Edificio sede del diario El Nacional. Foto: Kenny Linares
Por Andrea Rondón García y Ana María Carrasquero
En nuestro resumen de 2020 sobre la situación de los derechos de propiedad anticipábamos que el año 2021 tendría cierta estabilidad económica como consecuencia de las sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra del régimen, la flexibilización de los controles, el resurgimiento del mercado bursátil ante las dificultades del sector bancario y otros factores. Lo que parecía ser en el año 2019 el comienzo de la burbuja económica, se mantendría y acentuaría en el año 2021.
En su momento, también señalamos que lo anterior significaría cambios en el patrón de violación a la propiedad y que estaríamos en presencia de las siguientes etapas de la política sistemática de violación a la propiedad privada detectada desde el año 2005.
En efecto, ha sido así y en este primer artículo del año indicamos ese nuevo patrón de violación a la propiedad.
La burbuja económica
Obligatoriamente tenemos que referir la burbuja económica. Unos señalan que no existe, que es ficción, porque gran parte de la población padece pobreza extrema. Otros señalan que debemos reconocer la mejoría en muchos rubros este año y no todo se debe a la gran «lavadora» en la que se ha convertido el país.
Lo cierto es que en la Venezuela de 2021 es difícil explicar que atravesamos unas de las peores crisis humanitarias y políticas de la región. La razón es que la escasez de productos, las colas para comprar productos regulados, las muertes por desnutrición que se reportaban entre los años 2015 y 2017 no están presentes en el 2021, al menos no de forma tan evidente.
La Venezuela de 2021 fue promocionada en redes sociales por influencers, tanto nacionales como extranjeros, como un país en proceso de recuperación; con lugares envidiables como Los Roques, Canaima y la isla de Margarita, se exaltó el emprendimiento y a algunos empresarios que aún se sostienen, no gracias al gobierno, sino a pesar de él; pero hay que decirlo, estos esfuerzos tienen un techo y por sí solos no levantarán al país.
En Caracas y en sitios puntuales del interior del país, no pararon de abrir locales comerciales de distintos rubros desde el año 2020. Los expertos señalan que, a pesar de ser la economía más pequeña de la región, en el área de servicios, telecomunicaciones y agropecuario, no hubo saldos rojos.
Como indicamos al inicio de estas líneas, las sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra del régimen, la flexibilización de los controles, el resurgimiento del mercado bursátil ante las dificultades del sector bancario y otros factores han contribuido a sostener la “burbuja económica”. Pero todo intento por establecer las causas de lo que vivimos actualmente inevitablemente luciría simplista, porque se trata de una situación compleja con múltiples factores, no todos a la vista, que se viene gestando desde hace dos décadas.
Lo cierto es que la burbuja es coyuntural porque no es resultado de cambios estructurales ni de verdadera inversión, así como tampoco ha significado bienestar ni mejoría en la calidad de vida de la gran mayoría, quienes deben vivir en un entorno víctima de una política sistemática de destrucción de su propiedad. La miseria que castiga a los empleados públicos y pensionados, cuyos salarios y pensiones fueron pulverizados; el colapso de los servicios públicos; la escasez de gasolina y sus repercusiones la vida diaria, especialmente en el interior del país; la migración forzada que no se detiene y que según ACNUR engrosa el número de 5,9 millones de refugiados y migrantes desperdigados por todo el mundo.
Venezuela y la pandemia
El año 2020 se caracterizó en gran parte por severas restricciones a las actividades económicas bajo la excusa de la pandemia. Se registraron 2.463 afectaciones al derecho de propiedad, de las cuales, la gran mayoría (2.327), fueron fiscalizaciones de la Sundde. Se prorrogó en varias oportunidades el decreto de estado de alarma.
El año 2021 fue distinto. Aunque con mayor “libertad” para los comercios y la prestación de servicios, la incertidumbre sería característica de esta época. El ejercicio de las actividades económicas y la vida nacional dependió en gran parte de los volubles anuncios presidenciales, principalmente divulgados por las redes sociales. El ODP documentó 1.374 ataques a la propiedad, de las que 1.158 fueron atribuibles al accionar de la Sundde. El blanco preferido de tales ataques continuó siendo el comercio, seguido del sector farmacéutico.
Más de 20 años de atacar de forma sistemática a la propiedad no solo postró al país, sino que institucionalizó la agresión a este derecho. ¿Pruebas? Quienes hicieron un modus vivendi de este delito no han parado de invadir. Resalta el centenar de invasiones que documentamos en contextos urbanos, se arremete contra las viviendas vacías dejadas atrás por quienes fueron obligados a salir del país. También en la ruralidad, los invasores de oficio no cesan. Pero ¿qué hay de quienes se asentaron en el delito y tienen años disfrutando de lo invadido? O ¿qué pasa con quienes murieron y nunca vieron llegar la justicia? ¿Dónde están las políticas de restitución y reparación para ellos?
