La rendición de Colombia al dictador Nicolás Maduro en Venezuela es el acto más importante la estrategia para integrar el sistema de delincuencia organizada trasnacional del castrochavismo a las relaciones internacionales. Ante un Maduro, requerido por narcotráfico (cartel de los soles) con 15 millones de dólares por su captura, investigado por “crímenes de lesa humanidad” en la Corte Penal Internacional, en el poder con “terrorismo de estado”, en un “narcoestado” que sostiene el terrorismo y enemigo declarado de Colombia, Petro ha sometido la política exterior de Colombia a las dictaduras/narcoestados del socialismo del siglo XXI.
Desde que Hugo Chávez convirtió a Venezuela en dictadura y la usó como el centro de financiamiento para la expansión de la dictadura de Cuba con la conspiración más grande contra la democracia en las Américas, la República de Colombia quedó como objetivo principal a controlar y tomar. Desde entonces, Colombia ha sido objeto de la repetición de las agresiones perpetradas en el siglo XX por Cuba mediante las guerrillas terroristas y narcotraficantes como las FARC, ELN, que organizó, entrenó y sostiene ahora desde Venezuela.
El plan de gobierno de Petro se ve encaminado a la subordinación Colombia al liderazgo de Cuba en política internacional y al empobrecimiento acelerado de los colombianos para agregarlos a los millones de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, bolivianos y centroamericanos en crisis humanitaria o al borde de ella. No es que Petro busque ejercer el liderazgo de Latinoamérica, todo lo contrario, pues los hechos demuestran que solo repite acciones ya fracasadas de los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y gobiernos paradictatoriales de Fernández/Kirchner de Argentina y López Obrador de México, en narcotráfico y política internacional, para encubrir las dictaduras de crimen organizado.
Como tema central de política internacional -en su discurso inaugural- Petro proclamó el “fracaso de la lucha contra el narcotráfico”, que repitió en la Asamblea de las Naciones Unidas 2022. Esta narrativa tiene su origen en la década de los 80 del siglo pasado con Fidel Castro que buscaba encubrir el primer narcoestado de la región en que había convertido a Cuba con su sociedad con los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria de Colombia y Roberto Suárez de Bolivia y que trató de finalizar con el fusilamiento de sus enviados Ochoa y de la Guardia. Fue repetido por Chávez desde 2003, por Juan Manuel Santos en 2014 y en la ONU por Evo Morales en 2016.
La narrativa castrochavista del fracaso de la lucha contra el narcotráfico es la propuesta de legalizar a los narcos y así convertir en legales los narcoestados que han construido y operan en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Si el narcotráfico deja de ser delito porque la lucha contra estos crímenes supuestamente no funciona, entonces los narcotraficantes como el jefe del régimen de Venezuela y su “cartel de los soles” (todos miembros de la dictadura), los de las FARC y el ELN en Colombia, los capos del sistema en Cuba, Bolivia y Nicaragua, el castrochavismo en general, dejan de ser criminales.
Ninguno de los sostenedores del supuesto fracaso de la lucha contra el narcotráfico dicen que la parte que no funciona es la que ha caído en manos de los jefes de los narcoestados, de sus cómplices y/o de los interesados y beneficiarios en cualquiera de las etapas del narcotráfico. No hay manera de que jefes de narcoestados y sus subordinados luchen contra el narcotráfico como lo demuestra Bolivia con Morales/Arce, Ecuador con Correa, Venezuela con Chávez/Maduro, Cuba con Castro/Diaz-Canel, México con López Obrador y por verse Colombia con Petro.
Petro acaba de perpetrar la rendición incondicional de Colombia ante la dictadura/narcoestado de Venezuela. Ha viajado a territorio del vencedor para decirle a Maduro que tiene a Colombia y a su política internacional y pedir desde ahí a los gobiernos de Latinoamérica -sin decir nada sobre presos políticos, torturas, violaciones a derechos humanos- que la dictadura que ha generado la crisis migratoria más grande de la historia de la región sea tratada como sujeto normal de derecho internacional.
En el aspecto bilateral, la visita no ayudó en nada a la grave situación de la frontera colombo-venezolana en la que opera el crimen organizado sostenido por la dictadura de Venezuela. Como han reclamado 54 organizaciones venezolanas no se menciona “la participación de las víctimas de organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas venezolanas en el proceso de paz total”, que es la propuesta de Petro de “negociar con los grupos armados que por años han causado la violencia que desangra la nación” y convertirla en “política de Estado que incluya a las comunidades con diálogos vinculantes”.
*Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Democracy
Artículo publicado en Infobae.com