Después de varios meses en la clandestinidad, el pasado 9 de enero nuestra valiente e incuestionable líder María Corina Machado salió a la calle, asumiendo todos los riesgos que corría ante los esbirros del régimen criminal, para encabezar la protesta ante la eventual juramentación de Nicolás Maduro.
Maduro consumó el acto usurpador el 10 de enero en una ceremonia pobre, con escasos representantes, todos miembros del clan de las dictaduras, enemigos de la democracia y violadores sistemáticos de derechos humanos, como el cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortega. Un acto en el que además se habrían ignorado las normas de procedimiento y las más elementales de protocolo, propias de lo que tendría que regular un hecho de esta naturaleza.
Machado fue perseguida y apresada el 9 de enero, golpeada cobardemente, hasta que camino a Boleíta, sede de uno de los más criminales centros de tortura de la tiranía, sorpresivamente una contraorden la dejaba libre en una calle de Caracas. La situación generó muchos comentarios, la mayoría basados en especulaciones y en una desinformación a la que nos ha acostumbrado el régimen.
Pero lo más relevante es que la orden de liberación obedeció a la presión inmediata de la comunidad internacional que la tiranía se vio forzada a tomar muy en serio. Fue decisivo el temor a una respuesta anunciada e imaginada como contundente, y la falta de unidad en el grupo delincuencial, entre aquellos que irreverentemente creen que van a llegar más lejos en su plan de destrucción del país y los que, menos confiados y seguros de su éxito, ven la fragilidad de la “revolución”, la fuerza popular y política de la oposición y lo que está en juego hoy con la comunidad internacional, en plena atención de lo que ocurre en el país.
La tiranía entendió que la defensa de la democracia en Venezuela es un asunto serio que afecta a la región entera y que la protección de la vida e integridad física de sus principales líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, es un compromiso superior que la comunidad internacional democrática no abandonará en esta apremiante circunstancia.
La cúpula de la tiranía sabe la verdad aunque la niegue. Sabe que la comunidad internacional no la considera representativa de un gobierno en el sentido estricto del concepto, ni como una “dictadura tradicional” o “clásica”, sino como un grupo delictivo transnacional que apoya y practica el narcotráfico, alberga movimientos terroristas y los promueve y ejerce actividades ilegales transnacionales que afectan la estabilidad política, económica y social de la región y más allá.
Esta calificación tiene implicaciones muy distintas que valoran, además de la protección de un pueblo perseguido y castigado, la defensa de la democracia y sus principios, lo que hace que nuestra tragedia no interese exclusivamente a los venezolanos sino a la región y al mundo por cuanto, lamentablemente, Venezuela se ha convertido en la amenaza y la pieza desestabilizadora que representa intereses contrarios a los valores y principios de la libertad.
El mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. La derrota de la democracia y la imposición, en su lugar, de un régimen criminal como el de Nicolás Maduro y sus aliados es una preocupación de todos dentro y fuera del país. La ilegitimidad del régimen que secuestró nuevamente el poder en Venezuela le aislará como nunca antes, tanto en sus relaciones internacionales, las cuales se limitarán a Estados representados por gobiernos igualmente forajidos, y con los organismos internacionales que deberán también evaluar esta usurpación y adoptar las medidas que corresponden en su debida oportunidad.
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