El evento del 6 de diciembre no fue la elección de un poder del Estado en consonancia con la legalidad vigente, en este caso del Parlamento nacional, sino una operación política orquestada por la dictadura y sus aliados no chavistas para terminar de asaltar la Asamblea Nacional. No se trataba de unos comicios en los cuales se expresara libre y legalmente la soberanía popular, más bien fue concebido, planificado, organizado y ejecutado para lo contrario. Un cúmulo de irregularidades e ilícitos se fueron acumulando en su preparación, gestación y materialización que terminaron por convertirlo más que en una oportunidad positiva para el país (tal como lo vendían oportunistas, traficantes de la política y algunos despistados) en una emboscada para la ciudadanía, se les llamaba a votar mas no a elegir libremente.
Tal acumulación de irregularidades y la evidente naturaleza y objetivos del evento de marras abonaron la desconfianza justificada y su propensión a no participar de la ciudadanía (por todas las tropelías y atropellos cometidos por el régimen y sus operadores judiciales y electorales en la materia desde 2016); de la misma manera, tanto la dirigencia democrática desde la Asamblea Nacional y la comunidad internacional democrática decidieron unos boicotear el evento y los otros anunciar que desconocerían sus resultados si no se producían cambios sustantivos que garantizaran las condiciones indispensables para que tales comicios fuesen justos, libres, competitivos y verificables.
El proceso del 6 de diciembre solo fue atendido por una minoría del cuerpo electoral, a pesar de los ingentes esfuerzos hechos desde el aparato del Estado para influir en la participación. Buena parte de esos esfuerzos fueron actos de intimidación, amenaza, coacción, soborno social, etc. De hecho, lo más relevante en términos comunicacionales de la campaña electoral fue la insólita e inhumana amenaza de que “el que no vota, no come”; por cierto, muy en la onda de aquella pronunciada en la campaña electoral de 1998 “freiremos en aceite las cabezas de…”.
El chavismo se propuso dos objetivos básicos con los comicios: ganar algo de legitimidad democrática y en consecuencia restarle apoyos a la causa democrática o en el peor de los casos generar confusión entre quienes apoyan a las fuerzas democráticas; controlar la Asamblea Nacional para dejar ayunos de sustentación legal y legitimidad al gobierno interino, lo cual supondría el fin o la disminución sustantiva del apoyo internacional que recibe.
Esos objetivos no fueron logrados. La altísima abstención de bastante más de 70% le resta representatividad y legitimidad al cuerpo elegido, los mismos que no reconocieron la constituyente tampoco reconocerán a la supuesta nueva AN, es muy probable que sigan reconociendo a la AN y al gobierno interino presidido por Guaidó porque consideran que el acto del domingo 6 de diciembre es un nuevo episodio de la usurpación. En cuanto a controlar la Asamblea Nacional, es bueno aclarar que desde la resolución ilegal del desacato le fueron confiscadas a favor del TSJ y de la constituyente respectivamente las competencias de legislación y control quedando la AN solo como una instancia de resistencia sometida ella como poder del Estado y sus diputados a toda clase de atropellos. Suponemos que no fue disuelta por el régimen por considerarlo inconveniente a sus intereses, lo cual puede terminar siendo a la postre un grave error del chavismo. En definitiva, con relación al nuevo cuerpo elegido, el régimen va a encontrarse en la misma situación de ilegalidad e ilegitimidad de la finada Constituyente, reconocida solo por sus aliados. La dictadura no ganó nuevos aliados ni neutralizó a las fuerzas democráticas.
La jornada del 6D terminó siendo una pequeña victoria para la ciudadanía y para los sectores políticos democráticos. Para los ciudadanos porque escenificaron con su ausencia masiva de los centros de votación un acto de dignidad, desobediencia civil, insumisión, de protesta más que de indiferencia (que la hubo) como sostienen algunos, queriendo desvalorizar lo ocurrido. Fue su respuesta acertada, tomando en cuenta las circunstancias, a un régimen que les ha confiscado sus derechos civiles y políticos, también responsable de la pavorosa crisis económica y social en progreso. Para los sectores democráticos, hoy en comprensibles horas bajas, porque demostró la justeza y el acierto político de haber promovido el boicot a la farsa.
Traspuesta la coyuntura del 6D, la dirigencia democrática tiene la responsabilidad histórica, tarea nada fácil, de diseñar una política para combatir con éxito a la dictadura –la cual se va a endurecer y a reforzar sus actos represivos, no lo supongo, lo han anunciado expresamente–, construir una plataforma unitaria cónsona con los requerimientos de la nueva situación y último no menos importante, hacer viable la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional. Estos necesarios esfuerzos deben ser llevados a cabo con el mayor realismo posible, alejados del voluntarismo y de la creación de falsas expectativas, errores en los cuales se ha incurrido con demasiada frecuencia.