Foto: EFE/ Mario Guzmán
En su declaración del 6 de septiembre, Gerardo Blyde, coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria en el proceso de negociación y diálogo, iniciado en México el 14 de agosto, mediante el memorándum de entendimiento suscrito con la delegación que representa el gobierno que ejerce Nicolás Maduro, después de referirse al acuerdo para establecer una Mesa Nacional de Atención Social, señaló que para la próxima reunión abordarán la reinstitucionalización del país a través de un nuevo sistema de justicia. Ello con el propósito de tener un sistema de justicia independiente y soberano que pueda decidir sin interferencia política, para que, según sus palabras, “todos sintamos que la justicia puede ser conseguida”. Aparte de la importancia del tema es de destacar lo significativo que la representación de dicho gobierno, haya convenido en llevar a discusión el tema del sistema de justicia, en un proceso de negociación con la oposición política del país, lo que significa que admite que este sistema no resulta ser en verdad de justicia.
Lo anterior nos lleva a analizar la relación entre la justicia y la política, sobre el que siempre se suscita la discusión entre la judicialización de la política y la politización de la justicia, que son los extremos de esa discusión y que dificulta entender su relación. Discusión que hoy día en Venezuela es parte de la polarización política de la cual no ha escapado el Poder Judicial, en el que el activismo tanto de jueces, magistrados y fiscales es una muestra evidente. Y que ha llevado a que, según estudios de opinión serios e independientes, más de 80% de los venezolanos no confíe en el Poder Judicial y a que 70% considere el sistema de justicia uno de los más corruptos. Aparte del cohecho y el soborno, por su utilización como instrumento político y hasta de persecución, principalmente por su falta de independencia. La Comisión Internacional de Juristas, por ejemplo, en su Informe sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela, titulado “Jueces en cuerda floja”, de junio de 20212, concluye que “el Poder Judicial ha contribuido a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que se han producido en Venezuela en los últimos años”, y además, que la corrupción judicial debilita sus instituciones democráticas. En esa calificación de deterioro se ubica al Tribunal Supremo de Justicia, a jueces y fiscales. No cabe duda, pues, que los venezolanos consideran que la justicia está politizada y que no es independiente, ni imparcial, ni sirve al ciudadano en la defensa de sus derechos fundamentales; y, que, por lo tanto, debe reformarse para ajustarla al modelo de justicia que consagra la Constitución. Modelo este el de la justicia accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.
El deterioro del Poder Judicial, como lo califica la Comisión Internacional de Juristas, es, sin duda, parte de la crisis institucional de Venezuela a la cual se le quiere poner fin. Es decir, “reintistucionalizar”, o, reformar, garantizando fundamentalmente su independencia, como rama del poder del Estado, que debe comenzar por la Sala Constitucional, como lo dice, Juan Manuel Raffalli, por lo que “debe ser el elemento central de la negociación de México”3.
Lo que acontece en Venezuela es por la importancia que para la política tienen los poderes de los jueces, como lo asevera el jurista español, P. Murillo de La Cueva, lo que genera un circuito negativo y perjudicial de conexión política con la justicia: relevancia política del proceso penal-jueces protagonistas que hacen política-subordinación del Poder Judicial al partido dominante4. Este circuito hace de la justicia un instrumento político, que no solo debilita la confianza del ciudadano, sino que deteriora gravemente la institucionalidad misma democrática. Si bien, como lo asienta la profesora española de Ciencia Política de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, España, no es posible una independencia ajena a todo control político, por la intervención que tienen los otros poderes, de mayor corte político, en su organización y en la designación de magistrados y jueces, si es posible, “partiendo de la consideración de la división de poderes, que debe presidir cualquier Estado de Derecho, intentar indagar nuevas fórmulas que compatibilizando la legitimidad democrática con el Poder Judicial, hagan de este un poder menos politizado”5. Pues bien, esto es “la reinstitucionalización del país a través de un nuevo sistema de justicia”, que la delegación de la Plataforma Unitaria en el proceso de negociación y diálogo, iniciado en México, pretende considerar como tema de discusión en la próxima reunión de dicho proceso. La reinstitucionalización del sistema de justicia ha sido desde 2017 el planteamiento sobre el cual el Bloque Constitucional de Venezuela ha venido trabajando en varias etapas.
La primera etapa, corresponde al Módulo Justicia para el Ciudadano, que tuvo como orientación promocionar el consenso democrático y la participación ciudadana como instrumento del cambio político y de la reforma del sistema de justicia. Etapa que culminó con la propuesta del Plan de Reformas del Sistema de Justicia por Áreas Temáticas y de sus Componentes Organizativo, Humano, Material, Normativo, de Control Social, de Coordinación y de Participación ciudadana en la formulación del Plan de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia mediante la Veeduría Judicial, que comprende, el acceso a la justicia, la ética y transparencia judicial, la modernización de los despachos y servicios tribunalicios, la informática judicial, la carrera judicial y del funcionariado de los servicios de administración de justicia, el gobierno, administración y presupuesto del Poder Judicial, los medios alternos de resolución de conflictos, la participación ciudadana o veeduría judicial y la descentralización de la administración de la justicia6.