Una y otra vez el régimen convocó y convocará a mesas técnicas. En ellas se sentaron y sentarán, movidos por la necesidad, los sobrevivientes de los distintos sectores productivos, aquellos contra quienes en otrora accionaron los fiscales de la Sundde o del INTI o cualquier otro funcionario público valiéndose del andamiaje legal -aún vigente- creado por ellos para expoliar haciendo uso de intervenciones, ocupaciones, fiscalizaciones, ventas forzadas, rescates de tierra y un largo etcétera. El poder le dice al país que ellos mismos postraron, “confíen que ahora sí vamos a la recuperación económica”.
El expolio de la sede de El Nacional
No podíamos dejar de mencionar el expolio de la sede de El Nacional. Este fue uno de los casos emblemáticos de 2021 que nos recordó que Venezuela no se está recuperando, tan sólo que el patrón de ataque contra la propiedad, mutó como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades.
El 14 de mayo de 2021 se ejecutaba la medida de «embargo» contra la sede física de El Nacional, que dictó la Sala de Casación Civil el pasado 16 de abril de 2021, mediante sentencia No. 81. Existen fundados argumentos para cuestionar la legitimidad de la Sala de Casación Civil y afirmar que esta sentencia es resultado de un proceso claramente utilizado con fines políticos al desconocerse el principio de cosa juzgada, violarse el principio de confianza legítima, violarse el principio de igualdad ante la ley, etc.
Fue una expresa y frontal violación a la propiedad privada y a la libertad de expresión. Debe recordarse que desde el año 2017, estrangulado por la voracidad tributaria, la crisis económica y la escasez del papel gracias al control de cambio, El Nacional puso fin a su edición impresa y empezó el fortalecimiento de su versión digital. Antes de la sentencia de la Sala de Casación Civil, gracias a una política intencional de destrucción de la propiedad privada, El Nacional estaba reducido a su mínima expresión, situación similar a la de muchos otros medios impresos.
El constante asedio contra El Nacional no sólo lesiona el patrimonio de la familia Otero, es un golpe mucho más duro para todo un país. La sede de Los Cortijos no era solo el recinto de uno de los medios más importantes de Venezuela, sino un centro de investigación, estudios y usos múltiples. El periodista Sergio Monsalve refiere las enormes oportunidades que brindó el periódico a las nuevas generaciones con la sección Nuevas Firmas y al ser sede de la Maestría de Estudios Avanzados de Periodismo era una auténtica escuela (https://globomiami.com/por-el-rescate-de-la-sede-de-el-nacional/).
Para Cedice Libertad era y es un gran aliado. No sólo porque varias de sus firmas de opinión son miembros de Cedice, sino porque ha brindado en reiteradas oportunidades sus espacios. En el año 2017, Cedice Libertad presentó en sus instalaciones el libro de Isabel Pereira, Por un país de propietarios. También editó Del buen salvaje al buen revolucionario. El Nacional es un verdadero espacio de difusión de ideas de libertad.
Por todo esto, reiteramos que no se trata de un embargo, sino de una expoliación, esto es, un despojo de la propiedad sin las debidas garantías constitucionales. No se trata de un golpe contra El Nacional, resultado del trabajo de 3 generaciones, sino un golpe contra todos los venezolanos; contra su identidad cultural y su memoria histórica. Es de un ataque frontal a la propiedad privada, sin la cual es imposible el ejercicio de otros derechos y libertades, en este caso, la libertad de expresión y de información.
La política monetaria como política de control social: La reconversión de 2021
El primero de octubre de 2021 entró en vigencia la reconversión monetaria decretada por Nicolás Maduro en el mes de julio, la segunda en menos de 5 años y la tercera del régimen. En total, han suprimido 13 ceros: 3 ceros en 2008; 5 ceros en 2018 y ahora 6 ceros.
No hace falta señalar que esto no remediará nada, salvo temas operativos prácticos, porque eran inmanejables las cifras en millones por cualquier cosa (un refresco 4 millones, un agua mineral pequeña 4 millones, un desayuno 40 millones). Expresamos cifras en bolívares porque contablemente se debe utilizar el bolívar como moneda de curso legal, aunque vivamos una dolarización transacción, ya que la moneda de cuenta y de pago es el dólar de Estados Unidos.
Entre el 30 de septiembre y el primero de octubre pocos sitios aceptaban pagos en bolívares, aunque la Asociación Bancaria de Venezuela informó que las plataformas de los bancos no estarían disponibles sólo entre las 8:00 pm.del 30 de septiembre hasta las 6:00 am del primero de octubre, pero definitivamente nadie o casi nadie quería bolívares.
Al inicio de la última semana de septiembre, el dólar se estaba cotizando en cuatro millones cien mil bolívares (4.100.000 bolívares), pero ya para el 30 de septiembre estaba en 5 millones de bolívares (5.000.000). Era el mercado -nosotros- respondiendo ante la inseguridad e incertidumbre de la nueva reconversión.
