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La tragedia de la DANA que azotó España en octubre de 2024 dejó una estela de devastación y muerte que expuso la incompetencia y falta de liderazgo del Gobierno central y de la administración autonómica de la Comunidad Valenciana. Las lluvias torrenciales desbordaron ríos y barrancos, inundando poblaciones enteras y causando estragos en infraestructuras esenciales. Sin embargo, el verdadero desastre no fue solo climático, sino político, con una gestión plagada de descoordinación, promesas incumplidas y oportunismo descarado.
Desde el primer momento, la falta de preparación fue evidente. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología emitió una alerta roja para Valencia el 29 de octubre, las autoridades no actuaron con la diligencia necesaria. La Confederación Hidrográfica del Júcar informó que la Rambla del Poyo había superado niveles críticos, pero las comunicaciones fallaron y los avisos no llegaron a tiempo a los municipios afectados. La situación empeoró cuando la activación de la Unidad Militar de Emergencias se retrasó debido a errores burocráticos y a la inacción de un gobierno desbordado por los acontecimientos.
El episodio más vergonzoso fue la tardía llegada del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a la reunión de emergencia del Cecopi. Mientras las inundaciones arrasaban hogares y se cobraban vidas, Mazón disfrutaba de un almuerzo no registrado oficialmente, evidenciando una preocupante desconexión con la gravedad de la situación. Su posterior aparición, cargada de excusas y contradicciones, no hizo más que agravar el sentimiento de abandono entre los afectados.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió con el anuncio de un plan de ayuda de 10.600 millones de euros para la reconstrucción, prometiendo cubrir los gastos de los ayuntamientos y ofrecer compensaciones directas a las familias damnificadas. Sin embargo, la falta de transparencia y los constantes retrasos en la implementación de estas medidas transformaron sus promesas en meras maniobras publicitarias. Las visitas oficiales de Sánchez y los reyes a las zonas devastadas solo sirvieron para encender aún más los ánimos de una población que se siente traicionada. Disturbios y manifestaciones masivas en Valencia pidieron la dimisión de ambos dirigentes, dejando patente el hartazgo ciudadano ante la gestión deficiente de la tragedia.
En medio del caos, el vacío de liderazgo fue ocupado por miles de voluntarios que, sin respaldo institucional, se organizaron para rescatar a personas atrapadas, repartir alimentos y limpiar escombros. Mientras ellos trabajaban sin descanso, los gobiernos central y autonómico establecían restricciones absurdas y burocráticas que complicaban la ayuda espontánea. La creación de una plataforma oficial de voluntarios llegó tarde y mal gestionada, generando aún más frustración.
La tragedia de la DANA se ha convertido en una de las peores catástrofes hidrológicas en la historia reciente de España, con un balance provisional de 230 muertos, 222 de ellos en la provincia de Valencia. Más allá de las pérdidas humanas y materiales, el verdadero desastre fue el espectáculo de incompetencia y corrupción ofrecido por quienes debían gestionar la emergencia. España merece gobernantes responsables, comprometidos y preparados, no figuras atrapadas en sus propias promesas vacías y maniobras de poder. La tragedia de la DANA es una lección amarga sobre lo que ocurre cuando el liderazgo político se ejerce sin responsabilidad ni empatía.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.