El país ha sido conmocionado por la trágica muerte de mi amigo y luchador democrático Edwin Santos. Los voceros oficiales informaron que falleció como consecuencia de un accidente de tránsito, mostrando fotografías de su cuerpo inerte y del lugar donde apareció.
Ofrecieron una versión basada en la “necropsia de ley realizada por expertos del Senamec…”, según la cual su fallecimiento se debió al estrellamiento contra un árbol a la vera del camino que une El Nula (Apure) con El Piñal (Táchira). Así lo comunicó al país el director del Cicpc en un comunicado, con el que pretendió dar por definitiva y concluyente la versión oficial y anunció una investigación, no para profundizar en las circunstancias que rodearon este fallecimiento, sino para adelantar “una averiguación a quienes están realizando estas campañas de desinformación y mentiras”; es decir, contra las miles de voces que denunciamos, en principio, su desaparición, y luego su trágica muerte.
Acto seguido, el aparato de propaganda y comunicaciones del régimen lanzó una campaña para convencer a la nación de “la verdad oficial”. Pero, precisamente, es la versión de la dictadura la que ha permitido llegar a la conclusión de que Edwin no falleció como resultado del supuesto accidente, sino que todo apunta a un nuevo crimen político que la cúpula roja busca hacer pasar por un accidente.
En un país donde se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, todo debe ser recibido a beneficio de inventario. La camarilla gobernante pretende que aceptemos como dogma de fe todo lo que afirman; además, amenazan con cárcel a quienes duden, cuestionen o contradigan sus posturas. Es la muestra más evidente de su intención de instaurar el silencio a través del terrorismo judicial.
No es posible callar ni aceptar una falsificación tan burda de la realidad como la que aquí ha ocurrido. Estamos frente a la muerte del principal dirigente de la oposición en la parroquia San Camilo del municipio Páez, en el estado Apure, y ello ocurre en un contexto de tiempo, lugar y circunstancias en las cuales el régimen madurista ha lanzado contra la sociedad democrática la más brutal escalada de represión y violencia que nuestra nación ha conocido en un siglo.
En estos días, después del 28 de julio, se han producido 25 muertes de ciudadanos en los escrutinios y en las protestas posteriores al evento electoral. De dichas muertes no hay una investigación confiable. Por ejemplo, el asesinato de Julio Valerio García, de 40 años, ocurrió en la escuela John Kennedy, que está ubicada en Palmira, municipio Guásimos del estado Táchira. Según testigos, los agresores llegaron en una camioneta blanca y abrieron fuego contra García, quien estaba a las puertas del centro de votación a la espera del proceso de verificación ciudadana. En el sector oficial nada se menciona sobre esta muerte. Además, se han detenido a más de 2.500 personas, la mayoría de las cuales están incomunicadas de sus familias.
La desaparición inicial de un dirigente como Edwin Santos en una región donde son frecuentes los ajusticiamientos y los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley dispararon todas las alarmas. Esto se agravó cuando su cadáver apareció a la vera del camino, 48 horas después de su desaparición. La versión ofrecida por el director de la policía científica solo incrementó las dudas y las sospechas sobre este caso.
Los elementos oscuros y las dudas en el caso de Edwin son múltiples. En primer lugar, vecinos de El Nula informaron sobre la presencia de al menos un vehículo oficial del Sebin en la zona, el día de la desaparición de Edwin, el miércoles 23 de octubre al mediodía. La preocupación de la familia y los amigos fue tal que estos últimos se movilizaron por la zona para buscar algún rastro de su existencia sin obtener resultados, especialmente en la ruta habitual que el joven dirigente recorría a diario.
Cuando se conoció el lugar y la forma en que apareció el cadáver, diversas personas lograron llegar al sitio, y los elementos apreciables a simple vista incrementaron aún más las dudas y las alarmas. Un primer examen del escenario y de las fotografías existentes revela que la ubicación y posición del cadáver no resultaban lógicas. Como se ve en las fotografías, el cuerpo quedó detrás de la moto. En un accidente de moto a alta velocidad, es más común que el cuerpo salga proyectado en la misma dirección en la que se movía la moto antes del impacto, debido a la inercia. Esto significa que, generalmente, el cuerpo del motociclista tiende a seguir la trayectoria hacia adelante y podría quedar delante de la moto o a un lado, especialmente si esta se detiene abruptamente al chocar contra un objeto o el suelo. Sin embargo, en este caso, el cuerpo quedó detrás de la moto, lo cual no concuerda con las dinámicas de un accidente típico de este tipo. Estos factores, basados en principios de física y en la dinámica general de accidentes de tráfico, no fueron considerados en el informe ofrecido por el vocero de la policía judicial, quien tampoco procuró datos precisos ni realizó investigaciones periciales detalladas.
Un análisis de las fotografías publicadas por las autoridades y los propagandistas del gobierno sugiere que el cadáver no estaba, en el momento de su levantamiento oficial, en la misma posición en la que debió haberse encontrado en las horas inmediatamente siguientes a su fallecimiento. El abogado y criminólogo Zair Mundarain, en redes sociales, advierte sobre signos de manipulación en la posición del cuerpo de Edwin Santos, lo que indicaría una «simulación». Mundarain resalta la aparición de livideces cadavéricas en la espalda, lo cual indicaría que el cuerpo estuvo boca arriba después de la muerte. La ubicación de estas livideces, opuestas a la posición en que se encontró el cuerpo, sugiere que el cadáver fue movido posteriormente.
Otro aspecto a considerar es la naturaleza y la proporcionalidad de las heridas, que no concuerdan con el impacto de un accidente, sino que parecen indicar golpes con objetos contundentes, especialmente en las manos, lo cual sugiere tortura o maltrato.
Igualmente, al evaluar el daño en la moto en comparación con el sufrido por el cuerpo de Edwin, se observa que los daños en el vehículo son menores de lo esperado para un accidente de alta velocidad, lo que genera más dudas sobre la versión oficial.
Además, se destaca la ausencia de signos de voracidad de la fauna carroñera en una zona ganadera. En una temperatura elevada de aproximadamente 35 grados Celsius, un cadáver al aire libre comienza a emitir olores fuertes que atraen a la fauna carroñera en pocas horas. El hecho de que el cuerpo apenas mostrara signos de descomposición indica que este apenas llevaba pocas horas en el lugar al momento de su descubrimiento, el viernes 25 de octubre en la mañana, lo que sugiere un escenario simulado para encubrir la verdad.
Esta muerte requiere una investigación profunda. En un sistema autoritario, bajo la tutela del régimen cubano, no sería extraño que se atentara contra personas disfrazando los homicidios de accidentes. Recordemos la muerte del dirigente cubano Oswaldo Payá, quien, según la versión oficial, murió en un accidente de tránsito, aunque su familia sostiene que fue un accidente provocado.
En circunstancias como las actuales, la duda es natural, y corresponde al gobierno demostrar su versión. Es nuestro derecho denunciar, primero su desaparición y luego su muerte. Y es deber del Estado investigar y demostrar la verdad. Con los elementos disponibles, todo indica que estamos ante un nuevo crimen político que se pretende hacer pasar como un accidente.
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