La ruta es electoral

En las megaelecciones del 21 de noviembre, los venezolanos tendremos la oportunidad de elegir 23 gobernaciones, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2.400 concejales, lo cual nos permitirá renovar y legitimar el liderazgo del país descontento de abajo hacia arriba, y no por la imposición de cúpulas partidistas alejadas del clamor nacional o por la presión internacional.

Ciertamente, en Venezuela las condiciones electorales no son las mejores y ofrecen una clara ventaja a los candidatos del gobierno. Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos de ningún tipo. Implica imparcialidad de los medios de comunicación públicos, no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, regulación de las campañas electorales, fiscalización del origen de los gastos y observación internacional.

Sin embargo, en el país se despliega una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición, se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, se ilegalizan partidos políticos o se les despoja de los nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno.

Favorables condiciones políticas son más decisivas que las desventajosas condiciones electorales

Ahora bien, dejando claro que en el país las condiciones electorales son muy desventajosas, estas no anulan la enorme ventaja que otorgan a los candidatos del país opositor las favorables condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo a los candidatos del gobierno. Lamentablemente, la abstención y la división entre los partidos de la oposición que no se ponen de acuerdo para presentar candidaturas unitarias facilitan el triunfo de los candidatos oficialistas que a lo sumo mueven a 25% de los votantes.

Las ventajosas condiciones políticas pueden ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales, siempre y cuando se haga el trabajo de organización política para capitalizar electoralmente este enorme descontento. Pero los abstencionistas –en vez de sudar la camiseta y gastar la suela recorriendo el país para movilizar electoralmente a la ciudadanía que quiere un cambio de gobierno– siguen esperando que su ascenso al poder sea el resultado del endurecimiento de las sanciones y de una mayor presión internacional. No celebran primarias para elegir los candidatos unitarios, no organizan su maquinaria electoral, no preparan los testigos que defenderán los votos, no articulan una fuerza de propaganda que promueva los candidatos. Siguen desconectados del sentir nacional y, en vez de ofrecer al país opositor opciones de organización política, deciden abstenerse y así allanan el camino para que el oficialismo gane y se prolongue en el poder.

De hecho, el atajo de la vía violenta e insurreccional que apostó a profundizar la crisis con la expectativa de llevar al extremo el malestar nacional y provocar un estallido popular para forzar un cambio en el mando político terminó siendo el camino más largo e ineficaz para provocar un cambio político y está totalmente agotada. La apuesta al todo o nada, al ganador se lo lleva todo, al exterminio del contrario tiene que ser sustituida por el diálogo, la negociación política, el entendimiento, el reencuentro y la reconciliación nacional, sin impunidad.

¿Conviene adelantar la elección presidencial?

Al abandonar el camino de la abstención y retomar la ruta electoral, el país descontento puede capitalizar el enorme rechazo al gobierno y sus candidatos, ganar el mayor número de gobernaciones y alcaldías y convertirlas en una plataforma de resistencia y lucha institucional para solicitar el referéndum revocatorio como la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial.

Es necesario advertir que la obsesión por adelantar las presidenciales no garantiza que se supere la crisis de gobernabilidad que sufre Venezuela. Por el contrario, se puede revertir en contra del candidato opositor que resulte ganador. El nuevo gobierno recibirá un país en ruinas, difícil de gobernar. Tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con dinero inflacionario tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación.

A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. Los sectores más vulnerables reaccionan cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que las impulsó. Miremos lo que le pasó a Macri en Argentina y a Lenin Moreno en Ecuador y veamos la ola de conflictos sociales que desencadenó en Colombia la reforma tributaria que intentó Duque.

La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado. La viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. En respuesta al impacto antipopular de las medidas de ajuste, el chavismo en la oposición sería implacable y desataría una ola de protestas que harían tambalear al nuevo gobierno. Y en un país de memoria corta, en las próximas elecciones podría ser llevado nuevamente a gobernar.

La viabilidad y conveniencia de un Gobierno de Coalición

A la luz de lo anteriormente expuesto, en Venezuela se puede producir un cambio en el mando político sin que esto garantice que el país no seguirá hundido en una crisis de gobernabilidad. Para crear las condiciones que faciliten la transición política y económica, lo mejor es pactar un Gobierno de Coalición que se encargue de hacer el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de ajuste económico..

La viabilidad económica de la transición política tiene que construirse antes del cambio de mando como resultado de un acuerdo entre las fuerzas políticas en pugna. La transición no tiene que ser primero política para que luego esta impulse la económica. El proceso se puede dar al revés, puede ocurrir primero una transición económica que desemboque finalmente en una transición política.

La mediación internacional puede contribuir al entendimiento de las élites políticas en pugna. En vez de apostar al endurecimiento de las sanciones para obligar a Maduro a adelantar la elección presidencial, la mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y oposición de sustituir las sanciones por incentivos económicos a cambio de la conformación de un Gobierno de Coalición que tendría la misión de llevar a cabo las reformas económicas, reinstitucionalizar los poderes públicos y desarmar a los colectivos para luego convocar las presidenciales. Así, quien resulte ganador recibirá una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.

Las alternativas para lograr una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana y para convertir en una fuerza de cambio el malestar nacional las analizo en mi más reciente libro La ruta es electoral, los interesados en leerlo pueden descargarlo sin costo alguno en https://t.co/7fssGCRRNw

@victoralvarezr