Consolidar la unidad se ha transformado para la dirigencia opositora, en particular para Juan Guaidó, Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López y los partidos reunidos en lo que se ha llamado, coloquialmente, la mesita, en un inmenso reto. No han podido encontrar una acertada respuesta a la estrategia electoral madurista. La reciente liberación de los 130 presos políticos ha expuesto claramente, de acuerdo con mi criterio, el objetivo del régimen: obtener la victoria en las próximas elecciones parlamentarias y lograr que dicho resultado sea reconocido por la comunidad internacional. Nicolás Maduro sabe que es imposible triunfar en unas elecciones populares en medio del inmenso rechazo, superior a 80%, que tiene su gobierno en la sociedad venezolana. La única manera de hacerlo es mediante la perpetración de un inmenso fraude o estimular una gran abstención. Las medidas iniciales fueron orientadas al logro del primer objetivo: el írrito Tribunal Supremo de Justicia, siempre a su servicio, arrogándose la facultad constitucional de la Asamblea Nacional, designó al nuevo Consejo Nacional Electoral.
No satisfecho con esa medida, el mismo tribunal, en lugar de propiciar la realización de elecciones internas, reemplazó, arbitrariamente, las directivas de los partidos políticos, otorgándoles, además, el uso de sus tradicionales símbolos y tarjetas. Esta medida terminó de consolidar la tendencia abstencionista. Sin embargo, seguro como está de que existe un sector de la oposición favorable a la participación, ha iniciado la segunda parte de su estrategia: implementar medidas que hagan percibir a las elecciones parlamentarias como medianamente aceptables por la comunidad internacional para poder negociar la suspensión de las sanciones que pesan sobre su gobierno. La excarcelación de algunos presos políticos es una de ellas.
A esto se suma la imposibilidad de lograr la unidad de la oposición democrática ante el dilema de votar o no votar. La única manera de lograrla es dar inicio a importantes negociaciones entre sus dirigentes que permitan interpretar acertadamente las circunstancias políticas que surgirán después de las elecciones parlamentarias para poder decidir acertadamente, en este momento, si es conveniente ir o no ir a votar.
Lamentablemente, la invitación a negociar, realizada por Juan Guaidó, tuvo tres respuestas de distinto tono: Antonio Ledezma apoyó con firmeza el planteamiento de Juan Guaidó de constituir un gobierno de unidad nacional para enfrentar la pandemia “que no puede estar conformado por los que pensamos igual”, pero, manifestó su rechazo a la participación electoral y su desacuerdo con la propuesta de una consulta popular como la del 16 de julio de 2017. Henrique Capriles presentó un documento que tituló: “A nuestra Venezuela sobre la Unidad y los tiempos por venir”. En la parte inicial del documento cuestiona los llamados a la unidad por considerarlos vacíos al no haberse escuchado suficientemente a las grandes mayorías, “en especial las que sufren los embates de la pobreza, hoy en los niveles más altos de nuestra historia”. Posteriormente planteó cinco puntos, entre los cuales analiza, con particular atención, el tema de las elecciones parlamentarias al plantear que “un evento electoral siempre puede convertirse en un hecho movilizador que permita al país reencontrar el camino de la política”; es decir, dejó entrever su apoyo a la participación electoral.
La respuesta más radical fue la de María Corina Machado, quien en una carta cuestionó la gestión de Juan Guaidó, como encargado de la Presidencia de la República, al afirmar: “Nosotros fuimos pioneros al apoyarte… Lo hicimos porque te comprometiste a la ruta que de allí derivaba y que tú asumiste, en el cual el punto crucial e innegociable era poner fin al régimen de Maduro. Con este propósito fuiste juramentado… Esa ruta estaba clara, la debías seguir hasta conseguir la victoria… Siempre te planteé que la salida del régimen de Maduro requería construir una opción de fuerza, y que para ello la activación del TIAR revestía importancia. Después de 17 meses como presidente interino, insistes en proponer un gobierno de emergencia nacional. Pero, Juan, tú eres el gobierno de emergencia nacional o, por lo menos, has debido serlo”. El contenido de esta carta me produjo sorpresa. Me pareció que la historia se había detenido. Las únicas alternativas de fuerza posible son: una intervención militar multilateral con el respaldo de Estados Unidos, una acción militar interna y una revuelta popular. Las posibilidades de realización de esas tres opciones se ven muy limitadas en las actuales circunstancias.
Las declaraciones de Elliott Abrams, en el caso de la primera opción, son terminantes: Ante la pregunta: “¿Debe Guaidó solicitar la intervención militar para que suceda?, respondió: “…cualquier presidente de Estados Unidos, si quiere usar la fuerza para defender nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Francamente no depende de Juan Guaidó, depende del presidente Donald Trump”. La posibilidad de una acción militar nacional es inexistente: el grado de control interno y el nivel de represión sobre los cuadros de la Fuerza Armada son tan elevados que es difícil que se pueda producir. Además, se requeriría una mayor alteración del orden social para que puedan darse las condiciones requeridas para su realización. Una rebelión popular también es difícil que pueda organizarse. Las experiencias de estos veinte años muestran que los cuerpos militares y policiales, acompañados de los grupos armados del oficialismo, están siempre dispuestos a reprimir, con gran violencia, cualquier alteración del orden público. Aparte de todo ello hay que agregar los efectos mundiales de la pandemia. En consecuencia, la alternativa del uso de la fuerza se ve irrealizable. Descartada esa opción, solo queda construir una verdadera y sólida unidad de la oposición, deslastrada de exageradas ambiciones personales, para poder ejercer acciones efectivas en el orden político destinadas a poner fin a la dictadura madurista.