Frente a esta realidad de políticos que muestran los rasgos habituales del clientelismo y el oportunismo, es comprensible perder la esperanza en un futuro más justo. Sin embargo, existen consideraciones que levantan el ánimo. Antes de exponerlas, primero analicemos tres principios imprescindibles para crear un Estado donde impere la ley.
Un principio primordial es el de adoptar una actitud proactiva: todos los actos corruptos de los dirigentes políticos deben denunciarse. Pero ¿a quién se le deben reportar? ¿A un juez, a un fiscal, a un inspector o a otro funcionario? Recordemos que en nuestros países los funcionarios están al servicio de los políticos y, como miembros de su red clientelista, deberán favorecer los intereses de sus patrones. Aquel que denuncie a un integrante de esta red clientelista estará revolviendo un avispero y, con toda seguridad, él será el investigado. Por lo tanto, este principio se pasa por alto.
Otro principio es el de la resistencia a toda extorsión: no se debe participar en la corrupción. Pero ¿cuál es el costo? ¿Demorar interminablemente un merecido permiso, trámite o aprobación, con las repercusiones que esto implica en el negocio, la carrera o la familia? Esta conducta perjudica severamente a su protagonista. Por lo tanto, este principio es comúnmente ignorado.
Por último, un principio fundamental es el de la elección de políticos sabios y justos. Sin embargo, el ciudadano común debe escoger entre los candidatos en la papeleta y, en nuestros países, las agrupaciones políticas son maquinarias clientelistas en las que el patrocinio electoral se intercambia por la concesión particular de bienes públicos. Es decir, en general, el candidato no es postulado porque sus colaboradores confíen en su sabiduría o capacidad de obrar justamente, sino por ser el tipo de persona que usará el poder para favorecer individualmente a quien lo patrocinó. Se puede decir que, en las elecciones generales, el ciudadano está limitado a escoger entre candidatos que representan los intereses clientelistas de distintas agrupaciones políticas.
Es útil observar que estos tres principios no logran su objetivo cuando los políticos cuentan con las herramientas necesarias para practicar la coerción. Esto les permite despojar al funcionario de su imparcialidad y subyugar al ciudadano a través del clientelismo. Por ejemplo, cuando a quien se le entabla un proceso penal cuenta con un aliado político con poder sobre el bienestar del fiscal (ya sea sobre su cargo o el de sus familiares), este se encontrará en un fuerte conflicto de intereses. Es decir, el político dispone de medios para ejercer presión sobre el fiscal y usar esto como instrumento para congraciarse con sus colaboradores.
A fin de posibilitar que los jueces, fiscales, inspectores y otros funcionarios sean imparciales, en los países anglosajones y de Europa Occidental se ha asegurado que estos gocen de un alto grado de independencia estructural de la jerarquía política. Esto se consigue mediante herramientas, tal como una autoridad autónoma que administre de forma científica la contratación de los empleados públicos, gestionada por una comisión cuyos miembros son nombrados de ternas creadas por los presidentes de universidades, justo como lo hace el artículo X de la Constitución de Luisiana.
La adopción de estas herramientas ofrece como resultado importantes ventajas. En primer lugar, sin la posibilidad de practicar la coerción sobre los funcionarios, los políticos pierden capacidad de distribuir arbitrariamente los bienes y servicios públicos, lo que impide su uso para facilitar el clientelismo y la impunidad. Otra consecuencia es que sus colaboradores, anteriormente beneficiarios de favores, ahora se verán afectados por las injusticias y las ineficacias gubernamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población. Esto ayuda a unificar sus suertes con la calidad de la gobernanza general, lo cual representa una de las claves para que los partidos postulen a mejores candidatos y se continúe perfeccionando la estructura gubernamental. Por último, también se reduce la corrupción de menor cuantía, por el hecho de que un funcionario que actúe corruptamente ya no contará con la red clientelista de protección organizada, al contrario, se encontrará rodeado por agentes independientes: libres para investigar y procesar actos de corrupción.
Estos mecanismos han de funcionar en nuestra sociedad, al igual que en todas aquellas donde se han aplicado, debido a que se basan en la creación de incentivos. Las herramientas para reducir los conflictos de intereses no reaccionan ante la cultura, sino que la moldean.
Los principios y valores democráticos florecen donde actuar bien produce beneficios personales y actuar indebidamente trae repercusiones. Por lo tanto, cuanto más se logre reducir los conflictos de intereses —en especial las dependencias que posibilitan ejercer la coerción—, mayor será el número de personas que actuará bien.