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El 15 de diciembre de 1999 formamos parte de ese 28,22% que rechazó con su voto el proyecto de constitución impulsado por Hugo Chávez. Nuestras razones ya las habíamos expresado cuando desde el propio inicio de esa propuesta nos opusimos a la violación de la Constitución que se perpetró incluso con el visto bueno de algunos juristas y magistrados. Se vislumbraba que en su entramado subyacían despropósitos y sesgos, que funcionarían luego como un engranaje destinado a consolidar un proyecto político a conveniencia que no se atrevieron a señalar expresamente en su contenido.
Pero ha resultado peor aún, lo que vale la pena en su texto hoy es letra muerta o es manejada a discreción por la descendencia del militarismo. El lato sensu en la interpretación del establecimiento de una sociedad democrática, protagónica y participativa, de la incorporación activa al desarrollo nacional de la Fuerza Armada y una subordinación que no está vinculada al sometimiento del poder civil sino a sus propios mandos castrenses (328, CRBV), dio paso a la transmutación de ese objetivo en la instauración de un sistema político ajeno a la voluntad de quienes aprobaron esa constitución.
El rol histórico de esa tara militarista ha sido pernicioso en la elaboración y desarrollo de la mayoría de las 25 constituciones en nuestra vida republicana. Las pasadas generaciones, de carácter civilista, incurrieron en el error de creer y pretender, en sus respectivos momentos, que sus pensamientos políticos plasmados en la constitución de turno le ponían punto final a la proliferación de cartas magnas, casi todas adecuadas a los intereses del militarismo.
Lamentablemente las verdaderas constituciones de esencia democrática y preeminencia civilista de 1947 y 1961, sufrieron los embates de esa tara militarista. No bastaron los 40 años en los cuales los militares institucionalistas les hicieron frente con éxito. Tampoco la comprobada vocación democrática que reinó en el país, en el que los militares estaban subordinados al poder civil. Agazapados esperaron para perpetrar la emboscada. Primero los golpes y luego el engaño.
Le dieron la interpretación que les convino a la función social de las Fuerzas Armadas para tomar por asalto los espacios civiles. Eliminaron el financiamiento público de los partidos políticos, garantizándose a futuro el propósito del partido único gobernante. Lo que no pudieron establecer en su inicio, lo incorporaron arbitrariamente, valiéndose de su fortaleza y la debilidad de sus adversarios, aun después del fallido intento de la reforma y luego del reciente fracaso del parapeto de la ANC. En su afán totalitario, mediante artificios, impusieron un paquete de leyes “supraconstitucionales” y se garantizaron con la enmienda su hegemonía antidemocrática.
Ya en el poder, la tara se hizo sentir de nuevo con toda su omnipotencia. El voto militar fue su punta de lanza para copar como factor todo el espectro político. La “incorporación activa al desarrollo nacional” justificó el asalto burocrático en todos los niveles de la administración pública, el abordaje de las empresas básicas y las fuentes de producción; así como la militarización e ideologización del discurso en la vocería del generalato, que le dio un predominante estatus permitiéndoles subordinar a los civiles. La fáctica incorporación de milicianos como componente de la Fuerza Armada se enmarca en ese propósito.
Es a ese militarismo al que le debemos la entrega de nuestra soberanía a otros países y grupos paramilitares extremistas. A ese mismo que por su incapacidad y negligencia en el manejo de los asuntos públicos ha llevado el país a este desastre donde los pobres son aún más pobres, en el que perdieron sus esperanzas de redención para tener una vida digna, con salud y educación, sin los flagelos del hambre, desempleo e inseguridad.
A esa tara le debemos que cualquier militar de los de ahora, cuyo único mérito fue alzarse contra un gobierno democrático, se unja en una especie de Torquemada contra los medios de comunicación, como lo han hecho contra El Nacional, nuestra emblemática tribuna, alegando una manoseada y conveniente “información veraz” y la ley contra el odio, aplicada con odio, conforme al antojo e intereses de esa tara inquisitoria. Bastaría señalar que a la fecha son más de doscientos medios los afectados por el cierre, censura, autocensura, acciones judiciales, imposible acceso al papel, entre otros supuestos.
Regresar a nuestros militares a sus legítimas funciones, y que se erradiquen las normas que tergiversan sus objetivos, en estas condiciones asimétricas, no es cuestión de corto ni mediano plazo; requiere ir -con una visión de largo alcance- a la cantera civilista para reactivar el sistema democrático y rescatar la esencia institucionalista de nuestra Fuerza Armada Nacional.
Para proteger del peligro del militarismo a los principios democráticos ya recuperados, vale tener presente lo que respecto a esa tara señalaba Librado Rivera, un reconocido periodista y político mexicano: “Al militarismo lo mismo le da que el que mande sea rey, emperador o presidente. Su misión es sostener en el poder a todas las tiranías”.
Twitter: @vabolivar