Concluye el año 2020 en una crisis de salud global causada por el covid-19. Unos países han sido más afectados que otros, pero la pandemia es en este momento la desgracia de la humanidad. Por eso la revista Time calificó este año como “El peor año de la historia” (The worst year ever). Y ahora aparece una nueva mutación del coronavirus que agrava aún más la situación. En el caso venezolano, la pandemia llega cuando vivimos le peor crisis institucional de la vida republicana. La salud pública deteriorada y un sistema que dificulta atender con eficacia a quienes han sido víctimas del coronavirus.
En este contexto, el 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declara su competencia para conocer las reclamaciones de Guyana contra Venezuela. Esta sentencia se produce ante una estrategia que algunos estimamos, en su momento, equivocada. En efecto, el gobierno decidió, al amparo del Acuerdo de Ginebra, no participar porque no reconoce la jurisdicción de la CIJ. Al no comparecer, se perdió la oportunidad de presentar alegatos en nuestro favor, al tiempo que se envía una señal equivocada al panel de jueces, quienes podrían pensar que eso se hace por falta de argumentos. En un artículo que publiqué aquí en El Nacional (7.07.2020) sugerí presentar alegatos en nuestra defensa, y que se dejara constancia de que ello no significaba reconocer la jurisdicción del tribunal.
De ahora en adelante no queda otra opción que participar en el proceso y discutir el mérito para defender los derechos e intereses de nuestro país. De esa manera podremos contrademandar y pedir la nulidad absoluta, del Laudo Arbitral de 1899, tal como lo ha propuesto el profesor Victorino Tejera (“Venezuela debe acudir ante la CIJ para ejercer su defensa en la demanda intentada por Guyana respecto al laudo arbitral de París de 1899”. En: Libro homenaje al profesor Eugenio Hernández Bretón, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2019, p. 1089 y ss).
En verdad, el laudo de 1899 es inexistente -como siempre lo ha sostenido acertadamente Venezuela, en lo que ha sido una posición de Estado- porque fue producto de una emboscada, de un fraude que impidió la mejor defensa de nuestro país. En este aspecto vale la pena leer el reciente libro del profesor Héctor Faúndez, (La competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guyana vs Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020) donde afirma que el laudo fue “un fallo inédito, producto del capricho, la arbitrariedad y las transacciones a espaldas de uno de los Estados en litigio” (p. 328).
Los títulos históricos y jurídicos de Venezuela son claros y sólidos, como ha quedado evidenciado por los estudios seminales realizados por el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza, quien, en su libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela (Fundación Diego Cisneros, Enzo Papi Editor, Caracas, 1987) presenta un estudio sobre los mapas de Venezuela Ahí reporta que Inglaterra en una Memoria Oficial, al momento de reconocer la independencia de Venezuela, proclamó lo siguiente: “Este bello y rico país se extiende por la Mar del Norte desde el Río Esequibo o confines de la Provincia de Guyana” (p. 70). ¡A confesión de parte, relevo de pruebas!
Además, contamos con los aportes del profesor Manuel Donis Ríos, quien en su reciente obra titulada Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy (Caracas, Abediciones, 2020) aclara con precisión la solidez de los títulos de nuestro país. (La Universidad Católica Andrés Bello permite que este libro se descargue en forma gratuita). A esto se suma El libro blanco: la reclamación venezolana del territorio Esequibo, editado por el diputado William Dávila, que recoge una ristra de trabajos sobre este importante asunto.
Así las cosas, Venezuela cuenta con documentos, argumentos y con un equipo de venezolanos que conoce bien la materia para preparar y llevar a cabo la defensa de nuestra soberanía. El principal obstáculo que tenemos que vencer es la división política que vivimos. El gobierno ha manejado este asunto sin la participación de todos los sectores. En esta disputa no hay espacio para la discriminación por razones ideológicas o de política interna. Lo que está en juego es parte de nuestro territorio, de nuestras riquezas y la salida de Venezuela al Atlántico.
El mayor logro de nuestro país en el conflicto con Guyana fue el Acuerdo de Ginebra, debido a la actuación de Marcos Falcón Briceño, quien, como canciller de Rómulo Betancourt, denunció el 12 de noviembre de 1962 el Laudo Arbitral de 1899. No podemos olvidar que con el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido y Guyana reconocieron que tenían una disputa territorial con Venezuela. Esta confesión es fundamental siempre tenerla en cuenta.
Todo continuó por buen camino y en el gobierno de Raúl Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribe el 17 de febrero de 1966 el Acuerdo de Ginebra, que ha sido el mayor éxito venezolano en la controversia. Pero ahora, con la decisión de la Corte Internacional de Justicia del pasado 18 de diciembre, se pasa a la judicialización del caso. Esto nos obliga a comparecer en el proceso para defender lo que nos pertenece. En este sentido, luce recomendable la convocatoria de una comisión de expertos venezolanos que participe en la confección de la estrategia que nos pueda conducir a un triunfo en el juicio.
Todo lo que se haga de ahora en adelante debe ser producto de una amplia discusión nacional. No hay espacio para los sectarismos ni exclusiones. El compromiso es con Venezuela y así debe ser demostrado. Todos los sectores, civiles y militares, deben estar a la altura del compromiso histórico.
Sería irresponsable y caprichoso todo intento por cortar los espacios para una estrategia de unidad nacional en la defensa de nuestro territorio. El destino vital de Venezuela así lo exige.