El gobierno lleva alrededor de dos décadas poniéndole el ojo. Pero no para transformarla y ponerla a tono con los nuevos tiempos, sino para echarle mano y controlarla, impidiendo que sea una institución díscola, inclinada a pensar libremente, dándole la espalda al pensamiento oficial, dictado desde la comodidad del poder y convertido en doctrina infalible para interpretar todo cuanto ha pasado a lo largo de nuestra historia y fundamentar el que ha de ser nuestro inevitable y épico futuro.
Incompatibilidad de caracteres
Estos veinte años han demostrado que el gobierno no se lleva muy bien con las universidades, en particular las públicas autónomas. De ello dan fe diversas medidas que han llevado al deterioro de sus instalaciones, la disminución en el número de profesores y estudiantes, la disminución de las actividades e investigación, la precariedad del salario de docentes y empleados y otro conjunto de decisiones que las tienen en situación de sobrevivencia, literalmente hablando.
En términos generales se trata de una estrategia gubernamental orientada a achicar la libertad política en cada espacio (las federaciones deportivas, los consejos comunales o el propio PSUV, por solo citar tres ejemplos) y que se extiende hasta las universidades en las que, bajo el pretexto de adoptar medidas que se presumen de fortalecer la democracia, en verdad la pervierten, tal como acaba de suceder con la decisión del TSJ, anunciada recientemente.
Se ordena realizar elecciones en las universidades
Hace algunos días el gobierno se valió del Tribunal Supremo de Justicia para ordenarle a las universidades públicas autónomas celebrar la elección de sus autoridades a través de un instrumento propuesto hace algunos años y rechazado por las universidades por contravenir las normas que rigen esta materia y violar la autonomía que les garantiza la Constitución.
El episodio es largo de contar (y sobre todo complejo si uno no es abogado), pero a los fines de estas páginas basta con recoger algunos hechos : a) es una sentencia dictada por un organismo al que no le compete legislar, no obstante lo cual fija nuevos parámetros para el nombramiento de las autoridades universitarias y define un plazo de 6 meses para realizar los comicios; b) con base en el fallo, de no realizarse tales comicios en el lapso previsto, dispone que los cargos quedarán vacantes y podrían estar a disposición de quienes nombre el gobierno de forma interina; y c) es una medida que se toma en un país en el que las universidades creadas durante los veinte años de gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no realizan comicios para designar a sus autoridades, las cuales son designadas “a dedo” por el ministro correspondiente.
Mientras tanto …
Mientras el país se enfrasca en una discusión absurda sobre fórmulas electorales, en otros lugares del planeta se examina la institución universitaria, siempre bajo el entendido de que debe cambiar y ajustarse a los modos que rigen este siglo XXI. De la denominada Sociedad del Conocimiento, según se describe a la sociedad de hoy en día, se desprenden, tal es el argumento, nuevas claves para reinventarla. Claves que vienen asociadas al volumen y rapidez con la que hoy en día se generan y difunden los conocimientos en sus diversos formatos; al espectacular acortamiento de los ciclos que van desde la creación del conocimiento hasta su aplicación y obsolescencia; a la aparición de nuevas disciplinas y subdisciplinas y su indispensable vinculación entre ellas como imperativo del “pensamiento complejo”, según la expresión de Edgar Morin. Claves asociadas, así mismo, a la globalización del conocimiento, proceso ligado a la naturaleza misma del saber contemporáneo ;a la creación de conocimientos y tecnologías como un proceso “socialmente distribuido” que asocia a las universidades con numerosas y diversas organizaciones, cada una con sus diferentes recursos y capacidades; a las posibilidades que abre la digitalización y, entre otros elementos, a las nuevas modalidades que se abren en torno a la propiedad del conocimiento; y, por citar un último aspecto, entre otros muchos, a los cambios en la docencia, organizados en torno a la necesidad de desplazar el acento de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje.
En el marco de lo esbozado anteriormente, emerge la identificada como la Cuarta Revolución Industrial, sustentada en la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, generadoras de mutaciones muy rápidas y radicales que están cambiando a fondo la forma en la que los terrícolas vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Tal despliegue cobra forma teniendo como telón de fondo una severa crisis en el vigente modelo de desarrollo que se manifiesta claramente, aunque no solo, en los graves desacomodos ambientales y sociales y que asoma la urgente necesidad de modificar el estilo de producir y consumir. Una crisis civilizatoria, prefieren decir algunos, dada la amplitud de asuntos que envuelve, convertida obviamente en un dato inevitable al momento de reflexionar acerca del papel de las universidades, la forma de estructurarse y las maneras de desempeñarse.
Frente al “tsunami” que representa la emergencia de las tecnologías como tecnologías disruptivas se ha hecho claramente evidente la ausencia de mapas y brújulas que permitan la comprensión y la regulación de los cambios que están ocurriendo, así como la manera de tratar situaciones que remiten a eventos muy complejos y tocan los aspectos más fundamentales de nuestras vidas, contribuyendo, incluso, a determinar la manera misma en que nos percibimos como humanos, dando motivo a una intensa polémica en torno al advenimiento de lo que se ha denominado la poshistoria, visible desde las novedades que se desprenden de la bioingeniería y de la inteligencia artificial.
Así las cosas, ciertamente, hay pocas cuestiones que tengan más trascendencia para el país que la de construir una nueva mirada sobre sus universidades. No es buena cosa jugar con el futuro. Es irresponsable y pasa facturas que luego resultan difíciles de pagar
¿Qué mensaje llegará a Barbados?
El TSJ ha tomado, así pues, una medida ilegal que no esconde el autoritarismo gubernamental ni su manera de ver la democracia. Una medida que enrarece, así pues, el clima político nacional, justo cuando Nicolás Maduro avisa que sigue planteada la presencia de sus representantes en las negociaciones que auspicia el gobierno de Noruega.
Esta decisión intempestiva que agrede a las universidades públicas autónomas (un sector muy sensible de nuestra sociedad) pareciera ser en estos momentos una pésima noticia. Con ella el gobierno no envía una buena señal con referencia a las conversaciones que se llevan a cabo en Barbados, cuyo tema central es, nada menos, que el tema electoral.
Ojalá uno esté equivocado.
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