¿Que explica los cambios observados en la Encuesta de Coyuntura Industrial del 2° trimestre de 2021 de Conindustria?
Para responder hay que transitar un largo previo.
Mucho se ha estudiado –y escrito– sobre el binomio economía y elecciones. La mayor parte del conocimiento obtenido se orienta en el sentido de los resultados de un determinado proceso eleccionario como consecuencia del estado de la economía.
Sin embargo y sobre todo en un país como el nuestro, en donde todo es posible, desde los rinocerontes grises a los cisnes negros, cabe la posibilidad de que la óptica sea al revés, es decir, que la presencia próxima de un proceso eleccionario afecte a la economía.
Un posible vínculo entre la secuencia causa-efecto de elecciones y estado de la economía es el gasto público. De hecho, por allí hay un estudio explicativo de Gustavo E. Machado N., titulado «Gasto público y ciclo electoral en Venezuela: Período 1977–2012” (Universidad del Zulia, Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XXIII, núm. 2, pp. 99-111, 2017).
Machado establece su marco teórico y uno de los autores allí citados es Edward Tufte (Political Control of the Economy. New Jersey, USA. Princeton University Press. First Paperback Edition. p.192, 1980). Tufte afirma que para que los gobernantes incrementen sus posibilidades de victoria electoral, deben utilizar instrumentos de política económica que rindan beneficios claros e inmediatos – como por ejemplo, un aumento del ingreso real disponible– a un número elevado de votantes o al menos a grupos de ellos de tamaño considerable, por lo que el aumento de las transferencias, los recortes impositivos y la postergación de los incrementos de impuestos, se convierten en medidas adecuadas para tal propósito.
Sin embargo, el hallazgo de Machado sugiere la carencia de influencia del ciclo electoral y sus actores sobre el nivel per cápita del gasto público en Venezuela durante el período 1977-2012, ello en virtud de que «las autoridades económicas locales» (Machado dixit) no tienen control pleno sobre los ingresos petroleros. También en la actualidad y a juzgar por publicaciones como las de las cuentas Twitter de contadores socios en las empresas PwC, KPMG, EY y Deloitte, el salario real, aunque medien bonos de todo tipo con nombres exóticos, está a ras de suelo.
Hace un buen tiempo ya, por mi cuenta y sin parafernalias econométricas, determiné la simple y exquisita correlación de Pearson entre la popularidad de Hugo Chávez (según los datos de Alfredo Keller y Asociados) y los aportes a misiones y programas sociales entre 2001 y 2013 (según los estados financieros “auditados” de la propia Pdvsa). El cuantificado de correlación entre las dos series de tiempo fue alto y negativo e igual a -0,82.
Lo anterior quiere decir que a medida que la popularidad de Chávez descendía, los aportes a misiones y programas sociales aumentaban pero en un marco en donde la producción de crudo venezolano venía disminuyendo (el máximo de producción se alcanzó en 1998) y los precios del crudo cayeron en dos oportunidades y lo cual impactó negativamente, tristemente, a dichos aportes: de 2008 a 2009 cuando pasaron de 14.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares, respectivamente, y luego de 2011 a 2012 cuando dichos aportes pasaron de 30.000 millones de dólares (su valor máximo entre 2001 y 2016) a 17.000 millones de dólares, respectivamente.
Es de hacer notar que entre 2001 y 2016, el último año que Pdvsa publicó estados financieros, hubo 15 procesos eleccionarios en Venezuela: 3 presidenciales (2006, 2012 y 2013), 3 parlamentarias (2005, 2010 y 2015), 4 regionales (2004, 2008, 2010 y 2012) y 5 municipales (2004, 2008, 2010, 2013 y 2014).
Con posterioridad a 2012, los aportes fueron disminuyendo sensible y aceleradamente hasta alcanzar los 977 millones de dólares en 2016, cuando la vaca lechera Pdvsa falleció a causa de la falta de cuidados (inversión) y el hiperordeño al que fue sometida desde 1999. El lector debe percatarse de que los 977 millones de dólares en aportes de 2016 resultan en una cifra irrisoria cuando se comparan con los 30.000 millones de dólares de 2011.
La realidad en Venezuela, al menos para finales de 2020 e inicios de 2021 está caracterizada por una baja recaudación fiscal y una reducción del gasto público, ambas en términos reales. Por supuesto que el gobierno continúa con su tradición de monetizar el déficit pero la oferta monetaria (M2) ha crecido menos que la tasa de inflación.
El caso es que hay un cambio apreciable entre las encuestas de coyuntura industrial de Conindustria del 2° trimestre de 2021 con relación a la del 1° trimestre de 2021, es decir, el trimestre precedente. De hecho, hay un «salto» en el Índice de Confianza Industrial (ICI), no así en el Índice de Expectativas Empresariales (IEE). Precisemos.
Entre el primer trimestre de 2021 y el segundo, el ICI pasó de -21,8 a -8,4 (su promedio y desviación estándar en los seis trimestres previos incluido el del primer trimestre de 2021, fue de -23,17 y 2,34, respectivamente). Por su parte, el IEE y en los dos mencionados trimestres tan solo pasó de -48,7 a -44,1, es decir, observó una leve variación.
Dado que el ICI mide las percepciones que tienen los industriales en cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en sus empresas, indicando así las probabilidades existentes de que decidan aumentar o no su inversión en recursos productivos en el corto plazo, esa “recuperación” del ICI, que asemeja a un «canto de cisne», es debido a la inversión privada y no al gasto público pues hasta los niños de kínder saben que el gobierno no tiene dólares.
Los empresarios invirtieron a cambio de no ser hostigados. Conjeturo que ese fue el acuerdo entre los empresarios (Fedecámaras) y el gobierno.
Y tengo una conclusión adicional: Conindustria salvó su reputación sin querer queriendo pues el IEE señala que los empresarios, definitivamente, no son optimistas, léase “no creen”, en el acuerdo que refleja el ICI.