El año 2024 se inició con representativas protestas laborales: el 9 de enero con una exitosa jornada nacional de movilizaciones realizada en 20 estados del país y una semana después, el 15 de enero, con la protesta de los educadores en todo el país exigiendo contrato colectivo, clamor que es extensivo a los diferentes sectores de trabajadores activos del sector público y a los 5,5 millones de pensionados y jubilados.
Por otra parte, para el año 2023 el Observatorio de Conflictividad Laboral del Inaesin resume que los trabajadores, especialmente del sector público, vieron frustradas sus aspiraciones a mejoras salariales para enfrentar el alto costo de vida. Así lo informó la organización mediante un comunicado de prensa. “Sueldos de hambre” y “salarios de miseria” se leyeron en manifestaciones, predominando los reclamos de Educación y Salud.
Los conflictos del sector público representaron al menos 90% del total. Distrito Capital y Bolívar concentraron la mayoría, con 26,09% y 17,39% respectivamente. En diciembre, de 46 casos 93,48% fueron de empleados públicos y los maestros participaron en 36,96%. Los sindicatos estuvieron en 67,39% de las acciones. Exigencias de sueldos decentes, condiciones laborales y negociación colectiva motivaron protestas, no solo de docentes, sino de la población en general durante todo el año
Este contexto de conflictos sociolaborales ha tenido como respuesta el anuncio de Nicolás Maduro en su reciente Memoria y “Cuentos” presentada el 15 de enero de 2024 ante el Parlamento Nacional al indicar: “Establecimos un mecanismo de ingreso mínimo integral indexado y pasamos de un ingreso de 40 a 70 dólares. Eso fue hace nueve meses y he decidido subir a 100 dólares a partir del 1º de febrero”.
Su respuesta no es más que la intención «crear una ilusión» en los venezolanos, ya que no hubo aumento de salario, al permanecer por segundo año consecutivo en 132 bolívares, equivalente hoy a 3,6 dólares mensuales. Por cierto, el salario más bajo del planeta y por supuesto a la cola de los salarios que devengan los trabajadores en América Latina cuyos montos oscilan entre 200 y 500 dólares mensuales.
La manipulación de Maduro consiste en presentar el ingreso como salario, cuando en realidad son solo bonos (de guerra a 60 dólares y cestaticket a 40 dólares), al significar esas bonificaciones solo una «transferencia» que hace Maduro a sus trabajadores públicos, mediante el carnet de la patria.
Estos bonos no los reciben todos los trabajadores, ni son regulares, ni forman parte de las prestaciones sociales. Por lo tanto, no hubo aumento, el salario en Venezuela sigue siendo 3,6 dólares al mes, es excluyente no se aplica a todos los trabajadores, por ejemplo, los pensionados no cobran cestaticket y la periodicidad del bono de guerra es discrecional como otorgamiento de “gracia presidencial”.
Al mismo tiempo, es una medida regresiva e ilegal. Regresiva porque se aplica por igual con el bono sin respetar la meritocracia laboral, independientemente de la jerarquía en los cargos o eficiencia en el trabajo, lo devengan todos por igual y por otra parte es ilegal al no ser considerado para el cálculo de los beneficios laborales, utilidades, vacaciones, horas extras, etc., tal como lo establece la Constitución y demás leyes laborales.
Como vemos, la distancia es sideral en cuanto a la capacidad adquisitiva de la familia venezolana de 5 personas, quien necesitaría 155,5 salarios mínimos para acceder a la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo valor en diciembre fue de 531,95 dólares, según estimaciones difundidas este lunes por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
En resumidas cuentas, ¿qué refleja semejante imposición del mandatario nacional? El fracaso rotundo del Foro de Diálogo Social convocado por la OIT, instancia surgida como resultado de la Comisión de Encuesta designada por el organismo tripartito mundial para Venezuela en 2019, que determinó la realización de sendas reuniones, 2 en 2022 y una a inicios de 2023, pues la de octubre pasado fue boicoteada por el propio gobierno utilizando a sus comisarios de la Central Bolivariana de Trabajadores.
Todos estos eventos contaron con la presencia de una delegación de alto nivel de la OIT, de Fedecámaras, del gobierno nacional y de tres centrales obreras (CTV, ASI, CGT) para abordar y garantizar la aplicación de los convenios laborales de la OIT, 26 de salarios mínimos, 87 sobre libertad sindical y 144 acerca de reuniones tripartitas, todos violados por el gobierno durante el siglo XXI.
Es de hacer notar que en las diferentes reuniones del Foro Social en Venezuela se firmaron acuerdos, numerosas comisiones, con respectivos informes orientados a restablecer el trabajo digno y el diálogo social.
Toda una parafernalia que ha tenido hoy como respuesta el desaguisado y unilateral anuncio de Maduro, cuyo contenido evade las aspiraciones de los trabajadores venezolanos. Este nuevo atropello requiere una respuesta urgente de las partes componentes participantes en el mencionado Foro Social, al estar obligados a responderle al mundo del trabajo sobre el destino de sus propuestas. De lo contrario será un rotundo fracaso y una oportunidad perdida para recuperar la dignidad de los trabajadores venezolanos.