EFE/ Miguel Gutiérrez
El gobierno que preside Nicolás Maduro, como albacea de Hugo Chávez, está conformado en su mayoría por militares activos que sin haberse quitado el uniforme toman parte en la controversia electoral, ocupan puestos de alto coturno en la burocracia estatal -la mayoría con falta de conocimientos para ello-, llegan a menoscabar los derechos y garantías que da la Constitución, y ponen en tela de juicio de forma pública el deber institucional de no pertenecer a una organización política. Aun cuando pertenecen a una institución que les permite votar, pero no tienen autorización a ser parte de actos de propaganda o proselitismo político, en fecha reciente el comandante de la Guardia Nacional pronunció un discurso incordio, tedioso y laudatorio, en el que hizo referencia al proceso comicial, actuando como presunto agente del partido del gobierno. Incluso llegó a decir -sin competencia para ello- que “permitir la elección de algún candidato inhabilitado constituye un acto que traerá como consecuencia provocar la violencia en el país”.
Pero no dejaron solo al militar que le habló al país el día del cumpleaños de la creación de este componente de la Fuerza Armada Nacional. Tuvo quien lo elogiara y no fue otro que el reelegido ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien recomendó leerlo porque constituye una pieza magistral que reafirma la institucionalidad militar. Sin duda, para otros, lo dicho por el alto oficial es indebido por haber actuado de manera parcializada a favor de la política electoral llevada a cabo por el régimen. El gobierno hace ver a diario que cuenta con el compacto e indivisible respaldo que le asegura la fuerza castrense.
Los discursos de la burocracia gubernamental son del mismo tenor. Sucede que con frecuencia los dictadores hacen uso del respaldo militar tendente a su perpetuación en el poder, pero en muchos casos se equivocan.
Los regímenes de carácter autoritario tanto en países occidentales como en los socialistas, sin excluir a los que en América del Sur vienen gobernando de manera contraria a la integración institucional de la República, como es el caso de la casta gubernamental de Venezuela donde rige el gobierno presidencialista. No entiende que el Poder Ejecutivo es uno de los cinco que integran el Poder Público Nacional, que la incompatibilidad es la regla. En Venezuela el mandatario que la gobierna ha hecho que los militares activos ocupen altos cargos, que se hagan defensores de la política del gobierno e intervengan en el proceso electoral sin obediencia a su régimen disciplinario. Nicolás Maduro, quien simula ser respetuoso del sistema constitucional de Venezuela, bajo la pretensión de una ideología del comunismo desgastada por Stalin la cual ha adoptado, no ha sido capaz para sustituir su capricho gestor de la autocracia, mediante la colaboración consensual de haber elaborado un programa técnico que hubiera llevado a la nación al desarrollo económico y al respeto de la Constitución y leyes vigentes del país. Maduro, disimulando no ser un dictador, si en verdad ejerce el mando supremo de la FAN debe hacerlo con respeto; pero ha hecho todo lo contrario. Hace de lo epónimo costumbre discursiva, en cada acto les hace jurar su obediencia a la revolución y a su persona. Los considera como los héroes del país. No quiero entrar a discutir los halagos del presidente al sector castrense; pero eso sí, debo hacer referencia a lo que dice Alfredo Romero, director del Foro Penal: “Lo que pasa en el país es responsabilidad del régimen, que niega a sus compatriotas el ejercicio de los derechos básicos. De 288 presos políticos, 155 son militares que llevan 3 años en prisión preventiva, considera la prisión política arbitraria, también el retardo procesal. No es simple violación de los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad. La repetición de un juicio es una táctica para no liberar a los presos. Un detenido que está a punto de recibir sentencia puede ser obligado a comenzar de nuevo”. Todo lo dicho nos lleva a la convicción de que la arbitrariedad ejercida por un gobierno autoritario ha logrado unirnos para el cambio deseado.
