Mis siguientes reflexiones tienen las limitaciones propias del espacio indicado de un artículo de opinión. Y, por tanto, dejan en el tintero criterios e informaciones que contribuirían a darle mayor sustentación a los asertos siguientes.
La oposición democrática (de ahora en adelante OD) luego del fraude instrumentado por el régimen contra la soberanía popular está inmersa en un debate sobre cuál debe ser su posicionamiento ante los comicios convocados para mayo del presente año. Debate que no por pertinente (porque es necesario resolver un curso de acción) solapa el problema de fondo no resuelto todavía en la larga lucha por desalojar del poder al chavismo: no haber podido lograrlo.
A pesar de haber transitado todas las formas de luchas cívicas, institucionales y pacíficas desde que se tuvo la certeza de que el chavismo no era un proyecto político dirigido a superar positivamente las limitaciones y carencias de la democracia surgida en 1958, sino todo lo contrario; el régimen habiendo dejado de ser hegemónico por perder el mayoritario apoyo ciudadano (que por casi diez años tuvo) continúa en el poder.
Esa realidad es aún más preocupante desde que el chavismo pos-Chávez dirige el Estado porque en ese periodo – todavía en progreso- la ciudadanía ha demostrado de diversas maneras su deseo de cambio político.
En los tiempos del chavismo sin Chávez las tres estrategias utilizadas (principalmente) acompañadas de la presión internacional, para tratar de lograr el cambio o acercarlo han estado centradas en: confrontarlo con la operación Gobierno paralelo con el interinato Guaidó, tratando de negociar un acuerdo que facilitara la reinstauración del orden constitucional, concurriendo a procesos electorales o boicoteándolos mediante la abstención cuando se ha considerado conveniente por la ilegalidad de los mismos o la ausencia de garantías y condiciones para que fuesen justos, libres y competitivos.
En los comicios parlamentarios de 2015 la oposición democrática coaligada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pudo representar el creciente y mayoritario deseo de cambio político de la sociedad. La MUD obtuvo los dos tercios de la representación parlamentaria. Ante esa realidad el régimen ante opto por desconocer la AN electa mediante una decisión del TSJ que la consideró en desacato.
En el mismo 2016, la oposición democrática trató de activar el Referéndum Revocatorio Presidencial. El oficialismo de manera ilegal puso todos los impedimentos posibles al ejercicio de ese derecho constitucional. En paralelo, se cargó también el proceso electoral regional que debía realizarse ese año. “No habrá elecciones si no las gana el chavismo”, declaró el propio Maduro.
Con motivo de las elecciones presidenciales del 2024, la OD decidió participar visto el enorme deseo de cambio político existente en la sociedad y su posibilidad de transformarlo en una caudalosa votación que, supuestamente, obligaría a su reconocimiento. Resolvió escoger su candidatura presidencial en primarias abiertas. A la candidatura escogida en las primarias le reflotaron una inhabilitación ya caducada. Tuvo la OD que escoger una nueva candidatura que también fue inhabilitada y tuvo que escoger una sustituta de la sustituta. No obstante esas y otras vicisitudes ventajistas e ilegales orquestadas por el oficialismo, el 28 de julio el pueblo votó abrumadoramente por el cambio; la respuesta fue un fraude contra la soberanía popular solo comparable al ocurrido en 1952 contra los resultados en una elección para una Asamblea Constituyente.
Con relación a la abstención su efecto ha sido limitado porque más allá de contribuir a poner en evidencia la ausencia de legitimidad de origen y de respaldo ciudadano al régimen, como ocurrió en 2017 con la elección a una constituyente que no era más que el subterfugio para montar un parlamento paralelo, lo mismo ocurrió con motivo de la elección presidencial de 2018, proceso plagado de irregularidades desde su fase inicial. Terminando con el llamado no explicito condensado en lo expresado en su momento por María Corina Machado “La soberanía se ejerce no se consulta” que expreso la convicción de la ciudadanía de que el referéndum sobre el Esequibo era una maniobra politiquera del régimen y que fue un fracaso en términos de asistencia ciudadana.
En los diferentes procesos de diálogo y negociación el oficialismo se negó a asumir compromisos o se desentendió de los acordados. Los usó para ganar tiempo y con intención de maquillar sus objetivos reales.
El compacto sumario sobre los resultados de las estrategias ejecutadas por la OD demuestra que no ha podido lograr su objetivo central.
La responsabilidad principal del aborto de todas las posibilidades pacíficas e institucionales para resolver la crisis política recae en el régimen que privilegia sus intereses continuistas apalancado en su capacidad, fortaleza, resiliencia y determinación de conservar el poder a todo evento y precio.
De lo expuesto no debe concluirse que creo que no hay nada que hacer, que le está vedada a la oposición democrática conseguir su hilo de Ariadna para salir del laberinto y conducir a la nación a liberarse del secuestro a que la tienen sometida por la razón de la fuerza.
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