La reclamación del Esequibo ha sido una constante en la política exterior de Venezuela, más desde 1962 cuando se plantea el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La recuperación del territorio ha sido objeto de apoyo firme y constante de todos los sectores nacionales. Los venezolanos hemos considerado siempre que la reclamación no es una cuestión de gobierno o de algún grupo político o ideológico, sino más bien, una cuestión del interés nacional que exige consenso a su alrededor.
Hoy, sin embargo, notamos con preocupación que el tema parece haber sido desplazado por el interés que los venezolanos prestan a las necesidades cotidianas, muchas veces de sobrevivencia, lo que debilita sin duda nuestra pretensión ante la comunidad internacional y ante la misma Corte Internacional de Justicia que como sabemos conoce la controversia tras la demanda incoada por Guyana en marzo de 2018. Recordemos también que la Corte adoptó una decisión preliminar en diciembre de 2019, mediante la cual se declara competente para conocer la demanda de Guyana que se centra, como sabemos, en la validez/nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Una decisión errada para muchos, toda vez que Venezuela no había aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte en forma clara e inequívoca, pero en todo caso una decisión que obliga a las partes y Venezuela, aunque no compareció en esa primea fase, es parte en el proceso con los derechos y las obligaciones que de tal cualidad se derivan.
La Corte abre el procedimiento escrito sobre el fondo y convoca a las partes a presentar las correspondientes Memoria (Guyana) y Contramemoria (Venezuela) para marzo de 2022, la primera; para marzo de 2023, la segunda. Ya Guyana lo hizo, Venezuela no lo ha hecho, tampoco ha informado a la opinión pública sobre si comparecerá o no, ni las razones por las cuales no ha adoptado ni informado al país sobre el proceso, lo que muestra una peligrosa opacidad e indiferencia que coloca a Venezuela en posición más difícil para defender sus intereses jurídicos y responder a la pretensión de Guyana de que el laudo de 1899 es válido.
La controversia con Guyana no es una más ante un tribunal internacional. Se trata de una cuestión de Estado que afecta o puede afectar la integridad territorial y la soberanía que con justicia reclamamos tras el despojo por el imperio británico, en 1899, cuando se compuso un laudo sin fundamento ni motivación jurídica, más bien una decisión política ajena al Derecho Internacional.
En estos momentos es indispensable mostrar un consenso nacional sobre la defensa de nuestros intereses, lo que se traduce ante todo en la necesidad de participar en el proceso, lo que supone la designación de un agente que represente y organice la posición del Estado; la estructuración de un equipo de juristas y expertos que elabore la contramemoria y las demás actuaciones procesales y la designación de un juez ad hoc de manera de equilibrar el proceso, todo ello de conformidad con el Estatuto y las Reglas de la Corte.
Es el momento de que todos los sectores del país, las academias, las universidades y los estudiantes, los gremios, los empresarios y los trabajadores, las organizaciones no gubernamental y la sociedad civil, en general, se expresen y unan sus esfuerzo no sólo para apoyar una gestión eficaz y verdaderamente nacionalista, sino para mostrar a la opinión publica internacional y a la misma Corte que nuestra reclamación es justa, que hay unión nacional al respecto y que la reclamación territorial es vital para Venezuela y los venezolanos.