origen en desigualdades basadas en la raza, el género, la clase social, la tendencia política y otras divisiones sociales. Cuando las instituciones perpetúan estas desigualdades a través de su funcionamiento cotidiano, exacerban el daño y la injusticia, que con el transcurrir del tiempo nubla la capacidad de autocorregirse y asumen como método de gobernabilidad la imposición de sus mandatos por la fuerza.
Las instituciones suelen tener un poder considerable sobre las personas, y cuando este poder no es controlado o protestado oportunamente, da lugar a abusos de cualquier índole contra individuos y grupos de manera selectiva. Esto es evidente en casos de brutalidad policial, disidencia política, prácticas laborales explotadoras y políticas sanitarias discriminatorias, por citar algunos contextos.
Las creencias y normas culturales que justifican o pasan por alto ciertas formas de violencia, contribuyen a reproducir la violencia institucional. Por ejemplo, las normas patriarcales pueden dar lugar a políticas discriminatorias contra la mujer; así como también, las normas tiránicas justifican el abuso de poder “por un bien mayor” y la no rendición de las cuentas de sus actos. Incluso, suelen diseñar leyes a su medida, para aplicarlas según las circunstancias les sean adversas.
Lamentablemente, en Venezuela ha sido habitual desde hace más de dos décadas observar a algunos funcionarios de medio y alto rango, incurrir en prácticas nocivas, sin que se haya evidenciado la corrección del sistema y la aplicación de la justicia sobre ellos; contrariamente, han sido reconocidos o ascendidos para ser usados como instrumentos especializados para la aplicación de la violencia.
Medios de comunicación, redes sociales, discursos públicos y conductas públicas se encuentran plagados de tristes ejemplos de este tipo. Incluso, llama la atención la reproducción de hechos o frases violentas (sobre todo de sucesos políticos) con poco repudio o un llamado a la solidaridad contundente y masivo en favor de los más afectados. Esto ocurre debido a la tolerancia sistemática de agresiones verbales, descalificaciones, irrespeto a la constitución, incumplimiento de las leyes, corrupción, falta de transparencia, abuso del poder, y la ineficacia de los mecanismos de control y supervisión oportuna, incluso de las instancias internacionales.
Como se ha observado en nuestro país, el grueso de la población es marginada o desatendida por las instituciones, llegando a padecer exclusión social y política, menor acceso a los recursos y menos oportunidades de progreso, a tal punto que el fenómeno migratorio de Venezuela es el más acentuado y visible de todo el continente y muy posiblemente del planeta.
Las víctimas de la violencia institucional, tanto particular como general, sufren a menudo trastornos psicológicos, como ansiedad, depresión y trauma, debido a la naturaleza deshumanizadora y opresiva de la violencia. La violencia institucional erosiona la confianza pública en las mismas instituciones que se supone deben proteger y servir a la comunidad. Esto puede conducir a una desilusión y un cinismo generalizados. Cuando el Estado tolera mecanismos para perpetuar y exacerbar las desigualdades sociales, políticas y económicas existentes, dificulta que los grupos marginados (de manera natural) alcancen la igualdad y la justicia.
Cuando la violencia institucional es generalizada y persistente, puede provocar malestar social, protestas e incluso resistencia violenta cuando los grupos marginados buscan justicia y un cambio anhelado por años. Como sociedad podemos hacer frente a la violencia institucional promoviendo y aplicando reformas que fomenten la equidad, la justicia y la rendición de cuentas en las instituciones. Esto incluye la revisión de leyes, políticas y prácticas que perpetúan el daño. Es fundamental reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Esto puede implicar la creación de órganos de supervisión independientes, la mejora de la protección de los denunciantes y la garantía de que las instituciones rindan cuentas al público.
Informar al público sobre la existencia y el impacto de la violencia institucional es esencial para crear un entendimiento colectivo y la voluntad de abordar el problema. Esto puede lograrse a través de los medios de comunicación, los sistemas educativos y el activismo de base. Apoyar el empoderamiento y atención de los grupos marginados mediante la organización comunitaria, la defensa legal y las iniciativas económicas puede ayudar a contrarrestar los efectos de la violencia institucional y dar a estos grupos una voz más fuerte o ayudarles en alguna medida a generar resiliencia. Finalmente, para lograr un cambio a largo plazo es necesario abordar de manera crítica, las normas culturales que sustentan la violencia institucional. Esto implica cuestionar y exigir el cambio de actitudes políticas y sociales que toleran o justifican el daño y por supuesto promover valores de igualdad, justicia y respeto. Igualmente, se debe repudiar de forma masiva y contundente la actitud violenta de los funcionarios, tanto en sus discursos como en sus acciones. Quizás, en un momento determinado, sea una minoría la afectada, pero con el paso del tiempo, esta forma de ejercer el poder, termina afectando a toda la sociedad. Finalmente, emprender acciones legales y locales contra las instituciones que incurren en prácticas violentas, puede disuadir de futuros daños y proporcionar justicia a las víctimas. Los desafíos legales también pueden sentar precedentes importantes para la protección de los derechos.
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