Sin duda, el presidente se ha quedado solo. Su ambición de poder lo ha situado en un estado de soledad irreversible. La comunidad no confía en él. Se le tiene como ilegítimo por cuanto junto a su partido y dirigencia burocrática la masa de ciudadanos, que representa la legitimidad, no le tiene obediencia alguna, por cuanto conduce el gobierno por ellos designado en forma autoritaria y con la violencia de que son poseedoras las dictaduras. Maduro no respeta la Constitución mediante una elección cuestionada por haberse llevado a cabo por una constituyente írrita, hecha a su imagen se hizo del poder: manda a prisión al adversario. Su mandato sobrepasa a los demás poderes: el Poder Judicial, la AN, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, el Poder Moral, todos les son obedientes. A través de una enmienda se aumentó los años de gobierno y la continuidad presidencial. No rinde cuenta de gestión. Lo que es más, sus familiares y amigos gozan de toda clase de ocurrencia, ignora que los gobernados no lo reconocen como legítimo, por eso la sociedad se encamina por tendencia natural a no pertenecer al contexto del régimen, a la vez que solicita un proceso electoral transparente no sometido a las arbitrariedades y maniobras dirigidas a la perpetuación de un sistema, cuyo cambio han venido pidiendo con voluntad sobrada.
Frente a esta situación y la insistencia de Maduro a no reconocer a los sectores que lo adversan, como el oponerse a que vaya a la competición para la elección primaria una persona presuntamente inhabilitada y que lo derrote como lo refleja la voluntad del pueblo; he aquí lo que pensamos sobre si están dadas las condiciones para que se restituya la legitimidad institucional del país: nos corresponde afirmar que sí.
¿Por qué tal afirmación? Los hechos que se vienen sucediendo lo confirman. La oposición le ha dado seriedad al sistema de los partidos, ha interpretado que la lucha y la integración no son separables; que los partidos políticos cuando luchan por un orden social más justo, más auténtico, deben limitar su comportamiento en reglamentar la expresión de los antagonismos y tender a eliminarlos. La convocación de unas elecciones primarias, así como el nombramiento de una Comisión Electoral de Primarias para vigilar tal proceso nos lleva a la convicción que será un proceso que evitará la abstención y logrará derrotar la usurpación, por cuanto en forma legítima cuenta con el apoyo de un colectivo, a la vez que se ha operado una reafirmación de los partidos con fuerza suficiente para rechazar todo lo que sea su negación. Es ejemplarizante que los 13 candidatos que participarán en el proceso electoral hayan revivido el triunfo electoral de URD cuando el sufragio derrotó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la elección de la ANC de 1952, se fue reconocido pero declaró inhabilitado a los diputados electos, hecho que produjo la revolución del 1958: el dictador abandonó el poder y se marchó con un maletín repleto de dólares.
La oposición venezolana ha reconfigurado el sistema de partidos, el liderazgo da por entendido que la lucha y la integración no son separables, entienden que luchar por un orden social más justo, como por una integración auténtica, no constituye artificio que pueda entenderse como demagógico medio para sus intereses. Nos está dando una lección veraz para resolver la situación de cambio de sistema político arbitrario que ha venido gobernando en forma ilegítima y con violencia. Se han entendido en llevar a cabo un proceso electoral basado en unas primarias, para la escogencia de una precandidatura para optar por la presidencia constitucional de la República. En tal competición participarán 13 candidatos, los cuales han debatido sus ideas en conjunto y de manera pública, lo que es más, han firmado el compromiso de respetar el que sea elegido e ir con él hasta el final: para tal compromiso han constituido un acuerdo con expresión sobre los principios fundamentales de la sociedad y las instituciones de integración para eliminar los antagonismos que se venían presentando. Tal actitud se gana a las masas, a los sectores laborales del país, al clero, a los sectores estudiantiles, profesionales, al sector empresarial progresista tanto de la ciudad como la del campo, a los intelectuales y a personalidades de alta consideración que hartos de la violencia e imposición de privilegios de los abusos, solicitan que realicen una elecciones no amañadas.
Pero qué piensa el gobierno, este no actúa respetando las leyes, teniendo el control de la AN, nombrará un CNE que le garantizará la no inscripción de un candidato electoral a quien se le tenga como inhabilitado, no estándolo. De suceder. ¿Cuál camino tiene la oposición venezolana? No le queda otro dado el acuerdo de fondo que ha firmado: hacerlo respetar. Las masas han entendido que la lucha no es dentro del gobierno. La lucha es pues un proceso que se va a dar sobre el gobierno, que no cuenta con su obediencia. Toda lucha de los que adversan al sistema es sobre el gobierno. La integración no solamente para evitar los conflictos. De suceder la no inscripción del candidato escogido por la oposición, es de pensar que la integración y concienciación reflejada en el proceso primario atribuye la libertad de escoger el medio posible a su alcance para asegurar la victoria.