Las medidas que tomó Macri en Argentina tuvieron un costo político-electoral
Venezuela atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere la participación de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio político, también se requiere un cambio en el modelo económico, lo cual implica la transformación de la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.
Cualquier gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación.
Como se sabe, a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que suele dar al traste con los gobiernos que las aplican. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento, para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la decisión de sincerar las tarifas, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste, el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.
En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público- se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital, la intensidad de las protestas obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para atrás las medidas. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado.
La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.
En este sentido, la viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Hasta ahora, la atención nacional ha estado enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.
Quienes aspiran a gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista -plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas, la transición política puede ser abortada y los desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de corregirse se verán agravados.
@victoralvarezr