Habíamos esperado con confianza desde esta tribuna el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela. Era lo que se podía suponer desde las prevenciones de la racionalidad, desde un cálculo ajustado a la realidad que indicaba la orientación de sus resultados. Por consiguiente, no quedamos defraudados ni sorprendidos, sino ampliamente satisfechos.
Diversas razones de importancia obligaban a esperar con serenidad el colofón de las indagaciones de la funcionaria. Dos, especialmente: las escandalosas violaciones de las prerrogativas de la ciudadanía, perpetradas por el régimen usurpador, y los antecedentes de la responsable del documento. Las primeras eran inocultables, a pesar del esfuerzo que se hiciera para maquillarlas. Los otros pesaban demasiado en la balanza, debido al apego de la ex presidente de Chile a las normas fundamentales de la convivencia civilizada y al respeto de las normas esenciales de la democracia que han caracterizado su paso por la vida pública. Solo la imprevisión, y el imperio exagerado de los prejuicios, podían hacer pensar lo contrario.
Pero no se trata ahora de vanagloriarnos por el acierto, debido a que se trataba de una apuesta excesivamente segura, sino de llamar la atención sobre la cascada de descalificaciones y de menosprecios que pulularon en el ambiente de la víspera del esperado informe. Estamos ante un teatro susceptible de preocupada referencia, de atribulada mención, porque demuestra cómo las posiciones caprichosas, los juicios superficiales y las tergiversaciones sin fundamento pueden conducir a errores primordiales en la apreciación de un hecho político de trascendencia, que se debía analizar con especial cuidado. O sobre cuyo desarrollo convenía la reflexión, la espera paciente, es decir, conductas alejadas de un deplorable circo de locura.
Como lo más difícil en el caso que nos ocupa era equivocarse, como no cabía una mínima posibilidad de hacer predicciones negativas sobre la gestión de la alta comisionada, estamos ante una evidencia elocuente de cómo pueden la ceguera y la inhabilidad, pero también los intereses inconfesables, seguir caminos torcidos en el entendimiento de la política de nuestros días. Es la lección que nos dejan, por desdicha, los descalificadores de oficio, los piratas de la tarima y de las redes sociales que merecen la desconfianza de una sociedad que, en el más benévolo de los predicamentos, no debe fiarse demasiado de sus orientaciones.