Reunión del gobierno de Colombia con miembros de la Plataforma Unitaria antes de la conferencia / Foto: @CancilleriaCol
Hoy se celebra en Bogotá una reunión convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que se espera la participación de representantes de unos veinte países, incluyendo la Unión Europea, para -según el gobierno anfitrión- tratar la crisis venezolana.
Hay cuestiones de forma y de fondo que deben ser precisadas para poder entender el alcance y el fin de la reunión y la relevancia que puedan tener sus conclusiones.
En primer lugar, sobre la forma, observamos que se trata de una reunión, principalmente, de representantes de gobiernos incluido el de Venezuela, parte evidentemente involucrada en la crisis. La oposición, la otra parte, no estaría representada o al menos legítimamente. Es probable que asistan algunos dirigentes políticos, seguramente relacionados con el régimen, lo que daría una falsa apariencia de inclusión. Se hizo ciertamente una “invitación” a la “oposición” venezolana, pero de manera poco seria e informal. No se invitó a los dirigentes que representan más a los venezolanos en estos momentos, como María Corina Machado.
En todo caso, tal como se deduce de la práctica en relación con estas reuniones, todas las partes involucradas en el conflicto deberían estar seriamente representadas para poder dar algún valor a las conclusiones. Y no se trata solo de asistencia, sino de participación. Las opiniones y criterios que se incluyan en una declaración final tendrán que ser aceptadas por todas las partes, más las partes en el conflicto.
En segundo lugar, en cuanto al fondo, de nuevo la reiteración insistente del régimen y de sus aliados de solicitar el levantamiento de las sanciones que según ellos han “ahogado” la economía venezolana con las consecuencias sociales que de ello se derivan. Olvidan deliberadamente que las sanciones están dirigidas principalmente a funcionarios de alto rango del gobierno, a sus familiares y socios, involucrados en violaciones de derechos humanos, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, tal como lo considera hoy la Corte Penal Internacional, y en actos de corrupción o saqueo de los recursos del país.
Pero sabemos y todos afuera también que no es por la imposición de sanciones que el país está destruido. Es simplemente por la errada conducción y manejo de las políticas públicas y por la corrupción jamás vista en Venezuela y probablemente en el mundo que ahora pretenden “castigar”.
Las sanciones son medidas unilaterales legítimas y legales -necesarias debemos agregar- para proteger a las poblaciones víctimas de la violación masiva, generalizada y sistemática de los derechos humanos, como es el caso de Venezuela. Los Estados, léase la comunidad internacional, no solamente tienen el derecho de aplicarlas ante situaciones graves, sino la obligación de hacerlo, un avance muy importante en el marco del Derecho Internacional, promovido por el secretario general de las Naciones Unidas.
La reunión de Bogotá pareciera ser un evento más para distraer a la comunidad internacional y esconder la realidad venezolana que sabemos se traduce en una grave crisis humanitaria que se ha calificado con razón de compleja. Sin la participación de la verdadera oposición venezolana sus conclusiones estarían desprovistas de valor político.
Es probable que se adopte una declaración en la que con la retórica acostumbrada se pida más democracia en Venezuela y el levantamiento de las sanciones, desconociendo que no puede hacerse este último planteamiento si no hay signos reales y compromisos serios del régimen, de liberar todos los presos políticos, cesar la persecución y la tortura y garantizar el disfrute de todos los derechos humanos a todos los venezolanos, sin discriminación alguna.
Y, por supuesto, no puede hablarse de levantamiento de sanciones si no se aseguran elecciones libres y auténticas o genuinas que permitan al venezolano ejercer el derecho de elegir sus autoridades sin interferencia ni presiones, ni trampas, las que desde ahora pretende con su interferencia indebida a través del Consejo Nacional Electoral, en el proceso de elecciones primarias que organiza la oposición.