La fuerte retórica del Estado ya se ha convertido en condena. Cada vez que los personeros del Estado narran nuevas tramas o conspiraciones los diferentes órganos de investigación, seguridad, militares y del poder judicial (y hasta colectivos armados) activan acciones inmediatas y contundentes que producen nuevas olas de persecuciones, detenciones, privaciones de libertad, allanamientos, confiscaciones de bienes y demás formas de restricciones de derechos humanos. Es una maquinaria opresiva que funciona bien coordinada, engranada y aceitada, como reloj suizo. Una zona de dominio del régimen.
El recién enunciado Plan cívico –militar– policial llamado “Furia Bolivariana”, de reacción ante cualquier ataque, es parte de esa retórica. Fue anunciado por el presidente de la República a principio de este nuevo año (y, además, año electoral), durante su Memoria y Cuenta anual, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN), justificándolo sobre la base del desmantelamiento de cinco (5) planes de golpes de Estado y magnicidio que iban a llevarse a cabo en el año 2023, llamando así a los componentes militares, políticos y sociales a estar en “máxima vigilancia” y “defender la estabilidad del país”. Una retórica lanzada en presencia de la maquinaria completa de gobierno: la primera combatiente, la directiva de la AN (recién ratificada), diputados oficialistas, máximos representantes de los Poderes Públicos, personeros del Poder Ejecutivo (vicepresidenta ejecutiva, ministros y demás autoridades) y demás invitados del gobierno (prensa oficial, líderes sociales y actores del llamado “pueblo venezolano”). El actual Buró Político de la revolución bolivariana.
Estos planes de conspiración han sido identificados como: “Alta conspiración”, “Caso Espionaje Guasdualito”, “Caso La Gaviota”, “Caso Fortunato” y “Brazalete Blanco”. Este último consistía, según explicó el mismo presidente en su Memoria y Cuenta, en atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinarlo. Una trama muy compleja. Esta retórica ya parece convertida en un nuevo género literario dramático.
A partir del anuncio de estos planes, tanto el Ministerio del Poder Popular Para la Defensa (MPPPD) como el Ministerio Público (MP) han llevado a cabo, gradualmente y sin descanso, actos de cero tolerancias contra los llamados conspiradores. El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López publicó el pasado 24 de enero un comunicado del MPPPD mediante el cual se expulsaron 33 oficiales, mediante el acto de degradación y expulsión de un grupo de profesionales militares en situación de actividad y reserva activa, implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, todo lo cual representa “Actos de Traición a la Patria”…Cero tolerancia con los traidores´. Todos presuntamente involucrados a la operación “Brazalete Blanco”.
De forma correspondiente, el Ministerio Público, a través del fiscal general, solicitó órdenes de detención contra ciudadanos sospechosos de participar en estos planes. Entre los solicitados se encuentran la periodista María Sebastiana Barráez, especialista en fuente militar, y la abogada Tamara Sujú, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute; quienes no se encuentran en Venezuela. También son solicitados: Wender Villalobos (youtuber), Norbery Marín (youtuber); Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, militares retirados. Más de 32 personas han sido detenidas, incluyendo civiles y militares y cuyas identidades no han sido publicadas. El fiscal general ha anunciado que se encuentran “convictos” y “confesos” y han develado información sobre los planes en contra de la mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática.
El pasado 16 de enero fue detenido el oficial retirado del ejército Ányelo Heredia en una zona rural en Táchira. En Barinas, al día siguiente, el 17 de enero, fueron detenidos Víctor Venegas, sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), y su hermano, José Gregorio Venegas, por supuestamente estar involucrado en estos planes «contra la paz» del país.
Recientemente, el pasado 9 de febrero, fue detenida, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, y cinco de sus familiares, entre los que se encuentra su hija Miranda Díaz San Miguel, dos hermanos, su padre y su exesposo (el militar retirado Alejandro José Gonzáles De Canales Plaza).