La segunda etapa, comprende el Módulo Justicia para el Ciudadano. Ni Impunidad, Ni Venganza, cuya motivación fue la de “La Justicia para la Transición Política. La Justicia Transicional y que tuvo la finalidad de determinar la realidad del sistema judicial y la opción de la justicia transicional para la transición política y que concluyó con la elaboración de “La Hoja de Ruta” sobre este tema7.
La tercera etapa, bajo la motivación ¡Instaurar la Justicia! se inició con el estudio del derecho constitucional transformador de la transición hacia la democracia. Durante esta etapa se culminó el levantamiento del Mapa Judicial del componente organizativo y humano del Sistema de Justicia, incluyendo el Ministerio Público y la Defensoría Pública; y se elaboraron muestras para precisar cómo funciona en realidad los componentes del Sistema de Justicia. Asimismo, se concretaron propuestas para el componente normativo en lo relativo a la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Sistema de Justicia, de una Justicia Constitucional, de la Jurisdicción Militar como rama especial de la Justicia Penal y una ley que regule los medios alternativos de justicia: conciliación y mediación. Igualmente, se profundizó el estudio de la justicia transicional para la transición y se concretaron las propuestas con la elaboración de un anteproyecto de ley. En esta tercera etapa se enunciaron los temas con los que debería continuarse el Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, señalándose la necesidad de la elaboración de: 1) Un Plan Estratégico de funcionamiento del Sistema de Justicia que reúna todos los componentes y cuya orientación sea la que el ciudadano exige y requiere por cuanto es su derecho. 2) La instrumentación de la Justicia Transicional, examinando comparativamente legislaciones de otros países en la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos. 3) La redacción de un Proyecto de Ley de Mediación cuya utilización sea obligatoria y que contemple órganos de mediación, reglas de procedimiento, mandato, determinación de las materias susceptibles de ser sometidos a la competencia de estos órganos, el carácter de sus decisiones y recomendaciones. 4) La elaboración de una propuesta para implementar el que otras controversias que hayan surgido en virtud de violaciones de derechos humanos puedan ser resueltas a través de instituciones ya existentes en el país8.
La cuarta etapa corresponde al Desarrollo de la Justicia Transicional, para lo cual se siguió un plan de estudios de sus componentes y demás aspectos relevantes, Y, se estudió la propuesta de elaboración de las bases para una Carta de los Derechos de los Ciudadanos en la Administración de Justicia, en razón de su derecho de participación ciudadana en su condición de componente del referido sistema.
También la organización Acceso a la Justicia ha hecho importantes aportes para la reinstitucionalización del Poder Judicial, sobre el nombramiento de jueces y magistrados, el acceso a la justicia y los medios alternativos de resolución de conflicto, el Proyecto de Ley del Estatuto de la Carrera Judicial. Y, en conjunto con el Bloque Constitucional de Venezuela y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y con la mencionada organización, se realizó en un foro organizado en dicha Academia, denominado Reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano, que se celebró en el Palacio de las Academias el 12 de junio de 2018. Por último, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales publicó, en noviembre de 2020, con el apoyo del Centro para la Integración y el Derecho Público, la obra colectiva denominada Qué hacer con la justicia, de 22 autores, académicos y profesores, sobre el sistema de justicia, la justicia tributaria, la justicia internacional y la justicia transicional.
Ciertamente que la reinstitucionalización del país a través de un nuevo sistema de justicia, que la delegación de la Plataforma Unitaria ha propuesto para su discusión, en las próximas reuniones del proceso de negociación y diálogo, que se lleva a cabo en México, es el tema básico y crucial no solo del Punto 4 del memorándum de entendimiento, de fecha 14 de agosto, de este año, de Respeto al Estado Constitucional de Derecho, sino de también de los otros puntos, puesto que la renovación del referido sistema es la garantía de la efectividad de del respeto de los derechos políticos, las garantías electorales, la reparación a las víctimas de la violencia política y de protección social del pueblo venezolano. Para esa discusión se cuenta con estudios valiosos, fruto de la preocupación de la sociedad civil especializada y experimentada, que, sin duda, sirven de base para la discusión objetiva de tal tema, puesto que constituyen un desarrollo científico del sistema de justicia dentro del Estado democrático de Derecho.
1 Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela. Expresidente e Individuo de Numero de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor universitario. Presidente de la Fundación Alberto Adriani. Coordinador del Bloque Constitucional de Venezuela, coordinador del Grupo Democristiano de Opinión Patricio Alwyn.
2 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/06/Venezuela-Judges-on-the-tightrope-Publications- Reports-Thematic-reports-2021-SPA.pdf
3 Lagranaldea.com, Entrevista, Alejandro Hernandez06/09/2021.
4 “Juez, Constitución y Ley, reflexiones sobre el Poder Judicial”, El Poder Judicial, VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant Lo Blanch, Valencia 2009. pág. 79-111.
5“Justicia y política, una relación compleja, pág. 60-61 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782959)
6INFORME-BC-2017.pdf (bloqueconstitucional.com)
7 FINAL-INFORME-2018-de-de-abril-de-2019-.pdf (bloqueconstitucional.com
8 Diagramacion-Informe-Final-BC.-2019.-02.08.20.pdf (bloqueconstitucional.com)