En Venezuela ha habido en el pasado intentos de construcción de sistemas políticos democráticos. El más conocido es el que se inició en el año 1958 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Desde el punto de vista político, el éxito de ese ensayo democrático se fundamentó principalmente en su habilidad para manejar el Estado y los recursos rentísticos de acuerdo con los intereses de una alianza entre los partidos políticos, la jerarquía de las fuerzas armadas, la dirigencia del empresariado privado y la Iglesia católica. Desde el punto de vista económico, por su parte, fue el carácter rentista de la economía venezolana lo que hizo posible que la transición modernizadora, desde un país eminente rural, se efectuara a través de este modelo democrático, sin mayores conflictos entre los distintos actores de la sociedad.
Este ensayo democrático basado principalmente en la conciliación de intereses que se inicia en 1958 logró diseñar una exitosa experiencia que le permitió financiar la inversión social del Estado –principal motor de la economía venezolana- a través de la renta petrolera en lugar de hacerlo a través de la modalidad capitalista clásica, es decir, a través de la explotación directa de la fuerza de trabajo y de la extracción de impuestos a las ganancias privadas.
De esta forma, los recursos rentísticos provenientes de la actividad petrolera le permitieron al sistema político evitar la contradicción observable en otros países de América Latina entre el gasto social generador de beneficios inmediatos para la población (salud, educación, subsidios a la alimentación, transporte, etc.), y la acumulación / inversión para el surgimiento de un mercado capitalista.
Desde este punto de vista, el caso venezolano había representado en esos años una excepción en relación con lo que ha sido el gran problema de América latina desde la década de 1930, vale decir, la necesidad de construir modalidades de gobierno efectivas para enfrentar con éxito el dilema estructural de política económica: la tensión entre los imperativos de ganancia y de acumulación capitalista, por una parte, y, por la otra, la necesidad de mantener niveles aceptables de satisfacción de demandas sociales y de legitimidad política para garantizar la estabilidad y continuidad del régimen.
En Venezuela, y sobre la base de un abundante recurso rentístico, había funcionado una exitosa democracia policlasista, basada en un sistema político de conciliación de intereses, que logró, mediante la distribución de la renta del Estado y la puesta en práctica de políticas de concertación y consenso, evitar las contradicciones sociales propias de la transición hacia la modernización.
Ahora bien, la estabilidad de un régimen democrático supone, entre otras variables, la capacidad de las diferentes instancias públicas para satisfacer el volumen de demandas sociales, demandas que, justamente a causa del propio proceso modernizador, crecen tanto en número como en complejidad. Ya a mediados de la década de los 80 al Estado no le resultaba tan fácil como antes hacer frente a las demandas sociales en aumento, especialmente (aunque no únicamente) por el agotamiento de las bases rentistas sobre las cuales se sustentaba económicamente el modelo político.
Ya para la década de 1990, parecía claro que se estaba en un momento de transformación del modelo democrático 58, de las relaciones de poder político y de los fundamentos económicos del sistema. Parecía inevitable una transición política, estrechamente ligada a la transición económica, hacia una Venezuela post-rentista.
Es en ese contexto cuando en el año 1999 triunfa electoralmente una propuesta, encabezada por Hugo Chávez, que prometía un nuevo modelo político que dejara atrás el modelo 58, pero nuevamente sobre una base económica centrada en la renta petrolera. Se planteaba así una transición política sin transición económica. De hecho, el país se volvió durante las administraciones de Chávez y después de Maduro todavía más dependiente de la renta petrolera. Así por ejemplo, mientras en 1998 el porcentaje de las exportaciones venezolanas debidas a petróleo era de 48%, en la década siguiente subió en promedio a 75%, con un pico de 96% en 2013. Pero, todavía más grave, todo esto se desarrolló en un contexto de progresivas limitaciones a la libertad y a las condiciones democráticas mínimas. Hoy en día, el déficit democrático sufrido por Venezuela en los últimos lustros es de tal tamaño, que casi nadie en el mundo se refiere actualmente a Venezuela como un país democrático.
Lo cierto es que la tarea ineludible de avanzar hacia una necesaria transición económica está todavía por hacerse, y es uno de nuestros más urgentes retos como país. Pero hacerlo en democracia es todavía más importante y necesario. ¿Por qué? Porque esa transición económica, para que sea políticamente viable, requerirá necesariamente la aceptación legitimadora de la población, y ésta sólo se logra a partir de la construcción progresiva de consensos sobre su necesidad y conveniencia, o en otras palabras, la construcción de un acuerdo nacional que la involucre.
Un nuevo acuerdo nacional, para que tenga viabilidad política más allá del corto plazo, no puede ser impuesto por una persona, un grupo, un gobierno o una parcialidad política, sean quienes sean. De ser así, ya no sería un “acuerdo” sino una imposición, y ninguna imposición al final funciona.
Para que acordemos de verdad un nuevo y viable proyecto nacional de país, en el que nos sintamos todos identificados y del cual todos formemos parte, es imprescindible que exista Democracia para poder construirlo. Porque un acuerdo nacional en democracia permite contar con el apoyo de la población y de los principales actores nacionales, garantiza un nivel adecuado y revisable de inclusión social al no dejar por fuera a los sectores más vulnerables, y es más estable y sostenible en el tiempo porque no depende de la permanencia de un determinado gobernante en el poder.
Cualquier proyecto nacional que no sea construido en Democracia, será siempre el proyecto de “alguien”, pero no de todos. Y lo que es todavía más importante, no va a funcionar. Porque si no recoge los consensos de quienes formamos a Venezuela -es decir, todos- no será nunca un proyecto viable.
Por eso, no puede construirse un necesario nuevo proyecto de nación para todos si no es en Democracia. Por tanto, construir Democracia es el primer y necesario paso para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Es por ello que, ante la coyuntura electoral que se avecina, y más allá de las preferencias políticas de cada quien, lo verdaderamente importante es que coincidamos todos en la demanda y la lucha porque ese evento se realice en condiciones democráticas reales que permitan que sea el pueblo quien decida. Si no es así, el 28 de julio será una nueva oportunidad perdida para la trascendental y necesaria tarea de construir Democracia, el único sistema que permite la edificación de un país viable.
@angeloropeza182