El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el pasado miércoles 11 de febrero, en la red social X, que “la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país”. Asimismo, indicó que “solicitará ante el Tribunal 2º contra Terrorismo medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros”. En relación al ciudadano Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, “se solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por: la presunta comisión de los delitos de: Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”; y solicitará en relación a los 4 ciudadanos restantes “Medidas Cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa”.
Sobre esta detención, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (UN Human Rights), instancia independiente de la ONU, encabezada por el austríaco Volker Türk, había publicado el pasado martes 13, en la red social X: “Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”; y luego, el jueves 15, publicó un breve comunicado por la misma red social X, dirigido a las autoridades venezolanas, solicitando que respeten “las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”, de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares.
Como reacción a estas solicitudes, el gobierno venezolano, a través del canciller de la República, Yván Gil, y siguiendo la misma retórica de condena, el mismo jueves 15 de febrero, decidió la suspensión de la Oficina de Asistencia Técnica del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH), bajo el argumento de que “esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. Sus 13 funcionarios debían abandonar el país en las siguientes 72 horas. Este hecho no tiene precedente alguno en el país.
Toda esta retórica del Estado, seguida de fuertes acciones opresivas contra los ciudadanos, es un camino muy negativo en la promoción y protección de los derechos humanos, ya que se compone de formas y procedimientos que están totalmente al margen de las normas y principios del Estado de Derecho. Deben existir espacios para la razón y la justicia, la garantía de los derechos humanos y la tutela judicial efectiva. No se puede presumir la culpabilidad y perseguir a los ciudadanos sobre la base de cualquier trama conspirativa desarticulada o impedida, y no demostrada, o por supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, incitación al odio, rebelión militar, obstrucción a la administración de Justicia, entre otros; sino que se debe reconocer la presunción de inocencia y garantizar de forma oportuna el derecho de la defensa de todos derechos e intereses por todos los medios de pruebas legales, en el contexto de un debido proceso judicial y bajo las garantías constitucionales vigentes.
No pueden existir políticas de hostigamiento y persecución contra la sociedad civil del país. Ninguna retórica de terror podrá esconder la verdad del caos y la cruel realidad de la destrucción sistemática del país. Este año debe realizarse el proceso electoral para elegir el presidente. No obstante, el ambiente electoral ha sido eclipsado por la misma retórica de condena que ya empleó un cuestionado proceso de inhabilitación administrativa contra la candidata elegida por mayoría de votos en el proceso de primaria celebrado el año pasado por partidos de oposición para impedir el ejercicio de su derecho humano de ser elegida por la voluntad popular. Por otra parte, hasta el presente los venezolanos no conocemos la fecha de este proceso electoral.
Así las cosas, esta retórica del Estado, además de distraer y simular que se llevará a cabo un proceso electoral con garantías de transparencia y libertad, y, en general, de respecto a las normas y principios constitucionales y legales, ha estado principalmente orientada a disminuir y cerrar los espacios de manifestación de la sociedad civil y la efectiva garantía de los derechos humanos. De hecho, la AN tiene en su agenda el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ya aprobada en primera discusión el pasado 23 de enero de 2023, una propuesta que busca controlar y hacer seguimiento a las ONG en el país.
Sin embargo, todo esto no evitará que se sigan denunciando y demostrando la crisis compleja que padece el país, ni impedir que se siga proponiendo una agenda de cambio que permita recuperar el talante democrático de nuestro país que tanto y por tanto tiempo hemos reclamado por las vías pacíficas y democráticas. Frente a todo ello, y después de veinticinco (25) años de la retórica arruinada y ajena a la realidad de la Revolución Bolivariana, la retórica de la sociedad civil seguirá siendo más fuerte y decidida para la construcción del discurso eficaz dentro de las actuaciones de lucha por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, y el respeto efectivo de los derechos humanos. Solo aceptamos y defendemos la retórica de la democracia y la libertad,