El que más de un centenar de países haya consignado su voto favorable en la ONU para que Venezuela, sometida a un régimen dictatorial y violador de los derechos humanos, se mantuviese precisamente en la Comisión de Derechos Humanos hizo aterrizar a muchos venezolanos que aún no se habían percatado de que la comunidad internacional representada en ese organismo mundial tiene unas características tan propias como desconcertantes que lo diferencian de otros organismos y grupos internacionales.
Sobre la incongruencia de esa decisión, enfocándola en la naturaleza de este régimen y su conducta criminal, que lejos de disminuir va in crescendo, pudiéramos decir que es tan incoherente como que el presidente de la Corte Permanente Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU, sea Abdulqawi Ahmed Yusuf, un somalí que representa en ese ente a su país, que es un Estado fallido; o que la fiscal del Tribunal Penal Internacional sea la gambiana Fatou Bensouda, cuyo país no ha sido precisamente un adalid de las libertades y derechos ciudadanos, encontrándose en mora con la firma o ratificación de tratados internacionales que regulan la materia.
Nos bastan estos pocos ejemplos para entender cómo se “bate el cobre” en ese organismo mundial, cuya formación permite que desde su tribuna hagan valer orgánicamente, en el mundo entero, los intereses de una izquierda recalcitrante y decimonónica que inexplicablemente aún venden, y le compran, en el resto del globo terráqueo. Ellos proporcionaron el respaldo para que repitiera en ese consejo la dictadura venezolana, valiéndose de grupos de países de los distintos continentes, tal como lo han obtenido Cuba Bolivia, China, la Federación de Rusia, Irak, Libia y Somalia, entre otros, en los que los derechos humanos han sido secularmente cercenados.
De tal forma que poco nos ha de extrañar ese resultado que ha sido logrado con el valor agregado de la repugnante solidaridad que en ese escenario opera con una envidiable eficacia. La ofensiva diplomática del régimen, previa a la votación, la puso a prueba y le respondieron en el marco de una avanzada que específicamente en América Latina es sacudida por agitadores inducidos que persiguen la desestabilización de nuestras democracias.
La repercusión de esta difícil situación puertas adentro es de cuidado. No bastan las declaraciones de rechazo, ni de autocompasión. La retórica es enemiga de las acciones. Debemos coordinar una política internacional que hoy observamos eficiente en algunos escenarios, pero sin la contundencia necesaria para lograr grandes objetivos. Tenemos aún muchos aliados para desarrollar en el plano internacional una buena política de Estado.