Foto: @ConElMazoDando
El Poder Judicial en Venezuela dejó de ser independiente como lo establece nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial al subordinarse al Ejecutivo nacional.
Una comisión para reformar al Poder Judicial porque han detectado corrupción. Ese fue el anuncio hecho por el jefe del gobierno la semana pasada. El Poder Judicial actualmente está en manos de 70% de jueces provisorios que ingresaron por decisión partidista y no por concursos de oposición, con un perfil académico que crea muchas dudas en su preparación para administrar justicia permitiendo violación del debido proceso como el derecho a la defensa , presunción de inocencia, el juez natural establecido en el artículo 49 de la carta magna vulnerando el acceso a la justicia y lo mas, sano es procedet a su inmediata sustitución para dar paso a la academia jurídica .
El sistema de justicia en Venezuela está impregnado de política partidista. Su autonomía e independencía desapareció para asumir la persecución política a periodistas, medios de comunicación social, diputados, dirigentes y partidos, a los que les invadieron sus procesos internos, sustituyó sus directivas legítimas, y despojó de sus tarjetas. Desapareció para encarcelar a todo aquel que reclame sus justos derechos, para permitir los tratos crueles y torturas ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado contra presos políticos recluidos en el Sebin, en la Dgcim y en Ramo Verde que ahora son trasladados a cárceles comunes denominadas «Pailas del infierno». El sistema de justicia se subordina a un solo poder y le da la espalda a los derechos humanos y garantías constitucionales del ciudadano que establece nuestra máxima Norma Jurídica el Estado de Derecho y la separación de poderes colocan en terapia intensiva al sistema democrático por que quien se instala es la Impunidad que es el lado oscuro de la justicia .
Estamos en presencia de un sistema de justicia politizado que coloca en nivel muy alto de indefensión al ciudadano y prueba de ello es el expediente que cursa en Fase 3 en la CPI contra el Estado por crímenes de lesa humanidad porque el sistema de justicia nunca apareció para investigar y procesar penalmente a los responsables de estos hechos. La reforma debe efectuarse espiritual y material por el bien de la sociedad.
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