El levantamiento de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos es más amplio de lo que se esperaba antes del anuncio. Aunque circulaban reportes de que, a propósito del diálogo entre Washington y Caracas, se negociaba un relajamiento, ni un medio asomó la posibilidad de que, en esencia, se tratara de una suspensión temporal de las sanciones petroleras.
La administración Biden reconoce que la decisión obedece a sus propias necesidades energéticas y a la grave crisis en la frontera de Estados Unidos, adonde llegan cada mes decenas de miles de migrantes, muchos de ellos venezolanos. Pero también dice que un objetivo central es presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que realice en 2024 unas elecciones presidenciales más libres y justas. Biden asegura que quiere ayudar a Venezuela a recuperar su democracia.
El problema es que, si esa es realmente una meta, la Casa Blanca ha procedido de una manera que reduce el poder de las sanciones como instrumento de negociación. Estados Unidos ha hecho a Maduro concesiones importantes difíciles de revertir, a cambio de promesas vacías que la dictadura no suele cumplir y, peor aún, ya está incumpliendo.
La Casa Blanca avizora una serie de ventajas en el levantamiento. La principal es que las sanciones no han logrado forzar una transición. Se puede decir que en algún momento pusieron a la dictadura bajo una enorme presión, pero lo cierto es que Maduro logró sobrevivir esta política y estabilizarse en el poder. ¿Por qué no probar algo nuevo?
Biden también cree que el giro es necesario para encarar desafíos energéticos y migratorios, temas que podrían complicar su reelección el próximo año. En el primer caso, el levantamiento beneficia a las refinerías del Golfo de Estados Unidos que se alimentan de crudos pesados como el venezolano y podría ayudar en algo a reducir los riesgos crecientes del mercado petrolero. Aunque sea improbable que Venezuela aumente su producción lo suficiente para impactar la oferta mundial y los precios, el cálculo es que con los recortes de producción de la OPEP y los conflictos entre Rusia y Ucrania y ahora Israel y Gaza, no es malo restablecer el comercio con un importante productor de la región.
En la estimación de Biden, el levantamiento también podría mitigar el flujo de migrantes de Venezuela en la frontera. La Casa Blanca sabe que Maduro es el principal culpable de la catástrofe política y económica que provocó la ola migratoria, pero cree que las sanciones no ayudan. Así Biden sobrestime el efecto de éstas sobre la migración a Estados Unidos, se puede entender su reacción en el contexto de la crisis fronteriza y su reelección en 2024. Solo en septiembre la cifra de venezolanos detenidos allí superó los 50.000. En septiembre Venezuela ocupó por primera vez el primer lugar en número de detenciones.
Estados Unidos tiene razones para reconsiderar su política hacia Venezuela. Mi crítica, sin embargo, no se refiere a este cuestionamiento, sino a otro factor: las sanciones son la mejor palanca disponible para presionar a la dictadura y, si la meta es levantarlas, se debería proceder de un modo que no disminuya su poder.
Es inusual que un país restituya sanciones de esta magnitud después de eliminarlas. Estas no son como los interruptores que se utilizan para encender y apagar un bombillo. Deshacerse de ellas genera corrientes poderosas que son difíciles de contener.
Biden condicionó el levantamiento a la habilitación de todos los candidatos opositores y la liberación de presos políticos. Advirtió que, si a finales de noviembre no ha habido avances en esta materia, tomará pasos para revertirlo. Pero la Casa Blanca ha dejado claro que no le gustan las sanciones petroleras y que, si la dictadura no cumple, la restitución podría ser parcial. Y esto reduce su leverage para negociar. Maduro no solo está consciente de que el levantamiento es difícil de revertir, también sabe que Estados Unidos no quiere restablecer las sanciones o podría reponer solo algunas. Incluso con una restitución parcial, Maduro quedaría en una mejor posición que antes del acuerdo, lo cual debilita los incentivos para que ceda en las negociaciones.
Es decir, se puede apoyar la revaluación de las sanciones y creer al mismo tiempo que Biden actuó con torpeza. Al anunciar un levantamiento difícil de revertir y revelar que podría restablecer sólo una parte de las restricciones porque considera ineficaz esta política, la Casa Blanca disminuyó el poder de las sanciones para presionar al régimen y crear divisiones dentro de éste que beneficien la ruta electoral. Si la amenaza de restitución no es creíble, los chavistas interesados en el levantamiento no tendrán buenos argumentos para convencer a los desinteresados de hacer concesiones importantes.
Las acciones de Maduro parecieran confirmar este error. A cambio de levantar sanciones, la dictadura aceptó entre otras cosas respetar las primarias opositoras. Esta concesión era una prueba casi inmediata de la disposición del Gobierno a cumplir sus promesas. ¿Respetó Maduro este compromiso? El día de las elecciones la dictadura prohibió a los medios televisivos y radiofónicos cubrir el proceso. Esa misma noche la Comisión Nacional de Primaria denunció el bloqueo del servidor para la totalización de resultados. Y unos días después la Fiscalía anunció una investigación contra la comisión y el Tribunal Supremo suspendió «los efectos» de las primarias, ratificando de paso la inhabilitación de la ganadora, María Corina Machado. Maduro no pareciera temer una restitución de sanciones.
Algunas medidas son más fáciles de entender si uno asume que sus autores no ven una oportunidad de cambio en Venezuela. El principal valor de las sanciones es su poder para presionar al gobierno. Imaginemos que la Casa Blanca no ve posible una transición en 2024 y piensa que el incentivo de levantar restricciones no será suficiente para abrir un espacio real de competitividad electoral. ¿No sería racional que Biden, al dar la democracia por perdida en Venezuela, priorizara los intereses energéticos y migratorios de Estados Unidos? ¿No sería entendible que diera más importancia a su propia reelección, considerando el peligro mundial que representa una segunda presidencia de Donald Trump?
El secretario de Estado, Antony Blinken, asegura que este no es el caso y que Maduro no recibirá una «carta blanca» —beneficios petroleros a cambio de nada—. Pronto sabremos hasta qué punto eso es cierto.
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