Volker Türk /Foto: AFP via Getty Images
El canciller de Nicolás Maduro, de nombre Yván Gil, le exige al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que sea imparcial cuando se refiera a la “soberana” República Bolivariana de Venezuela. Gil da el ejemplo de la siguiente forma: se repudia la “infame” actualización de la situación de los derechos humanos a la fecha presentada por Türk ante el Consejo de Derechos Humanos; el alto comisionado está “subordinado al decadente imperio estadounidense” y, además, tiene “sus manos manchadas de sangre” por el asesinato de niños y niñas en Gaza, Líbano y Siria.
¿Cómo le gustaría a Gil, al fiscal y a los hermanos Rodríguez que fuera la actualización del informe sobre derechos humanos? Por ejemplo, algo así:
– En Venezuela no se cometieron 28 asesinatos después de las elecciones del 28 de julio.
– En Venezuela es falso que se hayan detenido a 2.000 ciudadanos.
– En la República Bolivariana, soberana y digna, no hay detenciones arbitrarias, ni antes ni después de las elecciones del 28J.
– Las autoridades de Venezuela proporcionan alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas amplias, ventiladas y confortables.
– No existen informes fidedignos de personas detenidas que dicen ser defensoras de los derechos humanos, o dirigentes sindicales, o periodistas, o miembros de la oposición (por el contrario, mantenemos diálogo permanente con todos los opositores reconocidos), ni tampoco son trabajadores humanitarios y mucho menos personal que laboró en los centros electorales el 28 de julio.
– Todos los procesos electorales que se realizan en el país son transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos.
– Apreciamos que el alto comisionado reconozca que el PIB del país creció 8,5%, pero negamos que haya dificultades para acceder a la alimentación, la educación, la atención sanitaria y un trabajo digno.
– La Ley Simón Bolívar y la Ley de las ONG son para la defensa de la patria acosada.
La realidad, sin embargo, es terca y no está descrita ni reconocida en los frecuentes comunicados oficiales que suele despachar Yván Gil. Por ejemplo, el jueves de esta semana falleció en la prisión de Tocuyito el preso político Jesús Rafael Álvarez. Nacido en Anaco, en el oriental estado Anzoátegui, Álvarez, de 44 años, fue detenido durante las protestas poselectorales. Su hijo, Jesús Álvarez, se enteró por las redes sociales de la muerte de su padre. También su mamá está detenida.
El joven se movilizó para reclamar la entrega del cadáver de su padre. Hizo gestiones de un despacho a otro para la obtención de un papel que le permitiera llevarse a su padre, pero la policía le dijo que allí no había “ningún muerto”. “¿Y lo que yo vi allá que era? ¿El cuerpo que me mostraron allá que era? ¿Un muñeco, algo falso? Ese era mi papá. Y los datos que me tomaron para el acta de defunción ¿es falso eso?”, respondió el joven.
¿Podrá negar Gil y otros voceros oficiales esta muerte bajo custodia del Estado? ¿De qué forma “objetiva” debe recibir una familia el cadáver de un preso por razones políticas?
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