No cabe duda de que el progresismo, ese nuevo nombre engañoso de la izquierda mundial, ha seguido contribuyendo, por acción u omisión, al continuo despropósito del proceso político venezolano dominado por la agenda del régimen madurista. Todo ocurre en medio del pandemónium en que se ha convertido nuestro pobre país, y que tiene como telón de fondo un quimérico mecanismo de diálogo en el que una de las partes ya ha obtenido básicamente lo que quería, y esa pantomima electoral de finales de año, con resultados y consecuencias ya más que previsibles.
Gran parte de la vergonzosa oposición política, plagada de agendas personalísimas, y que por tanto no ha sido capaz de conformar una “verdadera plataforma unitaria” –condición sine qua non para enfrentar con éxito a un régimen tiránico con superiores recursos–, sirve perfectamente de complemento al coro de la comunidad internacional que apuesta cómodamente por sus acostumbradas formas apaciguadoras.
Otra vez la Unión Europea
La Unión Europea ha anunciado la semana pasada lo que ya se advertía en el ambiente: el envío a Venezuela de una misión de observadores para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
De no ser por eso que llaman el beneficio de la duda, todo parecería ser parte de un guion bien preconcebido que comenzó con la cuestionable decisión opositora de sentarse a negociar en México con la delegación del régimen violador de derechos humanos, y el aviso, inmediatamente después, del grupo hasta ese momento más renuente de la oposición (G-4), de participar en los comicios regionales. El cumplimiento de estos pasos, seguramente por recomendación (¿o presión?) de Josep Borrell, explicarían la nueva movida de la UE respecto a los venideros comicios, en contraste con su rechazo al proceso y resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020.
Por otra parte, resulta curioso observar que una semana antes del anuncio de la UE, la dirigente opositora María Corina Machado reclamaba al Parlamento Europeo las conclusiones del informe que ya ha debido haber elaborado la misión técnica de la UE que visitó Venezuela el pasado mes de julio, para evaluar la factibilidad o no de desplegar una misión de observación electoral (MOE).
El anuncio de carácter político de Borrell, quien por cierto no hizo mención alguna a la misión de exploración de julio, pareció dejar a un lado intencionalmente lo apuntado por la dirigente de Vente Venezuela en una carta que esta dirigiera a los partidos políticos del Parlamento Europeo en la que muestra su preocupación por el no pronunciamiento respecto al informe citado y recuerda que en Venezuela no están dadas las condiciones técnicas, logísticas ni políticas para el eventual despliegue de una MOE, si se aplicaran estrictamente “los estándares del propio manual de la UE”.
Obviando los protocolos de la UE, al señor Borrell le han bastado razones de orden político-práctico para justificar el envío de la MOE: 1. Conformación de un Consejo Nacional Electoral relativamente equilibrado; 2. según el mismo alto funcionario “la concurrencia de la mayoría de las fuerzas políticas por primera vez en los últimos años”: y 3. El proceso de negociaciones que tiene lugar en México.
La tesis de la UE consiste en que la decisión sobre el envío de la misión de observación electoral es parte de un proceso que habrá de conducir eventualmente a la solución pacífica y política de la crisis venezolana y, por tanto, “…un camino hacia elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”. Es decir, se estaría hablando de un proceso electoral imperfecto de cara al 21 de noviembre, pero sólo como paso previo y necesario al objetivo supremo de la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
¡Yo te aviso!
Es posible que el señor Josep Borrell, en su afán por tender su “trampita democrática”, esté pasando por alto ciertos detalles de relevancia no menor.
El régimen de Nicolás Maduro no hará concesión alguna que ponga en riesgo la preservación del poder. La lucha por mejores y óptimas condiciones electorales seguirá siendo una aspiración de los sectores opositores y de la comunidad internacional. Las contradicciones de la oposición venezolana, muy dividida entre los sectores que llaman a la abstención activa y aquellos que desean participar en el proceso electoral, pero a su vez atomizados por la ausencia de candidaturas unitarias en muchas de las circunscripciones, proyecta un cuadro de resultados a todas luces favorable al régimen.
Las negociaciones de México, con todas sus particularidades y amenazas de ser abortadas por el régimen una vez más, han servido de acicate para reforzar la matriz de opinión favorable a las elecciones regionales del 21 de noviembre.
Mientras tanto, la decisión de la UE de enviar una misión de observación electoral a Venezuela la convierte en estos momentos en la nueva mejor aliada de Nicolás Maduro. Una “alianza coyuntural” que necesita el régimen para lavarse el rostro, y recuperar, aunque sea una parte de la legitimidad perdida para reducir así su situación de aislamiento internacional.
Por lo demás, nada de lo que ocurra en noviembre constituirá riesgo alguno para la continuidad del régimen, ya que las elecciones regionales y municipales en sí no representan la posibilidad de un cambio político real. Tristemente, la oposición política secuestrada por el sistema tendrá que seguir conformándose con las migajas que el gobierno de facto decida conceder, después de este otro proceso electoral amañado.
Javierjdiazaguilera61@gmail.com