«El que no está con la libertad, puede conservar las cadenas del infortunio, y con la desaprobación universal»

SIMÓN BOLIVAR

El concepto de transición política es un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, bien sea desde un régimen democrático hacia el autoritarismo, o también desde este hacia la democracia.

En sentido estricto el concepto se aplica en torno al análisis del paso desde un régimen autoritario hacia uno poliárquico (Dahl:1961). Desde una perspectiva general, el término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones asociadas a este por otros(as) diferentes (Santamaría:1982). Ello implica que las transiciones no siempre se circunscriben a transformaciones políticas, sino que también puedan afectar otros ámbitos. Así, y además de la esfera política, habría que referirse a la económica, institucional o a aquella otra que afecta a la organización del Estado, y cuya conjunción en algunos ámbitos, ha sido caracterizada como de una revolución sin precedentes históricos.

Durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta se dieron varios procesos de cambio político en Europa del sur, América Latina y Europa del Este, que ha obligado a politólogos como Schmitter, Karl, Pridham, Ostos, Dahl, O’Donnell y Alcántara, comenzar a estudiar las transiciones políticas, entendidas como un cambio de régimen (de régimen tradicional a régimen autoritario, de régimen tradicional a régimen democrático, de régimen autoritario a régimen democrático y de régimen democrático a régimen político).

Transición es todo intervalo temporal que se extiende entre un régimen y otro, es decir, todo el periodo que incluye diversas fases; preparación, instauración e inicios de la consolidación. En este lapso las reglas del juego político no están bien definidas, de ahí los ajustes/acomodos mutuos entre los actores y sus respectivas estrategias (O’Donnell, 1998). Se producen cambios y transformaciones en el campo institucional y mutan los mecanismos de participación, el comportamiento político y las reglas del juego político. De igual modo, cuestiones económico-sociales y nacional-territoriales también cambian.

No existe una “teoría general” de las transiciones que pueda aplicarse en todos los casos, pues cada proceso es único, con grados y ritmos diferentes (Aguilera, 2009) y en él interfieren un número casi ilimitado de factores. Toda transición política está cargada de incertidumbre. Es difícil establecer relaciones unívocas de causalidad e imposible predecir con seguridad los cambios futuros (Dahl, 1976). La ambigüedad es otra característica más de los procesos de transición política, pues se combinan elementos del anterior régimen y del que está en proceso de consolidación.

Hay dos grandes modalidades genéricas de la transición: la reforma y la ruptura, en la práctica, predomina la primera ya que permite la negociación entre amplios sectores del gobierno, con intereses e ideologías muy diferentes.

Sin embargo, es precisamente este incipiente reconocimiento el que puede ser una puerta hacia una posible transición –lenta y difícil– hacia la democracia. Nicolás Maduro y quienes lo rodean seguramente no quieran ser recordados en la historia como los represores del 2017 y del 2014. Tampoco podrán seguir gobernando sin mayores inconvenientes sin dinero, y para eso requieren acceso a fondos y mercados internacionales que hoy les están vedados, precisamente por la falta de legitimidad con la que aún cuentan en ciertos círculos democráticos.

Lograr elecciones medianamente limpias en Venezuela, siempre fue un paso muy importante para el país, y para que los venezolanos puedan determinar su futuro. Requiere reglas mínimas para que exista una oposición viable –que, por su parte, deba unificar su propuesta–, que la gente pueda movilizarse y expresarse sin represalias, y que puedan ejercer el derecho al voto sin presión. Para que ello ocurra el 28 de julio del presente año 2024, es necesario contar con un consenso internacional, que contribuya a ese desenlace, como lo invocan la líder nacional María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición.

Quienes detentan el poder en Venezuela precisan de elecciones que parezcan libres, pero no lo permitirán si no se generan los incentivos correctos y estos incentivos deben usarse para que el gobierno de Maduro efectivamente se siente a negociar, para que acuerde puntos claves en ese sentido y que luego los cumplan, y erradicar de su mente y propósito seguir gobernando (¿) por «las malas o por las buenas».

Sólo una vigorosa y decidida defensa del voto por parte de millones de venezolanos, en las mesas y en las calles, impedirá al régimen torcer los resultados de las elecciones presidenciales fijadas para el 28 de julio próximo, y así lo clama todo Edmundo.

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