Durante el día viernes, casi nadie estaba aceptando bolívares y quienes lo hacían fijaban tasas de cambio muy altas que obligaban a pensar nuevamente con qué moneda era preferible pagar. Pero tener dólares en efectivo tampoco era una mejor opción. Por lo general los locales no tienen vuelto e incluso fijan una cifra más alta («redondean») para facilitar la entrega del vuelto. La opción más sencilla era el pago a través del Zelle, pero no todos tienen esa opción o el internet en la Venezuela del siglo XXI no colabora.
Esta reconversión fue más atropellada que las anteriores. Muchos señalaban que no entendían el porqué de esta reacción si la reconversión es una experiencia cercana. Pero la reacción a la reconversión no está determinada por nuestra experiencia o no con este tipo de medidas sino por el miedo ante la inseguridad e incertidumbre.
Como advirtiera Ludwig von Mises en La acción humana, el mercado somos todos tomando decisiones para alcanzar nuestros objetivos y obviamente él reflejará nuestros miedos e inseguridades ante las consecuencias de las nefastas medidas económicas adoptadas por Nicolás Maduro.
Ese viernes y los meses siguientes son la confirmación de que este país no se ha recuperado ni está en vías de ello como irresponsablemente algunos señalan. Ciertamente hemos tenido un alivio (una minoría del país) los últimos 2 años por la relajación de los controles, pero ello no es sostenible en el tiempo porque no son cambios estructurales.
¿Starbucks o Starsucks?
No podíamos evitar este irónico juego de palabras. Si este año estuvo caracterizado por la cantidad de locales que abrieron, en diciembre, la supuesta franquicia de Starbucks en Las Mercedes, sería el caso más representativo de la idea de lo que hemos tratado de exponer con el cambio de patrón en la violación a la propiedad.
Atrás quedaron los días en que veíamos un discurso violento desde el Poder Ejecutivo en todos sus niveles en contra los dueños de empresas y tierras. Lo veremos únicamente cuando les convenga, pero definitivamente no será lo más característico de esta época.
Lo que hemos visto este año, y probablemente lo sigamos viendo por un tiempo más, es la obscena cantidad de locales que han abierto; más la obscena opulencia que ostentan; y tal vez lo más obsceno –el uso reiterado de este adjetivo es completamente intencional- de todo, es el tipo de consumidores de esos locales, resultado de una economía estatizada que favorece a unos cuantos. Esa misma minoría que participa de las supuestas privatizaciones gracias a instrumentos como la Ley Antibloqueo, de la que únicamente tendremos noticias cuando se concreten.
En un país como este, en el que existe una política sistemática de destrucción de la propiedad desde el año 2005, se crean todas las condiciones para que se abran locales en abierta violación del derecho de la titularidad de la marca de una empresa multinacional. Hecho que es cónsono con los 13 años consecutivos en los que Venezuela ha ocupado los últimos lugares del Índice Internacional de Derechos de Propiedad. Específicamente en cuanto a la propiedad intelectual, ya que, de una escala de 10, por su desempeño obtuvo 2,70. ¿Cómo se puede hablar de productividad, competitividad y crecimiento si no se respetan los derechos de propiedad, en este caso intelectuales? Cómo alentar la confianza de los inversionistas si ocupamos el puesto 128 de 129, lo que nos convierte en uno de los países en donde menos se respetan los derechos de propiedad.
A manera de conclusión
2021 no fue el año de los emprendimientos, ni en él se pavimentó el camino a la recuperación económica, por el contrario, fue el año de la persistencia de la pobreza extrema. Reproducimos parte de la nota de El Ucabista sobre la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2021, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello:
«El estudio, presentado en la sede la universidad en Montalbán y retransmitido por YouTube y Zoom, revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en ‘niveles máximos posibles de 94,5%’, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde los 67,7% en que se ubicaba el año pasado».
Tengamos presente estas cifras cuando se señale que Venezuela crecerá y que la hiperinflación terminó, porque a lo largo de los últimos 12 meses hubo inflaciones mensuales por debajo de 50%. Técnicamente será así, pero los efectos como vemos en esta encuesta perduran. De igual modo permanecen las violaciones a la propiedad, aunque no veamos como antes la bota militar frente a una hacienda o una empresa. El patrón mutó, pero la política sistemática de destrucción de la propiedad se mantiene.
El poder invita a pactar sobre las ruinas de su propia destrucción y en ese país de fantasía, hecho a su medida y la de sus compinches, a cambio de esa nada incluyente “recuperación económica”, exige olvidar que no hay estado derecho, democracia y mucho menos libertad.
En nuestra tarea recordar que la diferencia entre la prosperidad y la pobreza: son los derechos de propiedad, que además son también una forma de defensa contra los proyectos autoritarios.