Quizás sin comprenderlo estamos viviendo uno de los momentos más apasionantes de nuestra historia republicana. La gente reacciona y ejerce una libertad “que no existe en la realidad material, que es ideal, extranatural, es, sin embargo y precisamente por eso, la condición de posibilidad de lo humano, sólo ella y nada más” (Aponte, Miguel) por ello vemos algo nuevo, pueblos enteros desbordados, en rechazo a las falsas promesas, exigiendo algo más que ser oídos, en plena negación de las falsas promesas y de las mentiras, reclamando que se enderecen las cosas, que exista una manera distinta de gobernar, nuevas respuestas a las necesidades acuciantes que los apremian y que en muchos casos los obliga a huir, a formar parte de una diáspora como expresión de impotencia de un pueblo que no encuentra manera de sobrevivir. Podemos arriesgarnos a decir que ya es casi un conocimiento colectivo que no podemos apostar a un futuro basados en falsas promesas gubernamentales. Como señala García Larralde: “Ni va a ocurrir un aumento del precio del petróleo que venga milagrosamente al rescate, tampoco la dolarización completa nos sacará del abismo y menos aún levantarles las sanciones a Pdvsa. El país, igual, no tiene dólares ni capacidad de generarlos en el corto plazo”. Desechadas las falsas promesas tenemos que voltear la mirada para tratar de entender y responsabilizarnos, sobre todo aquellos quienes ejercen el liderazgo, que interpreten, comprendan, el momento de enfrentamiento ante la oportunidad que brinda la realización de unas elecciones primarias. Usando como siempre la sabiduría de Antonio Escohotado: “tenemos que tratar de entender a partir de dilucidar su nacimiento y despegue”. En otros términos, por qué pasa lo que pasa. La primera pregunta imprescindible de responder es ¿cuál es la fuente de poder de quienes nos gobiernan? ¿Por qué toman caminos equivocados, mienten como de costumbre, ya un hábito, tratan de engañar a esos que hoy están las calles, a los maestros, médicos, enfermeras, trabajadores de las empresas públicas y pare de contar? No hay razonamiento lógico para entender que un país sin haber entrado en estado de guerra, sin desastres naturales como el que hoy afecta al pueblo turco, haya destruido su economía; “es insólito que, en escasos siete años (2014-2020) y sin que mediara una guerra ni otras adversidades sobrevenidas (terremotos, huracanes), la economía venezolana se haya reducido en unas tres cuartas partes” (García Larralde, Humberto).
Tenemos que buscar, ensayar una explicación para poder acercarnos al núcleo del problema, veamos: el régimen tiene tal poder porque es el dueño de la riqueza nacional, maneja el tesoro público sin restricciones, sin ninguna entidad que lo limite y obligue a rendir cuentas. Un hecho de una gravedad mayúscula respaldado por nuestra Constitución. Este texto primordial concede al gobierno de turno el poder total, el dueño del Estado ejerce el control sin restricciones de la riqueza que se genera en esta tierra de gracia. Muy claro lo que pauta la Constitución de 1999 “Art. 302: El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”.
Si queremos entender, esto significa o quiere decir que la suerte del país está en manos de un régimen que se reserva el manejo sin restricciones de la riqueza que pueda generarse en su territorio. Esta realidad cierta es la raíz del poder ilimitado de los grupos políticos que logran alcanzar el poder, ser en la práctica dueño de la riqueza o conservar de forma irrestricta el derecho de usarla como tenga a bien sin límites ni controles de ningún tipo.
Significa que el poder del régimen tiene un origen, y es la apropiación legal de la riqueza que se pueda generar en nuestro territorio. Podemos esperar cambios en la política económica, un programa de ajuste macroeconómico que devuelva la estabilidad de precios y de tipo de cambio al país. Apostar a la llegada de un fuerte financiamiento internacional que reactive nuestro aparato productivo. Todas estas acciones pueden producir algunas mejoras, pero si no se descubre la fuente de los males estaremos condenados a repetir la misma obra con distintos escenarios, un poco más adelante. Si aceptamos que uno de los apoyos más efectivo que tiene el régimen es el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas, busquemos por qué esto puede ser posible. El régimen pone en práctica la conseja del emperador romano Séptimo Severo, quien en su lecho de muerte le repite a su hijo, heredero del poder: «Concentra todos tus esfuerzos en gratificar, enriquecer a las tropas y olvídate de todo lo demás”. Esto se ha hecho descaradamente en Venezuela al punto de que hoy tenemos una clase militar enriquecida de forma dolosa en todos los sectores de la economía, en la agroalimentación, la industria, el comercio, en la venta fraudulenta a los ciudadanos de licencias y permisos para operar en cualquier actividad. El régimen ha enriquecido a una casta militar que, sin ningún esfuerzo, se concentra en brindar un respaldo cerrado al gobierno, ni siquiera defiende el territorio de la ocupación de las FARC, los rusos etc. Un cuerpo armado que ha logrado insertarse como uno de los agentes más activos de la economía del país. En cualquier operación financiera, productiva, permisología, está por medio un coronel, un general, un almirante que tiene las llaves del paraíso. En Venezuela, hay que pagar peaje para poder producir. Esta es la situación actual, es imprescindible la pregunta ¿por qué esto es posible, abiertamente, sin que nada se oponga? ¿Por qué sucede ante nuestras caras? Simplemente porque el dueño del Poder Ejecutivo puede ocuparse de enriquecer a su Alto Mando Militar sin que nadie controle, no tiene que rendirle cuentas a ninguna institución. No hay institución que pueda cambiar esta situación.
