Cuando uno observa titulares en la prensa nacional venezolana como: “Oposición denuncia que chavismo busca zafarse de los acuerdos que han resultado de la negociación en México”; uno la verdad no sabe si reírse o ponerse a llorar.
Alguien decía, y con mucha razón, que no importa las veces, pero que hay cosas que merecen ser repetidas hasta el cansancio para ver si algún día se llega a un consenso racional acerca de la cruel y real situación política en la que el país se encuentra.
Desde estas mismas líneas hemos sostenido que difícilmente el gobierno de facto de Nicolás Maduro llegue a sentarse seriamente a negociar con la contraparte opositora bajo el formato auspiciado por Noruega y México. Porque aquello que vimos el 26 de noviembre y que los más optimistas califican como el retorno al diálogo suspendido en octubre de 2021, no fue más que la puesta en escena de la trampa cazabobos en la que cayeron los factores de la oposición venezolana representados en la Plataforma Unitaria y los patrocinadores de la comunidad internacional que no acaban de entender la naturaleza de un régimen que se burla de ella cínica y constantemente.
Lo del sábado 26 de noviembre, eso que llaman la firma del “Segundo Acuerdo Parcial para la Protección social del Pueblo”, fue un acto de pura complacencia a la soberbia e intereses de Nicolás y su combo. Se trató de un engañoso documento infectado con la pluma oficialista que ya había sido anunciado unas semanas antes por el propio negociador del régimen, Jorge Rodríguez, con la cómplice e inocente aprobación previa de la parte opositora.
Una movida sin ganancia alguna para las aspiraciones democráticas de Venezuela y que solo representó un paso más hacia la legitimación del régimen madurista y el fortalecimiento de su posición de poder. Pura y simple propaganda a favor del régimen que se ha valido del monopolio de los medios de difusión masiva para hacer ver la firma del acuerdo como un logro de la revolución; es decir, el triunfo del pueblo venezolano que ha logrado la liberación de recursos económicos secuestrados por la oposición y sus secuaces compinches de la comunidad internacional.
Entonces, aquí los hechos nos conducen a pensar que todo esto no es más que una especie de trama de intereses que deja a un lado lo verdaderamente importante: devolver a Venezuela la ilusión de embarcarse definitivamente en un proceso de transición democrática.
Los beneficiarios
Viéndolo de una forma objetiva y cruda, de este teatro del 26 de noviembre sólo resultaron favorecidos los intereses de Washington y del gobierno de facto venezolano.
Fue fácil tomar nota de que solo pocas horas después de haberse firmado el acuerdo social, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva licencia, por seis meses adicionales, autorizando a la transnacional petrolera Chevron a continuar su participación en las empresas mixtas con la alicaída Pdvsa. Un arreglo que –muy al margen de la oposición venezolana– ya se venía cocinando desde marzo de este año, con la visita a Miraflores de una delegación de alto nivel encabezada por el asesor de seguridad nacional, Juan González, y que pavimentó el camino para el eventual intercambio de rehenes estadounidenses por los narcosobrinos de Cilia Flores.
En otras palabras, la firma del acuerdo social en México era la excusa que necesitaba el ejecutivo de Biden para activar la licencia petrolera en el marco de la flexibilización de sanciones “por el buen comportamiento de Maduro”, lo que permitirá a la Chevron cobrarse algunas deudas pendientes.
Por otra parte, una vez rubricado el acuerdo social, Nicolás Maduro logró el desbloqueo de aproximadamente 3.000 millones de dólares que habían sido congelados a raíz de las sanciones y que serán supuestamente destinados, a través de un fondo fiduciario manejado por las Naciones Unidas, a atender las necesidades más urgentes del país en materia de salud, alimentación, educación, infraestructuras como el sector eléctrico y asistencia humanitaria. Más propaganda para el gobierno que, indudablemente, y a diferencia de la oposición, mejorará su imagen a cuenta de la ejecución de los programas que se vayan financiando.
Nada para la oposición, representada en la Plataforma Unitaria, que sigue constatando en esta nueva etapa -luego de la firma del acuerdo social- la falta de voluntad del gobierno de facto.
Por si alguien tenía alguna duda, mientras Gerardo Blyde y la Plataforma Unitaria esperan “tontamente” que el régimen anuncie una nueva fecha para retomar las negociaciones bajo el formato de México, el señor Jorge Rodríguez, cínicamente, en su calidad de presidente del Parlamento chavista (2020) y negociador del régimen, anunció el fin de semana pasado, luego de una reunión encabezada por el propio Nicolás Maduro, que su gobierno “prepara un documento en el que establecerán los acuerdos a los que han llegado con los distintos sectores de la oposición en materia social, económica, política y electoral, y que será presentado dentro de 30 días”.
Por supuesto que la oposición a la cual se refiere el señor Rodríguez es aquella agrupada en la llamada Alianza Democrática; la misma coalición de partidos (cinco en un principio) demostradamente cómplice del régimen, creada en septiembre de 2020, a fin de postular candidatos para las más que cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año, y que luego repitió, en complicidad con el régimen, la misma fórmula divisionista de la oposición, en las elecciones regionales de 2021.
Como recordatorio al estimado lector, entre los partidos que conforman esta coalición colaboracionista se encuentran los “usurpados” Acción Democrática, Copei y Voluntad Popular, cuyas directivas fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia chavista para conformar una oposición a la medida del gobierno de facto. Por cierto, que otro miembro de la Alianza Democrática, el innombrable Luis Parra, del partido Primero Venezuela, que participó en el mencionado encuentro con la plana mayor del madurismo, declaró, casi en nombre de Jorge Rodríguez, que uno de los objetivos de esas discusiones es la “nacionalización” de las negociaciones bajo el formato México, al considerar que la Plataforma Unitaria no representa a todos los sectores del país.
Todo está muy claro. El régimen ha de seguir aplicando su estrategia divisionista de la oposición, esta vez, haciendo publicidad a lo que comienza en llamar “un nuevo pacto democrático”. La idea detrás de todo ello es darle una patada a la mesa de negociaciones de México, argumentando que la oposición venezolana es más que lo que representa la Plataforma Unitaria, y que es necesario involucrar a otros grupos políticos y de la sociedad civil.
Con esta movida el régimen trata de evadir las presiones nacionales y foráneas que llaman a la discusión de una agenda política-electoral que abone el terreno para la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones idóneas para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes, bajo estricta supervisión internacional.
Por tanto, es muy seguro que, de aquí a 30 días, aparecerá Nicolás Maduro, muy orondo él, en cadena de radio y televisión, anunciando “un nuevo pacto democrático” como resultado de unas negociaciones con la falsa oposición venezolana, que no ofrecerá mayores cambios respecto al estatus político actual.
Una más de esas trampas cazabobos.
Javierjdiazaguilera61@gmail.com