La operación es sencilla; soy el propietario de la riqueza de estos predios, nadie tiene fuerzas para obligarme a rendir cuentas, no hay quien supervise, sólo necesito un aparato de fuerza que garantice mi permanencia en el poder, de allí que la conseja de Séptimo Severo se torna en conducta política: “Enriquece a las tropas y olvídate de los demás”.
Si queremos ser coherentes, empecemos por aceptar que la Constitución le permite al régimen en el poder adueñarse o mejor dicho actuar como propietario de la riqueza nacional, para mantener esta condición necesita una fuerza acorazada que lo proteja, en conclusión, usa parte de esa riqueza de la cual es el “dueño” para pagar una fuerza militar que proteja la estancia en el poder.
La relación entre propiedad y política se torna casi evidente, aunque no queramos ver: el poder político, o posibilidad cierta de decidir, actuar, está en manos de quienes controlan como dueños la riqueza nacional y esta casta usa su poder para mantenerse a costo de lo que sea.
Entonces, si esta hipótesis es cierta, no se trata sólo de un problema macroeconómico el que nos mantiene en la penuria, es algo distinto, es un poder político asentado en un modelo de propiedad que otorga toda la riqueza del país a un Estado que nos mantiene penando.
Esta aseveración se hace más evidente si nos atrevemos a confrontarnos con los temas que hacen posible la existencia de la democracia: ¿Por qué en Venezuela no hay equilibrio de poderes? No es ningún secreto que el poder judicial es un mandadero del presidente de la Republica que justifica todas sus acciones, cuya actuación desaparece por completo el concepto de justicia. ¿Porque en Venezuela el gobierno no rinde cuentas al país sobre el uso de la riqueza y sobre cualquier tipo de decisiones que nos comprometa? Esto sucede porque no existe ninguna institución capaz de ejercer ese poder contralor. En la realidad ocurre lo contrario, las instituciones, todas sometidas al poder ejecutivo están allí para justificar sus desmanes. ¿Por qué el régimen venezolano puede desentenderse de sus tareas básicas como asegurar servicios básicos a la población, electricidad, agua, vialidad, educación, salud? La respuesta es porque no existe ninguna institución que lo obligue y simplemente puede desentenderse y seguir financiando a las fuerzas represivas y grupos allegados, no existe ninguna institución, una corte suprema, un tribunal superior que los obligue a proteger a los ciudadanos. Es lo contrario, puede olvidarse de la gente y actuar para sí mismo y para el entramado institucional–militar que lo refuerza.
Al final tenemos que aceptar que la solución del problema no es solo un giro macroeconómico, ni el levantamiento de sanciones, ni el alza de precios del petróleo, es mucho más profundo, la explicación está en la raíz, en la relación que existe entre la propiedad, esto quiere decir el poder sin límites que otorga al ejecutivo el control de la propiedad pública. El régimen es poderoso porque tiene el poder absoluto sobre la riqueza nacional, para consolidar este privilegio financia a las fuerzas armadas como guardia pretoriana, robándole los recursos a los hospitales, maestros, universidades, dejando al pueblo que gobierna sin luz, agua, educación, salud y sin protección personal ni patrimonial.
La única esperanza la tenemos hoy en la ciudadanía en las calles, reclamando, rechazando los actos corruptos del régimen. Es la movilización política de la población pidiendo no sólo un aumento del salario, sino un cambio en la forma como se gobierna al país, todo producto de una relación perversa entre el modelo de propiedad impuesto constitucionalmente, el cual concede la riqueza nacional al gobierno de turno y la política entendida como una interpretación de las aspiraciones de la sociedad de vivir con justicia, oportunidades económicas, en paz y libertad. Podemos analizar la relación entre el modelo de propiedad que existe en Venezuela desde el punto de vista jurídico, cultural, económico pero lo que no podemos perder de vista es la profundidad y envergadura de la relación perversa entre política y propiedad de la riqueza nacional